Economías alternativas y crisis sociales.
Consideraciones en torno a la emergencia de
“otras economías” durante contextos inestables en la provincia de San Juan
Alternative economies and social crises. Considerations about the
emergence of «other economies» during unstable contexts in the province of San Juan
Flavia Cecilia Prado *
María Gabriela Lirussi**
Fecha de recepción: 14 de noviembre de 2022 Fecha de aceptación: 30 de noviembre de 2022
Resumen
En términos generales, referirse a la economía social – o popular – implica entenderla como el resultado de la desestructuración neoliberal del mundo del trabajo asalariado. En el presente artículo se pretende analizar el modo en el cual los contextos de crisis (específicamente la crisis del 2001 y 2019) afectan y hacen (re) surgir las llamadas ‘economías populares o economía social’. En este sentido, la pregunta rectora sería, en los momentos de crisis ¿los sectores sociales excluidos, buscan alternativas laborales autogestionadas? ¿Cuáles son las alternativas que emergen desde los propios actores sociales, para atravesar las crisis en San Juan? Los hallazgos principales indican que las crisis del modelo de desarrollo neoliberal, revitalizan y/o da origen a organizaciones productivas que no pertenecen al sector privado tradicional ni al sector público. La metodología utilizada en este artículo es de relevamiento bibliográfico y discusión teórica.
Palabras clave
Economía social, Sociología del trabajo, Crisis, Pandemia.
Keywords
Social Economy, Sociology of work, Crisis, Pandemic.
Abstract
In general terms, referring to the social – or popular – economy implies un
This article aims to analyze the way in which the contexts of crisis (specifically the crisis of 2001 and 2019) affect and (re)emerge the socalled ‘popular economies or social economy’. In this sense, the guiding question would be, in times of crisis, do the excluded social sectors, look for self-managed labor alternatives? What are the alternatives that emerge from the social actors themselves, to go through the crises in San Juan? The main findings indicate that the crises of the neoliberal development model revitalize and/or give rise to productive organizations that do not belong to the traditional private sector or the public sector. The methodology used in this article is based on a bibliographic survey and theoretical discussion.
Introducción
El término otras economías refiere a la posibilidad de desarrollar una socioeconomía, en la cual los agentes económicos no son separados de sus identidades sociales, de su historia y de su inserción en la cultura. Esta economía produce sociedad y no sólo utilidades económicas, genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores y grupos sociales de sus comunidades – generalmente de base territorial, étnica, social o cultural –, esencialmente no está orientado por la ganancia y la acumulación de capital sin límites.
Las formas laborales inmersas en estas economías, se configuran como alternativas y representan la inclusión de las masas – en su mayoría urbanas –, frente a la profundización de regímenes laborales predominantemente flexibles y desprotegidos al interior de ese esquema global. Estas aparecen como una experiencia de los barrios periféricos de las ciudades latinoamericanas o del llamado Sur Global.
Varios autores (Elgue, 2006; Nuñez, 2014; Coraggio, 2020) coinciden en destacar la importancia que tienen las diversas estrategias de supervivencia que generan los propios actores sociales. Para ellos, hay una economía alternativa, compuesta por trabajadores-productores y cuya finalidad no es la satisfacción de las necesidades de capital, sino las necesidades integrales. Particularmente, en contextos de crisis y guiadas por la idea del trabajo como mecanismo de integración social, se revitalizan o comienzan a surgir propuestas “desde la sociedad” que intentan achicar la brecha del desempleo y, a la vez, avanzar hacia una estructura social cohesionada por vínculos de solidaridad.
Siguiendo a José Luis Coraggio (2012), toda economía está compuesta por tres formas de organizar los procesos económicos: (a) el empresarial capitalista privado, (b) el estatal o público, (c) el de la economía popular o social. En este sentido, el Trabajo, el Capital y el Estado son los espacios de los tres sectores que interactúan en un sistema económico nacional, abierto a las relaciones con actores de otras economías existentes en otros Estados y Sociedades, en campos de fuerzas no separados de la política y los colectivos sociales.
En el presente artículo se pretende comprender, a la luz de dos marcos teóricos específicos, cómo los momentos de crisis hacen resurgir las economías alternativas. Para ello, se propone visitar los marcos conceptuales de la Economía Social y la Sociología del Trabajo, como antesala que permita vislumbrar los impactos de las crisis nacionales en el mundo del trabajo. En este sentido, el relevamiento bibliográfico y la discusión teórica, constituyen un instrumento indispensable para este artículo. Apartir de ello, se avanza en una descripción sobre las principales estrategias de supervivencia que las y los actores emplean en contextos de crisis.
Ahora bien, el carácter sociológico y político de los procesos aquí estudiados impone la necesidad de abrir el dialogo hacia la perspectiva de la Economía Social y la Sociología del Trabajo (De La Garza Toledo 2000; Castillo 2010), perspectivas que analizan los aspectos técnicos y sociohistóricos del trabajo y brinda importancia al actor social. En el siguiente apartado, se explicitan ambas perspectivas teóricas.
Marco referencial del fenómeno: la Economía Social y la Sociología del Trabajo
Para comprender los efectos que las crisis tienen sobre las economías alternativas, es oportuno pensarlo desde un doble abordaje: la Economía Social y la Sociología del Trabajo. La Economía Social involucra una forma ética, recíproca y solidaria de consumir, producir, intercambiar, financiar, participar, enseñar y desenvolverse; que promueve un modo de pensar y de vivir bajo un accionar diferente al de la lógica capitalista y se orienta más a la satisfacción de necesidades que a la obtención de ganancias. (Coraggio, 2012)
Di Tella, et al (2008) contribuye en este sentido, esbozando que el término Economía Social no implica que lo social sea un mero agregado a la definición clásica de economía, entendida como “…la ciencia que analiza el comportamiento humano como la relación entre unos fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos…” (Di Tella et al., 2008: 208). En sintonía, Luis Razeto (1993) propone hablar de una Economía de Solidaridad, entendiéndola como un suceso que existe debido a la acción de personas y grupos que intentan buscar nuevas formas de hacer y de trabajar. Planteando así, la necesidad de introducir la solidaridad como un valor fundacional tanto en la teoría como en la práctica de la economía. Para lograr esto, la solidaridad debe ser parte intrínseca de la economía misma, operar y actuar en las diversas fases del ciclo económico; o sea, en la producción, circulación, consumo y acumulación. Ello implica producir, distribuir, consumir, acumular y desarrollar con solidaridad. Ala vez postula que se introduzca y surja, como categoría analítica en la teoría económica; superando su ausencia notoria, en una disciplina en la cual el concepto de solidaridad, pareciera no encajar adecuadamente.
El interés personal y el lucro privado no son los únicos motores de la organización económica, pues es posible desarrollar formas solidarias, sustentadas en el trabajo de los beneficiarios e inseparables de la cultura. Entonces, la Economía Social se configura como un espacio de acción orientado no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales, sino por familias, comunidades y colectivos de diverso tipo. Ellos se mueven entre la utilidad material y los valores de solidaridad y cooperación, limitando la competencia, poniendo límites al mercado capitalista y, si es posible, construyendo mercados en los cuales las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de todos los actores, mediante su esfuerzo; alcanzando resultados (precios/costos) que serán distribuidos de manera más igualitaria.
Es necesario que la solidaridad sea tanta, que llegue a transformar desde adentro y estructuralmente el curso de la economía, generando un nuevo modo de hacerla, una nueva racionalidad económica y también nuevos equilibrios entre actores.
…Como la economía tiene tantos aspectos y dimensiones y está constituida por tantos sujetos, procesos y actividades, y como la solidaridad tiene tantas maneras de manifestarse, la economía de solidaridad no será un modo definido y único de organizar actividades y unidades económicas. Por el contrario, muchas y muy variadas serán las formas y modos de esta economía. Se tratará de poner más solidaridad en las empresas, en el mercado, en el sector público, en las políticas económicas, en el gasto social y personal… (Razeto, 1993: 6).
Siguiendo la perspectiva de Coraggio (2002), la Economía Social es intergeneracional, ya que no es posible pensar una economía que satisface sólo las necesidades de las personas hoy, sino que tiene que atender también a las futuras generaciones. Esta alternativa económica pretende superar la opción entre el Mercado capitalista y el Estado central, planificador y regulador de la economía. Se trata de desarrollar una socioeconomía que solidifique la relación de los diversos agentes económicos con el Estado y se incremente su alcance social. La expansión de la Economía Social debe ser asumida como un espacio de economía alternativa, parte integral de un marco estratégico de acción, para un amplio espectro de los ciudadanos y sus organizaciones.
Vale puntualizar que la Economía Social, al reconocer las graves consecuencias que el modelo económico dominante produjo en la sociedad, propone el impulso de modelos económicos alternativos al capitalismo, basados en los siguientes principios:
1. El objetivo fundamental de la economía ha de ser la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad en su totalidad, eliminando por tanto la pobreza y marginación, aumentando paulatinamente el bienestar de todos.
2.Todas las actividades económicas que se lleven a cabo con ese objetivo han de ser ecológica y socialmente sostenibles, autóctonas y autónomas; igualitarias y no discriminatorias y sujetas a las decisiones políticas de la comunidad.
Evidentemente, la organización de una economía con estas características tiene también primordiales requisitos con respecto a la estructura política, organizativa y participativa de una comunidad. Es conveniente que dicha estructura esté fundada en principios de participación igualitaria y democrática y que goce de cierta autonomía. Por otra parte, la eliminación de la pobreza no consiste solamente en permitir que las comunidades o países más pobres satisfagan sus necesidades básicas, supone también reducir las diferencias entre distintos colectivos al interior de una misma sociedad o país y entre las distintas sociedades o países. Para alcanzar esto, es necesario poner en marcha un proceso dinámico de ampliación de capacidades locales para alcanzar una sostenida mejora intergeneracional de la calidad de vida de todos los actores (Elgue, 2006)
En síntesis, el modo de producción vigente en las sociedades Latinoamericanas, y particularmente en Argentina, implica una desigual competencia entre diversas unidades económicas, entre ellas: empresas netamente capitalistas orientadas al intercambio en el Mercado, que desarrollan determinadas modalidades productivas (formas de trabajo) generadas desde el Estado para abastecer la propia subsistencia y aquellas fundadas en el marco o principios de la economía social.
Es, en contraposición a la economía de mercado y ante una economía estatal, que no logra resolver las tramas estructurales del capitalismo, que surge con fuerza y desde la misma base de la economía popular, lo que Boaventura de Sousa Santos caracteriza como formas `alternativas´ de la economía. Ellas son
…iniciativas que crean espacios económicos en que predominan los principios de igualdad, solidaridad o respeto a la naturaleza (todos opuestos a los principios del capitalismo) y que, sin pretender sustituir al capitalismo de una vez, procuran hacer más incómoda su reproducción y hegemonía, con efectos de alto contenido emancipador… (de Sousa Santos, 2011: 27).
Se destacan, en este sentido, los trabajos de Ruggeri (2014), quien desde el Programa Facultad Abierta editó una trilogía de libros sobre la Economía de los Trabajadores; aseverando que el trabajo informal y la precariedad global del trabajo, son los elementos que impulsan el surgimiento de los movimientos sindicales y sociales. Rodríguez Llona y Vidal Molina (2013) analizan las transformaciones del mundo del trabajo en tiempos de precariedad y resistencia, donde la flexibilización emerge y genera reestructuración productiva y nuevas formas de organizar el trabajo. Justamente, allí es donde entra en escena la economía social o popular y su correlato, la autogestión. Ambos son elementos inseparables donde una impulsa a la otra y ambas constituyen desafíos para conformar nuevas manifestaciones del trabajo.
Siguiendo a varios especialistas (Ruggeri 2020; Rebón y Salgado 2009; Di Tella 2008; Hudson 2007, Fajn 2004) la autogestión es considerada una modalidad altamente participativa, en la que se transfiere el poder del empresario a los trabajadores. Se trata de un sistema de autogobierno de las empresas, en virtud del cual se delega la facultad de formular y adoptar decisiones a instancias compuestas por representantes del personal y designados por ellos mismos.
Desde la Sociología del Trabajo, Castillo y Agullo enuncian que “…el trabajo es el conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de determinado objeto” (2012: 126). Junto con el surgimiento de la división social del trabajo, se incluye el diseño, fabricación y venta de un producto material o inmaterial y bajo diferentes modalidades: asalariado o no; subcontratado o no; formal o informal; pagado o no pagado, productivo o reproductivo. En este artículo no se considera al trabajo como un mero acto técnico, sino que siguiendo a De La Garza Toledo (2000), asume un contenido multidimensional, que tiene diversos determinantes históricos y sociales. Recurriendo a la caracterización formulada por Ray Pahl (1991), esta propuesta incluye todas las formas de trabajo y actividad, tratando de superar así las limitaciones que se plantean al concebir al trabajo en términos restrictivos como sinónimo de empleo (formalmente asalariado).
Se considera que el enfoque latinoamericano de la Sociología del Trabajo es el más adecuado para comprender la realidad argentina. Siguiendo a Abramo y Montero (2000), este enfoque implica una perspectiva de cambio social, donde el núcleo de interés es el actor sindical y el sujeto obrero colectivo. Como resultado del ajuste estructural sucedido en la historia de la nación, los actores colectivos resultaron debilitados, desplazándose el análisis sociológico hacia el estudio de las economías (y las sociedades) nacionales en proceso de adaptación a los nuevos patrones internacionales de competitividad y a los nuevos modelos de empresa de allí derivados. En ese contexto surgió un nuevo e importante desafío para las Ciencias Sociales: la necesidad de recuperar una mirada propiamente sociológica sobre los procesos en curso; en particular, en lo referido a los temas de la reestructuración productiva y sus impactos sobre el trabajo y el empleo. Este enfoque se centra en el estudio de espacios locales y regionales, sin descuidar los espacios del comercio internacional. Asimismo, se encuentra influenciado por la filosofía constructivista y un renovado interés por la subjetividad y formación de identidades. En síntesis, la sociología del trabajo aporta la comprensión de las relaciones entre la sociedad, el trabajo y la empresa; configurando un espacio de interés para los diferentes actores involucrados.
Reflexiones en torno a la heterogeneidad de los procesos económicos
Como ya se mencionó, existe un amplio abanico de sistemas económicos que pueden comprenderse teniendo en cuenta la propiedad de los medios de producción y el modo de distribución de la misma: el sistema capitalista privado, el estatal o público, el sistema mixto y el de la economía popular o social. En primera instancia, la riqueza de la economía empresarial capitalista reside en el valor de cambio, restándole relevancia al crecimiento, en desmedro de los valores de uso y de los recursos no renovables. Está centrada en la lógica de la acumulación privada ilimitada: “…acumular capital, ganar sin límite y para ello competir y ganar, y para lograrlo, aplicar la racionalidad instrumental…” (Coraggio, 2012: 7). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Mercado es una institución más que debe ser regulada, dado que puede tener consecuencias socialmente nefastas: polarización de la riqueza, del ingreso y las desigualdades que se basan en el ejercicio de un poder particular, altamente concentrado, económico, ideológico y militar.
La economía estatal, por su parte, es la responsable de la administración pública y generación de las políticas públicas, particularmente de aquellas acciones que están vinculadas a los gastos y egresos públicos de las funciones indelegables: salud, educación, hábitat (vivienda), medioambiente e infraestructura (energía, agua, saneamiento). Su preocupación fundamental debiera consistir en asegurar la gobernabilidad del sistema y acumular poder a fin de lograr el bien común. “La persistencia de crisis económicas, pobreza y grandes desigualdades en la distribución del ingreso demuestran que no existe una asignación satisfactoria de los recursos del Estado que dé como resultado un crecimiento y equitativa redistribución de la renta y la riqueza” (Gudiño, 2015: 21). El Estado, a través de su aparato institucional, diseña y ejecuta una serie de acciones y políticas. Pero las políticas públicas no son solo el resultado de procesos técnicos e institucionales de planificación y gestión propios del campo estatal, sino también de las transformaciones sociales, económicas y políticas. Es decir, el Estado es también resultado o expresión de un determinado patrón de organización económica (por lo menos en términos hegemónicos) y es una “arena de conflicto político” menciona Oszlak (1980, 2000).
En cuanto al segmento emergente de la Economía Social o popular, tiene como base de la organización económica a los trabajadores, las trabajadoras, sus familias, hogares y las comunidades. Se caracteriza especialmente por su fluidez y constante devenir en el mercado de trabajo mediante la multiplicación de emprendimientos, cooperativas, asociaciones y mutuales. “…Su acumulación es a niveles elementales, como inversión inmediata para los emprendimientos, o en la vivienda y sus instalaciones (esta acumulación no es de capital, sino de formas de la riqueza para su uso). Su sentido es la reproducción biológica y social de sus miembros…” (Coraggio, 2012: 8). Consecuentemente, la Economía Social implica la organización asociada y cooperativa de la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, en base a la resolución de las necesidades y en busca de mejores condiciones de vida para la ciudadanía. En este sentido, el Estado puede participar de estos procesos. La experiencia argentina de las últimas dos décadas nos muestra que se crearon marcos institucionales estatales y políticas públicas que se orientaron al reconocimiento de otras formas de trabajo y de economías no capitalistas ni asalariadas.
Por lo dicho, la economía actual – en la cual se desenvuelven esas nuevas formas productivas – asume un carácter mixto, e incluye una pluralidad de maneras de organización económica: las diversas formas de organización de la Economía Social (redes, cooperativas, mutuales y asociaciones, comunidades, etc.), las empresas y cadenas del sector privado y las entidades económicas estatales. Cada una de estas tres instancias imperantes en el dominio de la economía están regidas por lógicas intrínsecas muy distintas: la reproducción ampliada de la vida, la acumulación de capital y el establecimiento del bien común en el conjunto social, respectivamente. Esta economía mixta, donde las experiencias de economía social son relativamente recientes, ha venido reproduciendo y ampliando una altísima desigualdad originada en la distribución de la riqueza, del ingreso y de las condiciones de vida; con un componente insuficiente de redistribución compensatoria por parte del Estado y grados variables de intercambio que varían con la cultura de cada territorio.
En el siguiente apartado se hará referencia a dos de las últimas y principales crisis (económicas, políticas y sociales) que Argentina ha atravesado, dada la relevancia que tienen en cuanto a las consecuencias y repercusiones en el mundo del trabajo. Concretamente, se analiza la crisis del año 2001 (institucional y estructural) y la comenzada durante la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri, que fue acentuada por la situación de pandemia por coronavirus.
Impactos de las crisis nacionales en el mundo del trabajo
La crisis del año 2001 en Argentina fue resultado de lo que Ruffa y otros (2005:14) denominan proceso de despojo, desalojo y exclusión de amplios sectores de la población que se proletarizaron y pauperizaron dadas las políticas económicas establecidas durante el menemismo y La Alianza. La economía informal se había incrementado notablemente y con ello la precariedad e inestabilidad en el empleo, con gran desprotección especialmente en el campo de la salud y la educación. Además, según Rapoport (2013) se advirtió un acentuado deterioro del capital físico, desindustrialización de empresas locales y endeudamiento externo asfixiante, factores que aceleraron la caída del PBI observada desde 1999; aspectos que finalmente incitaron el derrumbe del sistema político.
El 24 de octubre de 1999 asumió el gobierno nacional “La Alianza”, coalición encabezada por Fernando De La Rúa (referente de la Unión Cívica Radical) y Chacho Álvarez (impulsado por un sector de centro-izquierda), sosteniendo la “Convertibilidad” como eje incuestionable del desarrollo económico. Siguiendo a Thwaites Rey, (2008: 78) “la gestión de la Alianza fue breve pero intensa: recesión económica, devaluación y deuda externa en crecimiento fueron algunas de las variables que signaron un difícil contexto, afrontado con políticas de ajuste fiscal”. En muy poco tiempo, el gobierno entró en un círculo vicioso en el que prácticamente aceptaba todas las sugerencias del FMI. Dicho organismo multilateral de crédito facilitó constantemente financiamiento externo, siendo el gobierno sometido a un monitoreo permanente. Paralelamente, se agudizaron los problemas estructurales de la economía nacional: se endeudó aún más al país y aplicaron una serie de medidas extremas como, por ejemplo, recortes salariales, cuando la economía entraba en recesión.
Corvalán (2010) ha señalado que la Alianza dejó de funcionar en muy poco tiempo como una coalición de gobierno, ya que De la Rúa se concentraba en un grupo de asesores de confianza (generando una suerte de aislamiento del campo político), al mismo tiempo que la coalición se verá debilitada por la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez. Esto sumado a la falta de decisión y fuerza política propia derivó en una pérdida de confianza de parte del grueso de la sociedad. Ante la falta de soluciones a los problemas económicos y los grandes disturbios sociales, De la Rúa debió renunciar, sin entender del todo el panorama crítico por el que atravesaba el país durante su gestión.
Desde el inicio de la gestión, el gobierno debió enfrentar tanto el persistente déficit fiscal provocado por el déficit creciente de la seguridad social y el pago de la deuda, como la recesión económica. El 2000 y 2001 fueron años complejos tanto en el aspecto político como económico, con un continuo recambio de ministros de economía tratando de lograr el apoyo externo y el disciplinamiento fiscal, sin lograr los resultados esperados. Intentando superar las dificultades, se incorpora al equipo de gestión a Domingo Cavallo, cuyas medidas agudizan la desconfianza de actores locales e internacionales desencadenando una espiral descendente. La salida de la convertibilidad sumada a la idea de reprogramar la deuda, generó la sensación de incapacidad del sistema bancario de hacer frente a los compromisos previos provocando un vuelco del público al retiro masivo del dinero depositado en los Bancos. Esta corrida bancaria terminará con una medida antipática y resistida por todos los sectores, “el corralito”, que consistía en el efectivo impedimento de retiro de dinero de los bancos.
“…Este no sólo incluía los ingresos, atesoramientos e inversiones de pequeños propietarios, sino también los salarios: la bancarización decretada anteriormente forzaba a realizar todas las transacciones económicas a través de los bancos…” (Carrera y Cotarelo, 2006: 29). A su vez, los empleados públicos percibían sus sueldos con atraso y parcialmente pagados en bonos provinciales, de igual modo que los desocupados, sus subsidios. Una situación similar fue sobrellevada por muchos asalariados privados, que recibieron sus salarios en pequeñas cuotas. Entonces, se produjo así el surgimiento de otras formas de pago y la circulación de diversos instrumentos que intentaban asemejarse al dinero como medio de cambio.
Las protestas de diciembre fueron, en lo inmediato, la respuesta al corralito, que recibió un repudio generalizado, no sólo de los “ahorristas de clase media”, sino también de organizaciones sindicales como la CTA, CGTy partidos de izquierda.
…La Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) convocó a un apagón de protesta, bocinazos y cacerolazos, mientras ambas CGT y la CTA declararon la huelga general para el 13, reclamando la libre disponibilidad de los salarios, 1 la restitución del sistema de asignaciones familiares y la renuncia de Cavallo… (Carrera y Cotarelo, 2006: 30).
Este fue el precedente de la crisis institucional y estructural de diciembre de 2001. En línea con la posición de Mabel Thwaites Rey (2008), es posible expresar que el colapso de la Convertibilidad puso de manifiesto los males gestados por las políticas neoliberales de la Argentina en los años ´90. El desmoronamiento de la totalidad de las variables políticas, sociales, económicas y culturales mostró la falacia de haber convertido a las privatizaciones y al libre mercado en elementos para estimular el crecimiento nacional. “La crisis económica, […], fue acompañada por una crisis política y un estallido social de enorme envergadura, el 19 y 20 de diciembre de 2001, que obligó a renunciar al presidente De la Rúa” (Rapoport, 2013: 447).
01, que obligó a renunciar al presidente De la Rúa” (Rapoport, 2013: 447). El resultado de estos dos días fue nefasto para la historia argentina: se contabilizaron treinta y nueve víctimas producto de la represión; múltiples saqueos, cacerolazos guiados por la consigna de que se vayan todos y diversas revueltas sociales callejeras, todas ellas bajo formas espontáneas reactivas y violentas. Los rasgos distintivos de esta etapa, podrán resumirse de la siguiente forma:
…desaparece la movilización de las fracciones sociales en tanto tales para constituirse una situación de masas; hay disposición al enfrentamiento por parte de las masas; y se concentran los instrumentos de lucha utilizados en todo el proceso de la rebelión… (Carrera y Cotarelo, 2006: 86).
Los años posteriores a la crisis mostraran un dinámico proceso de recuperación de la economía sostenido en una apuesta a la reindustrialización, especialmente en el sector automotriz y electrónico, cuyo impacto se vio en la caída del desempleo que trajo como consecuencia una reducción de los niveles de pobreza e indigencia. Al mismo tiempo el sector agroexportador se vio altamente beneficiado por el crecimiento de los precios internacionales de su producción y la incorporación de China como principal comprador de soja al mercado mundial. Desde la perspectiva política, desde fines de 2002 se asiste a una fuerte recuperación y fortalecimiento del Estado y a la implementación de políticas de inclusión social que crearon el clima propicio para que los las y los trabajadores de aquellas empresas quebradas, abandonadas o vaciadas como consecuencia de la crisis de 2001, pudieran rescatar las mismas y reiniciar los procesos productivos configurando una nueva figura minada “Empresas Recuperadas” (ERT).
Esta recuperación de la economía se mantuvo vigente hasta el 2008, momento en el cual aparece un fuerte conflicto interno con el campo que se conjuga con un cambio en el escenario internacional por la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. El cambio en las condiciones internas y externas afectará al conjunto de la economía provocando un aumento de la presión inflacionaria que se verá traducida en una caída del superávit de cuenta corriente y la caída del superávit fiscal que a fines de 2015 se terminará traduciendo en un crecimiento del déficit fiscal y la consolidación de un déficit de la Balanza de Pagos acompañada por la caída de reservas y la imposibilidad de resolver los grandes desequilibrios macroeconómicos. En síntesis, el ciclo de desarrollo con inclusión social iniciado en 2002 – 2003 será fuertemente cuestionado por la ciudadanía en las elecciones nacionales en 2015.
El triunfo de una alianza neoliberal fue el golpe de gracia para la situación económica y social argentina que vio agudizadas sus dificultades en términos sociales. El lema de campaña “recomponer la economía argentina” resguardaba intereses propios de sectores vinculados al mundo financiero, empresarial y agroexportador, entre otros. Si bien el sesgo de las primeras decisiones políticas respondía a un programa económico de ‘ajuste gradual’ subyace a las mismas, lineamientos propios del pensamiento neoliberal. Las decisiones se centraron en torno a la recuperación de sectores dominantes vinculados al capital financiero externo e interno, garantizando sus movimientos y la salida de los mismos. El resultado fue la “financiarizacion” de la economía sostenida en la apertura comercial y liberalización financiera y de capital.
El plan, que por momentos (2017) mostraba una recuperación de algunos indicadores tales como el PBI y la reducción de la tasa de inflación, no lograba alcanzar resultados significativos que pudieran incentivar las inversiones en los sectores dinámicos de la economía mejorando el empleo, las condiciones laborales. La tan esperada y nombrada “lluvia de inversiones” jamás llego, consolidando las dificultades y generando las condiciones favorables para que se agudice la naciente crisis cambiaria que trajo aparejada una continua devaluación de la moneda que solo tuvo freno con la implantación de restricciones a la comercialización de divisas. Este fue el fin del Gobierno de la alianza Cambiemos dando luz verde a un nuevo gobierno que, a decir de Manzanelli (2020), al breve andar se encontró con una superposición de crisis
…la situación actual es el resultado de dos crisis superpuestas de notable envergadura. La primera de ellas provocada por la modalidad que asumió el retorno de la valorización financiera durante el gobierno de Cambiemos (donde como fue señalado el PBI cayó el 4%) y la otra vinculada al profundo impacto de la pandemia actual que reconoce un piso de reducción del PBI de no menos del 6,5%.”(Manzanelli, Calvo, Basualdo; 2020: 3)
La alianza del Frente Todos debió tomar rápidamente medidas para hacer frente a la crisis resultante de la aplicación de las políticas neoliberales del anterior gobierno, destinando para ello 1,7 % del PBI (Manzanelli 2020) en la aplicación de las denominadas “primera generación de medidas” vinculadas a ciertas recomposiciones: del ingreso de los sectores más postergados (jubilados, pensionados, AUH), salarial anticipada a las negociaciones colectivas en cada sector, doble indemnización por despido, congelamiento de tarifas de servicios públicos, programas específicos para atención de los sectores vulnerables y más desprotegidos, como es el caso del Programa Alimentar.
Economías alternativas y pandemia: crisis económica, social y sanitaria
Mientras el flamante gobierno, presidido por Alberto Fernández intentaba controlar la crisis, el resto del mundo se enfrentaba una de las pandemias más virulentas y profundas del siglo. En este marco, el gobierno debió conjugar medidas para paliar la crisis interna con medidas tanto económicas como sanitarias para afrontar la pandemia. En efecto, asistimos a una pandemia asociada a una profunda crisis financiera y económica. La pandemia del COVID-19 que acentuaba aún más las desigualdades ya existentes y que afectó especialmente a los sectores populares. Los impactos en la economía argentina (profundamente herida por las políticas neoliberales aplicadas en el gobierno de Macri) son altamente significativos.
Sus consecuencias sobre el conjunto de las actividades económicas son notorias, como lo demuestran los indicadores de caída del PBI, aumento de la pobreza y el desempleo o el descenso de la actividad productiva, entre otros, provocando la necesidad de responder mediante distintas herramientas de política pública para sostener a las unidades productivas y las fuentes de trabajo, así como brindar ingresos mínimos y asistencia a los sectores más desprotegidos de la población (Ruggeri, 2020).
Argentina enfrenta el desafío de sobrellevar una pandemia en un contexto de desigualdades sociales y carencias estructurales de larga data. Sin lugar a dudas, desde 2016 presenciamos un escenario en el cual transcurre una trascendental crisis socioeconómica, bastante compleja, con altos índices de inflación, aumento constante de los precios de la canasta básica alimentaria, subas de tarifas y servicios y la disolución de importantes Ministerios de Gobierno (entre ellos el de Trabajo, Salud, Ciencia y Técnica). Asimismo, la corrida cambiaria que el gobierno de Macri no consiguió frenar y el acudir al rescate del FMI paralizan la actividad económica productiva. Al eliminar los controles cambiarios (el “cepo”) habilitaron la compra de divisas sin límite y la fuga de capitales, al suprimir las retenciones desfinanciaron al Estado y dolarizaron los precios internos; al dolarizar los costos de la energía para el mercado interno echaron una lápida sobre la producción con los costos de los servicios energéticos.
A comienzos del año 2020, en el país se declaró la cuarentena obligatoria, que resultó en un confinamiento de los habitantes. Según las disposiciones del poder Ejecutivo, se establecieron una serie de medidas a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para hacer frente a la emergencia sanitaria: el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) según Resolución General 41/2020; y el Distanciamientos Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), a través de DNU 493/2020. Sin lugar a dudas, la interrupción de las actividades económicas dejó y deja sus consecuencias. Según Vasconcelos (2020: 136) “por el lado de la oferta, las empresas terminarán esta crisis con pocos recursos en efectivo, obligándolos a revisar los proyectos de inversión. Otros, debilitados financieramente, pero con buenos activos, serán objetivos para el proceso de concentración del mercado que debería ocurrir en varios sectores de la economía”. Los más frágiles desaparecerán. Por el lado de la demanda, la tendencia es aumentar el endeudamiento promedio y el empobrecimiento de las familias.
Entonces, el escenario socio-económico a partir de la crisis COVID-19 presentaba las siguientes características: exclusión de la fuerza de trabajo, informalidad económica, marginalidad social, desigualdad distributiva, estrategias y trayectorias laborales y productivas y movilidad social. La nueva situación generada por el COVID representa una profundización de los problemas tanto estructurales como heredados y un punto de inflexión en la dinámica socio-ocupacional, en tanto se produce en un régimen social de acumulación atravesado por heterogeneidades estructurales persistentes en materia productiva y de modelos político-econó-micos.
La situación de la Economía Social antes de la pandemia ya era bastante delicada, pues las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos la habían convertido en una de las victimas del sistema. Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), hay un dato que es elocuente. Si analizamos la cantidad de cooperativas entre el 2015 y el 2020 vemos que fueron tantas cancelaciones de matrículas, que pasaron de veinte mil a diez mil quincenas. Una reducción a la mitad; que muestra a un sector muy precarizado, que nunca se lo vio como motor de la economía ni se valoraron sus principios solidarios; de hecho, se la quiso apartar de sectores como la provisión de la energía, la producción de alimentos. En esas visiones es tan profunda la convicción sobre las bondades de la competencia capitalista tradicional que se menosprecia cualquier otra forma de asociatividad.
Ahora bien, ¿qué sucedió con las organizaciones de la Economía Social durante la pandemia? Según Deux Marzi, Hintze y Vazquez (2020) dentro del contexto de pandemia, se fueron desarrollando diferentes estrategias para seguir produciendo, comercializando y manteniendo la actividad, a pesar de las dificultades para mantenerse. “Algunas actividades pudieron continuar su trabajo desde los hogares de cada trabajador/a, pero esto implicó un gran esfuerzo de reorganización familiar, superponiendo las actividades productivas con las reproductivas. Entre los principales problemas que surgieron – o se agravaron – se puede mencionar: la caída en la demanda, la interrupción de la cadena de pagos, la imposibilidad de afrontar los elevados costos de las tarifas de los servicios públicos, el aumento de precios en los insumos importados o dolarizados, la restricción de la circulación que redujeron las posibilidades del trabajo en la calle, etc.
La Economía social está preparada y cuenta con el potencial para dar un salto de supervivencia. Muestra de ello son los años de resilencia a las crisis mencionadas en este artículo. Sin embargo, esto debe ser complementado con una serie de medidas tendientes a simplificar la creación de nuevos emprendimientos, la registración de los ya existentes, al acceso al financiamiento y a la asistencia técnica.
La economía social en contexto: las experiencias en San Juan
Son escasos los estudios realizados sobre la economía social en la provincia de San Juan. A modo de antecedente, se destacan los trabajos de Nievas, Andrieu, Ruarte y Lucero (2021), Campi (2017), Prado (2020, 2020a), entre otros. Por ello, resulta relevante conocer cuáles son las expresiones de la economía social en la provincia. José Luis Coraggio (1999) realizó un valioso análisis sobre el panorama de algunas formas de subsistencia que generaron los sectores más empobrecidos. El primer ejemplo fue la “Red Global de Trueque”. Dicha experiencia empezó en Argentina en el año 1995, planteada como un sistema complementario al del mercado. La mayoría de los bienes y servicios intercambiados a través del trueque requerían insumos que, en gran parte, debían ser adquiridos en el mercado formal.
En la provincia de San Juan y para los fines de este trabajo, se toma como el antecedente inicial la experiencia de la Red de Trueque sanjuanina. Los socios de la Red se reunían semanalmente en distintos “nodos” (asociaciones civiles, clubes deportivos barriales, uniones vecinales, etc.) e intercambiaban bienes y servicios. Dicho intercambio se sustenta en la idea del prosumidor, es decir un consumidor que también es productor. Una de las características de la Red es la creación de una moneda social; es decir, los créditos. Los precios de los productos intercambiables estaban fijados en créditos y los productos no se intercambian uno a uno, sino a través de vales de “créditos”. A su ingreso, cada miembro de la red recibe una cantidad determinada de créditos, que luego va obteniendo a través de su propia producción. Estos vales no eran canjeables por dinero formal.
Otro modo de supervivencia fueron las “Ferias de verduras libres de agroquí3 micos y productos artesanales que tuvieron sus comienzos en Rosario, Santa Fe, como política pública municipal en el año 2002. El propósito de dichas ferias era promover un proceso de construcción de desarrollo endógeno, a partir de estrategias participativas y solidarias de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos. Vale mencionar que esa feria significó el comienzo de otras experiencias similares a lo largo del país – muchas aún vigentes –, y en San Juan se han denominado Ferias de Emprendedores de la Economía Social. Ellas generan actividades en los diecinueve departamentos de la provincia, siendo permanente el caso de la feria del Médano de Oro a partir de 2012, en el departamento Rawson. Allí, una vez organizados, los emprendedores crearon un espacio de intercambio donde ofrecer sus productos y/o servicios. En función de ello, el municipio dispuso fortalecer la feria por medio de la capacitación e incorporación de los emprendedores al monotributo social y estimular así sus espacios de comercialización.
Finalmente, las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) que
…surgieron en un contexto para los trabajadores muy adverso y por ello defensivo, basado en la resistencia ante la pérdida de los puestos de trabajo en condiciones de crisis generalizada, sin apoyo ni contención significativa por parte de los partidos políticos, sindicatos o programas estatales… (Ruggeri, 2014:15).
A partir del año 2001 surgieron las primeras recuperaciones de fábricas y empresas por parte de los y las trabajadoras en Argentina. Al percibirse desempleados y frente a un escenario político, económico y social altamente desfavorable, la autogestión de sus empresas se presentaba como una alternativa viable para mantener sus fuentes laborales.
…No fue la existencia previa de una conciencia crítica a la formación social el nutriente cultural central del proceso, aunque la misma existiera en varios de los cuadros políticos involucrados en el mismo, sino el desafío de “recuperar”, o evitar la destrucción de su identidad social como trabajadores estables… (Rebón y Salgado, 2009: 30)
De acuerdo al último relevamiento realizado por el “Programa Facultad Abierta” (2014) desarrollado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, existen sólo dos casos de ERT en San Juan: la cooperativa Hotel Termas Pismanta y el aserradero Santiago. Este último, se sitúa el Departamento Rawson, comprendido en el Gran San Juan. Según una nota periodística del Suplemento Verde de Diario de Cuyo (2003), la toma de la empresa sucedió luego del fallecimiento de su propietario en el año 2000. En efecto, tras el deceso la firma debió cerrar sus puertas. Si bien los trabajadores/as y la viuda del propietario tuvieron la posibilidad de vender las máquinas para cobrar las indemnizaciones, optaron por seguir el camino de la autogestión (previo acuerdo con la viuda del propietario), recuperar los clientes y hacer frente a diversas situaciones socio-económicas por la que atravesaba el país: corralito, inestabilidad social, crisis política y económica. Conformados en cooperativa de trabajo, los once socios se dedican desde entonces a fabricar con madera de álamo, cajones, listones y puntales para la construcción o carpintería domiciliaria.
El hotel Cacique Pismanta fue inaugurado en 1950, ubicado en el Departamento Iglesia y su mayor riqueza es contar con aguas termales en sus instalaciones. Según investigaciones previas (Prado, 2020) la crisis del año 2001 impactó fuertemente en la empresa, lo que generó varios meses de atraso en el pago de sueldo a los empleados. Esta situación fue el desencadenante de la toma del hotel por parte de los empleados, la fuga del concesionario y la posterior etapa de resistencia dentro del establecimiento. Sucedida la toma del establecimiento, el desafío para los y las trabajadores/as del Hotel Pismanta fue enfrentar el momento de la resistencia, para lo cual era necesario contar con un colectivo sólido y fortalecido; que permitiera sobrepasar el conflicto, triunfar ante las dificultades y constituirse como un conjunto capaz de romper con la autoimagen de asalariado. Así fue que las y los trabajadores se constituyeron como cooperativa de trabajadores y trabajadoras autogestionados/as y administradores del hotel Pismanta.
Reflexiones finales
Como ya fue mencionado, el objetivo de este artículo es comprender el modo en que los períodos de crisis hacen (re)surgir y afectan las economías alternativas, en clave socio-histórica. La Economía Social se distingue del sector privado (empresas con fines de lucro, basado en la acumulación o plusvalía) y del sector público (Estado). Es un enfoque económico identificado con una lógica popular y sistémica, cuya distinción elemental no pretende separar la lógica económica de la lógica social en el usual esquema: crecer para luego distribuir, sino que tiene como ejes centrales la cooperación, asociación y autogestión de los productores directos sobre bases sociales. Según este enfoque, inspirado por la perspectiva de la transformación social desde la periferia, otra sociedad y otra economía son posibles, deseables y necesarias.
La Economía social es multidimensional ya que abarca los componentes económicos, sociales, culturales, jurídicos y políticos. Estos componentes se hallan entrelazados y vinculados. En este sentido, la finalidad de este tipo de economías no es solo enfrentar la pobreza y la exclusión social, sino más bien organizar un nuevo actor social, que tiene identidad política, económica, social y que se identifica con el bien común.
Ahora bien, uno de los ejes de este artículo permite comprender que el desarrollo histórico de estas economías alternativas en nuestro país, conllevaron un cambio relativo en la mirada sobre su articulación con el mundo del trabajo. Si bien, generalmente se presentan como respuestas desesperadas frente a crisis económicas generalizadas, el enfoque de la Economía Social muestra que existen varios ejemplos de formas solidarias de organización que permanecen y perduran, y que en algunos sectores han sido institucionalizadas bajo ciertas políticas estatales.
Sin dudas, es posible vislumbrar varias similitudes entre las crisis del 2001 y la del 2015-2019 (presidencia de Mauricio Macri) para el sector de la Economía Social. En ambos periodos, se presentó un escenario bastante complejo, con altos índices de inflación, aumento constante de los precios de la canasta básica de alimentos, subas de tarifas y servicios. Como respuestas sociales, volvieron a emerger las manifestaciones populares: las marchas sociales reclamando al Gobierno y hasta algunos saqueos a grandes cadenas de supermercados. Ahora bien, un ingrediente extra lo conforma la pandemia por COVID-19 que atravesó todos los espacios sociales. Sería muy relevante avanzar en la indagación sobre la incidencia de este fenómeno en las economías alternativas. Entonces, y tomando en cuenta lo antedicho, surge la pregunta: ¿será este el momento disparador de nuevas manifestaciones potenciadoras de la economía solidaria, con nueva características y perspectivas?
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* Licenciada y profesora en Sociología. Becaria doctoral de CONICET (IISE-CONICET) y docente en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). San Juan, Argentina. ORCID: 0000-0001-5433-1276 – Correo electrónico:flaviacprado@gmail.com
** Licenciada en Ciencias Políticas. Magister en Economía y Administración Estratégica de Negocios. Docente-investigadora en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). San Juan, Introducción: Argentina. ORCID: 0000-0002-2667-2572 – Correo electrónico: glirussi@yahoo.com.ar
1 En el año 2001, quien había sido ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo asumió nuevamente esa función – luego de producirse las renuncias a dicha cartera por parte de José Luis Machinea y, posteriormente Ricardo López Murphy –, pero esta vez investido de poderes extraordinarios otorgados por el Congreso. Fue acompañado por los medios de comunicación que crearon la expectativa de una solución mágica, sintetizados en la creencia de que el padre de la criatura tenía todas las soluciones. Mientras se sucedían estruendosos anuncios de nuevos préstamos para paliar la deuda pública, la certeza de un crack financiero ya estaba instalada en la cúpula de la sociedad: discretamente se intensificó el envío de dinero al exterior, que durante 2001 alcanzó un mínimo de 15.915 millones de dólares (casi 4 mil millones de dólares más que las reservas del Banco Central).
2 Según el INAES, refiere a toda empresa bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras, conformada como cooperativa de trabajo y proveniente de una empresa anterior que, por quiebra, vaciamiento, abandono empresario u otras causas hayan llevado a su cierre, puesta en marcha por sus antiguos trabajadores.
3 Se comercializaba lo producido en las huertas y jardines, al tiempo que se establecían las agroindustrias urbanas sociales para transformar las verduras y las aromáticas en productos elaborados. En este contexto, se crearon y consolidaron también los parques huerta, elementos territoriales esenciales como expresión concreta de la construcción de espacios públicos multifuncionales.