Introducción

                 En este artículo, analizamos la experiencia argentina en materia de política social desde el 2002 a la fecha. Luego, evaluamos los resultados en términos de indicadores económicos seleccionados. A continuación, intentamos derivar las principales lecciones de la experiencia analizada. Por último, planteamos una alternativa de política.

Breve repaso histórico: el Jefes y después

                     Luego de la crisis de diciembre de 2001, el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita caía, en el primer trimestre de 2002, al 16% interanual, la deuda pública se encontraba en cesación de pagos, la inflación se aceleraba y la moneda se depreciaba, en el tercer trimestre de dicho año, a una tasa interanual del 258% –, la tasa de empleo terminaba de desplomarse, y alrededor del 60% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza.
En ese contexto, en abril de 2002, Argentina implementa el Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (en adelante, Jefes). El Center for Full Employment and Price Stability (CFEPS) asesora al Ministerio de Trabajo; de hecho, el Je- fes es considerado un caso de estudio de la propuesta de colocar al estado como empleador de última instancia (Tcherneva y Wray, 2005).
                     El monto del programa era de $150 por mes (75% del salario mínimo vital y móvil) al jefe de hogar a cambio de 4 horas de trabajo diario. Se encontraba destinado a hogares con menores de 18 años, discapacitados o embarazadas. En poco tiempo, hacia mayo de 2003, el Jefes alcanzó su pico de participantes: cerca de 2 millones, el 11% de la fuerza laboral y el 5% de la población.
                      El programa tuvo una gran afluencia de mujeres, ya que se encontraba limitado a una persona por hogar; la estrategia de muchos hogares consistió en que el varón continuaba activo buscando o trabajando en el sector informal. En la práctica, sin embargo, muchos no realizaban contraprestación laboral debido, al menos en parte, a la inesperada masividad del programa. Esto dio lugar a situaciones de arbitrariedad. Además, el límite a la entrada un miembro por hogar sumado a una fecha límite de inscripción abrió la puerta al clientelismo. Estos aspectos socavaron la popularidad del Jefes.
Desde mayo de 2003, el tamaño del programa se reduce; en parte, por la transición de titulares del programa al sector privado. Además, se crearon dos programas que pretendían reemplazar al Jefes. Por un lado, el Seguro de Capacitación y Empleo (SCE), que incluiría a los explícitamente considerados empleables, mayoritariamente varones; por el otro, el Familias por la Inclusión Social (Familias), que haría lo propio con los inempleables, principalmente mujeres (Decreto 1506/2004).
                     La reforma del Jefes se dio en el marco de una significativa expansión de la seguridad social, que permitió acceder a una jubilación con independencia de los aportes realizados, amplió las pensiones no contributivas y, prácticamente, completó la cobertura del sistema de asignaciones familiares mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH), una transferencia monetaria para los hijos de los trabajadores desocupados e informales (Mario, 2014). Quedó configurado así, en la Argentina, al menos desde 2009, una red de seguridad social que garantiza un ingreso a quienes no pueden o no deben trabajar.
                     En tanto, para los que pueden trabajar (i.e., la población en edad y condiciones de trabajar) se planteaba una combinación de, por un lado, políticas “keynesianas” para promover el crecimiento económico y, por el otro, herramientas para mejorar la empleabilidad como el mencionado SCE se esperaba, de este modo, que la economía generase empleo para todos.
                       Si bien la creación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja (AT), en agosto de 2009, implicó, al menos en alguna medida, el reconocimiento de que por mucho que la economía creciera, el empleo no llegaría a todos, es posible afirmar que esta fue la estrategia general. Es posible, en este sentido, interpretar la política social en la Argentina, desde 2002, en el marco del debate entre las garantías universales de ingreso y de trabajo (Tcherneva y Wray, 2005).

Resultados: la foto y la película

           Al segundo semestre de 2022, hay en la Argentina 18,2 millones de personas pobres y 3,8 millones de personas indigentes. No obstante, entre 2003 y 2015, la pobreza se redujo a menos de la mitad; la indigencia, en tanto, lo hizo más de un 75%. De hecho, las mejoras continuaron hasta el segundo semestre de 2017. Desde ese momento, la pobreza ha aumentado 13,5 puntos porcentuales (6,8 millones de personas); la indigencia, 3,5 puntos porcentuales (1,7 millones de personas).