Otros, en cambio, nos brindan una mirada más amplia y compleja del mismo contexto histórico. Aquí, destacamos las explicaciones de la realización de la “campaña del desierto” (con el objetivo de avanzar sobre grandes extensiones territoriales potencialmente productivas), la promoción de la inmigración “de grandes masas − de agricultores europeos” (persiguiendo la necesidad de mano de obra, sin garantizarles la propiedad de las tierras que ocupaban), la multiplicación de caminos (instalación de redes telegráficas y ferroviarias, más el aumento de la frecuencia de los viajes en barcos), la instalación de frigoríficos, el crecimiento económico basado en la producción y exportación de materias primas, y la adhesión de la élite oligárquica-terrateniente al liberalismo económico y al conservadurismo político (Jara et. al., 2019).

     Lamentablemente, disponemos de pocos avances sobre la situación de los pequeños y medianos productores rurales (Almirón y Carini, 2017; Arceo et. al., 2019), en términos más específicos y en lo que respecta a su integración al mercado interno en aquella época, más allá de la literatura académica que sostiene la generalización del arrendamiento y la aparcería como formas de ocupación y explotación del suelo y demás medios de producción, también entendidas como condiciones desfavorables en los contratos de alquilar, sumadas a los maltratos y la sobreexplotación en distintos puntos de nuestro país (Jara et. al., 2019).

    A lo largo del período sustitutivo, las producciones agropecuarias entraron − por diversas razones −, en un cono de sombra, mientras que la industria sustitutiva se convertía en el motor de la economía el agro (más que la ganadería y la lechería) permanecía ajeno tanto al dinamismo productivo interno, como a los cambios operados internacionalmente en el marco de la denominada revolución verde (Bisang, 2007, p. 188). Desafortunadamente, se aprecia una considerable merma, en lo que respecta a los estudios relativos a los pequeños y medianos empresarios y trabajadores rurales, durante dicha etapa, puesto que nuestra historiografía se ha concentrado más en otros procesos y rasgos distintivos del citado modelo (Daziano, 2013), pensando asimismo en su continuidad y en su influencia en la economía argentina actual (Bonfanti, 2015). Apenas contamos con avances sobre cuestiones como la relación entre los excedentes agrícola-ganaderos y el desarrollo de la agroindustria (tipos de productos, lineamientos políticos, estrategias de articulación, costos de las transacciones, etc.), en distintos puntos de nuestro país (Schejtman, 1998).

     Otra etapa muy estudiada, en lo que respecta a los factores influyentes sobre las Pymes agropecuarias, es la constituida por los primeros gobiernos peronistas (1946), sobresaliendo por políticas como el estatuto del peón rural de 1944 (el cual contribuyó, mejorando las condiciones laborales en el campo), la reforma constitucional de 1949 (la cual promovió, entre otras cosas, la colonización de tierras fiscales, por parte de pequeños y medianos pastores y labradores), más la expropiación de algunos latifundios − con indemnización −, y facilitando el arrendamiento y los créditos para chacareros (Jara et. al., 2019). También se destacan el estudio de los cambios agroindustriales (Daziano, 2013), de las regulaciones de los precios agrícolas, de la producción y de la comercialización de alimentos y materias primas, a través del IAPI (Hora, 2012), así como también de las medidas gubernamentales en materia de granjas y huertas, mecanización del agro, desenvolvimiento del cooperativismo y demás (Gutiérrez, 2002; Lattuada, 2002).

     En cuanto a las décadas de 1960 y 1970, contamos con valiosos aportes relacionados con el surgimiento de espacios de representación de los intereses y problemas de los actores que nos convocan, tales como las ligas agrarias, entendidas “como respuesta a condiciones desventajosas a las cuales se enfrentaban los pequeños y medianos agricultores en relación a los monopolios, buscando disputar los términos de inclusión en el mercado” (Jara et. al., 2019, p. 344). “El asociativismo en el medio rural ha sido destacado históricamente como un factor que contribuyó al desarrollo de los pequeños y medianos productores agropecuarios” (Lattuada et. al., 2015, p. 195). Algunos trabajos, en términos generales, describen la tensión entre la tendencia hacia la eliminación de los obstáculos para el desarrollo (representada por las políticas desarrollistas, tendientes a la modernización, integración, reformas en la tenencia de la tierra, regulaciones de precios y aranceles, etc.), y los grandes explotadores (defensores del modelo agroexportador) (Lázzaro, 2012).

    Por otro lado, es necesario especificar que muchos de los antecedentes consultados, hacen hincapié en la continuidad del modelo neoliberal y su hegemonía, entre la última dictadura cívico-militar (desde 1976), y el período menemista (1989-1999), incluyendo como parte del proceso la crisis del 2001 y sus consecuencias negativas, en materia político-institucional, económica y social. Gran parte de los autores coinciden en que, a partir de dichas políticas económicas, predominaron la tendencia hacia una mayor concentración de la tierra “en pocas manos”, la imposibilidad, para los pequeños y medianos productores, de acceder a las nuevas tecnologías (por lo cual, muchos se vieron obligados a vender sus explotaciones, siendo desplazados por los grandes empresarios, o bien tuvieron que asentarse como rentistas), y la reducción de los créditos, de la asistencia técnica y en lo respectivo a la comercialización, por parte del gobierno nacional (Fernández, 2018; Jara et. al., 2019). Otros trabajos destacan la rápida incorporación y difusión de los organismos internacionales de financiamiento, en torno al desarrollo rural, principalmente desde la década del 90, acompañadas por la evolución de la pobreza y, consecuentemente, por proyectos asociativos, como respuesta a las políticas estatales (Lattuada et. al., 2015). Asimismo, los rasgos distintivos enunciados, tienen que ver con procesos que se fueron dando en paralelo, como la transnacionalización del agro, la modificación de la estructura agraria, la consolidación de los latifundios, y el desplazamiento de los pequeños y medianos productores (PNPAF, s.f.). Además, vale la pena marcar los procesos propios de la agricultura, los cuales también repercuten sobre las explotaciones en cuestión: la soja como cultivo principal en términos de hectáreas cultivadas y de toneladas exportadas, el predominio de los grandes productores capitalizados, el avance de dicho cultivo sobre otras especies y sobre la ganadería, la “agriculturización” como tendencia contraria a la diversificación productiva, la modernización y exclusión de las regiones no pampeanas (Reboratti, 2006), etc.

    En términos políticos, predominan los enfoques concentrados en las tendencias liberalizadoras y desreguladoras del mercado, visibles en medidas como las que provocaron la pérdida de atribuciones de la Junta Nacional de Granos (creada en la década de 1930, como respuesta a los efectos de la gran crisis del Capitalismo, para controlar los pesos y medidas, contratos, transporte, precios y cupos, etc.), desde el Proceso de Reorganización Nacional (Fernández, 2018). Esta línea continuó profundizándose durante los 90, con la eliminación de las juntas nacionales de granos y de carnes (1991), la liberalización de la venta comercial de soja (1996), la implantación del nuevo paquete tecnológico (difusión del uso de herbicidas, imposición de la siembra directa como método de labranza, utilización de semillas transgénicas), orientada hacia la consolidación de un modelo de “agricultura sin agricultores” (Fernández, 2018). En este sentido, cobran mayor significado los estudios de las formas de resistencia y de los programas para el desarrollo de los pequeños y medianos ganaderos y agricultores, en un contexto de ajuste macroeconómico (Manzanal, 2000).

    Eduardo Azcuy Ameghino (2000), sintetiza muy bien los componentes del “paquete” de medidas llevado a la práctica por los sucesivos gobiernos neoliberales: el establecimiento de un “dólar barato” que favoreció a las importaciones, en detrimento de las Pymes, reducción de aranceles a los bienes de capital, desregulación del comercio de granos, liquidación de las juntas de granos y carnes, eliminación de los subsidios estatales y “precios sostén», quita de la mayor parte de las retenciones al sector exportador, tasas de interés muy altas (créditos más caros), encarecimiento de los combustibles, privatizaciones de puertos, flexibilización del control sobre los contratos de arrendamiento, precarización laboral, desplazamiento de los establecimientos menos capitalizados, latifundismo y extranjerización de las tierras, más facilitación en las compras de tierras por parte de los grandes empresarios relacionados con el poder político y las empresas transnacionales.

    Para los últimos años, en lo que corresponde a nuestra historia reciente, la mayoría de los especialistas reseñados comparten la idea de establecer una subperiodización, entre el recorte 2003-2015 (caracterizado por la mayor asignación presupuestaria específica para la agricultura familiar y las MiPymes rurales, las políticas de infraestructura, la identificación de la categoría de “agricultor familiar”, los plantes estratégicos agroalimentarios, el desarrollo agroindustrial, la búsqueda del incremento de la producción del valor agregado y de las exportaciones, etc.), y el lapso 2015-2019 (destacado por la quita de las retenciones a las exportaciones de trigo y de carne, más la reducción a las de soja, la desregulación de la fiscalización del empleo rural, los aumentos sistemáticos de tarifas que afectaron a las Pymes debido a los mayores costos de producción, etc.) (Jara et. al., 2019). Respecto al primero de los subperíodos señalados, cabe destacar los resultados indagatorios que nos hablan de un cambio de paradigma en la relación Estado-mercado, desde 2003, la cual incluye medidas puntuales muy importantes, las cuales nos pueden conducir a interesantes estudios de casos: creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2009), elevación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (creada en 2008), al rango de secretaría de Estado, y la conformación de la Federación de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar (integrada por asociaciones de productores y con iniciativa estatal, desde diciembre del 2011) (Lattuada et. al., 2015). Empero, no hay que perder de vista la continuidad de ciertos problemas: los efectos del proceso de “agriculturización”, los conflictos por las retenciones entre el Estado y los productores (incluyendo a los pequeños y medianos), el arrendamiento con negocio, entre otros (Fernández, 2018).

Problemas actuales para el desarrollo de las Pymes agropecuarias

    Una vez sintetizados y expuestos los principales procesos históricos, períodos, modelos de desarrollo y sus características, es preciso mencionar y describir los principales problemas actuales que, en la mayoría de los casos, se desprenden de todo lo anteriormente explicado, demostrando la importancia del análisis retrospectivo, a la hora de entender las dificultades y desafíos recientes y presentes.

    Como resultando de la inserción en el capitalismo y en la división internacional de trabajo, fundamentalmente a partir de las exportaciones de bienes primarios, podemos hacer hincapié en lo dificultosa que resulta, para muchísimas MiPymes rurales, dicha integración, debido la baja productividad, el difícil acceso y puesta en práctica de las innovaciones técnicas (González Díaz et. al., 2021).

     Empero, no todo lo problemático tiene que ver, exclusivamente, con el mercado mundial y los factores externos, tales como los contextos políticos y macroeconómicos, el incremento de la presión tributaria, los cambios regulatorios, la inflación y distorsión de los precios, o la falta de planificación estratégica por parte del Estado. También es menester darle relevancia, dentro de nuestro análisis, a los problemas internos, propios de las organizaciones que tratamos de problematizar, como la falta de visión estratégica, el escaso análisis sistémico de los negocios, la dependencia del capital propio y de los préstamos de los bancos, la continuidad de rasgos típicos de una economía “precapitalista”, la capacitación insuficiente en lo que respecta al manejo de los recursos humanos y económicos, el corto o nulo asesoramiento profesional (Fernández y Maestre, 2017), etc., teniendo en cuenta que muchos agricultores y ganaderos pequeños no han podido incorporar, al día de hoy, una visión más afín a la agricultura moderna (Pertile, 2007).

      En este sentido, debemos mencionar la falta de integración de los grupos más vulnerables del sector, así como también los diferentes niveles de capitalización, no sólo entre los grandes y los pequeños (en consecuencia, también los hay en términos de hectáreas ocupadas y explotadas, superficies destinadas a la agricultura y la ganadería, en reserva, cedidas en arrendamiento, etc.) (Caligaris, 2017), sino hacia el interior de esta última categorización (Lattuada et. al., 2015). De hecho, consideramos que aún hay serios problemas conceptuales, en este sentido (Bergesio, et. al., 2016). Por ejemplo, no son lo mismo los pequeños y medianos propietarios que los arrendatarios, o que los integrantes de la agricultura familiar, clasificación dentro de la que podríamos resaltar problemas como el acceso y la tenencia de la tierra (entendida como un bien de mercado y no como un bien social), la débil planificación en su distribución, la titulación costosa y burocrática, la desvalorización cultural de dicho recurso, la falta de acceso a la información importante (PNPAF, s.f.), etc.

    Se agregan otros asuntos problemáticos, que bien podrían entenderse como consecuencias de procesos como el modelo agroexportador, la concentración de los medios de producción, la generalización del arrendamiento, la “agriculturización” o “sojización”, y de la práctica gubernamental de líneas de pensamiento como el neoliberalismo: la transnacionalización del agro (particularmente, de las grandes empresas y sus inversiones, con repercusión sobre los más débiles) (Caligaris, 2017), falta de infraestructura, gestión y control de recursos vitales (como el agua), ausencia de políticas públicas que regulen los mercados, dificultad de ingresar al mercado para los pequeños y medianos productores, problemas impositivos y monetarios, desocupación estructural, sobreexplotación laboral, altas tasas de empleo rural “en negro”, entre otros (PNPAF, s.f.).

     En el campo de las desigualdades, resulta valioso aclarar que las mismas no se desarrollan únicamente entre los actores sociales, sino también entre los espacios locales y regionales (Bisang, 2007), en términos de concentración del capital, de la producción y de la población, lo cual se puede apreciar desde contextos muy anteriores (Santilli, 2019). Aquí surge la necesidad de continuar indagando en torno a las denominadas áreas rurales marginales, cuyos principales problemas giran alrededor de las limitaciones ambientales y/o culturales, la descapitalización de los agentes involucrados, los avances territoriales discontinuos, y el carácter inconsistente y esporádico de las intervenciones por parte de las autoridades (Cepparo, 2013).

     Por último, resulta pertinente poner el foco en discusiones más contemporáneas y recientes, vinculadas con los efectos ecológicos del capitalismo y sus nuevos modelos de desarrollo en el agro argentino, incluyendo otras consecuencias sociales, como la inequidad (entendida como fuentes de inviabilidad para las pequeñas y medianas explotaciones agro-pastoriles) (Loewy, 2008). En este párrafo, hay que mencionar los efectos negativos de la soja sobre los suelos, y la fragilidad sanitaria generada, propia del monocultivo (Reboratti, 2006), sumándole los cambios en la estructura y funcionamiento de las explotaciones rurales (Strada y Vila, 2015), y las nuevas tendencias en la política agropecuaria (Mikkelsen, 2008).

Conclusiones

     A modo de conclusión, nos proponemos plantear tanto líneas de acción como posibles objetos de estudio y enfoques teórico-metodológicos, en torno a las Pymes rurales y sus problemas.

    Buscando darles mayor protagonismo a los productores estudiados en los principales, es preciso que el Estado regule la intromisión de los grandes conglomerados transnacionales (Reboratti, 2006). A su vez, debemos proponer posibles iniciativas, en términos productivos, para que las Pymes agropecuarias busquen ponerlas en práctica: estudiar la capacidad productiva de los pequeños agricultores (superficie total, formas de acceso a la tierra, uso del suelo, producto agrícola y ganadero, trabajadores empleados, nivel tecnológico alcanzado, etc.; sistematizar los datos relativos al uso del suelo, pretendiendo alcanzar una mayor efectividad en lo que a rendimientos se refiere (superficie agrícola, superficie ganadera, superficie de monte/sin explotar); tener en cuenta la evolución de los principales cultivos, la comercialización de sus cosechas, la relación entre las distintas especies ganaderas (vacunos, chivos, cerdos, caballos, etc.), la proporción porcentual de maquinarias de trabajo (arados, cultivadoras, sembradoras, rastras, etc.) (Pertile, 2007).

     Algo similar se podría esquematizar, para la pequeña agricultura familiar. Recomendamos la instalación de dicha categoría en la agenda pública, ampliar la visión local del problema hacia el nivel regional, crear espacios de debate y propuestas generales y específicas, reglamentaciones provinciales y ordenanzas municipales, capacitar y divulgar información referente a los canales de microcréditos, y demás (PNPAF, s.f.).

    En materia social, planteamos la necesidad de sugerir políticas destinadas a mitigar la pobreza de los pequeños productores, a partir del fomento de la producción de alimentos, la delimitación de espacios comunes económicamente explotables (para el autoconsumo y para el mercado) (Pérez, 2013), la generación de puestos de trabajo agrícolas, y el arraigo territorial (Fernández, 2018), incorporando tanto a los campesinos semi-asalariados, como a los distintos tipos de labradores y pastores (Reboratti, 2006). En este punto, es correcto marcar algunas consideraciones metodológicas: en primer lugar, preguntar quiénes son nuestros actores destacados, identificándolos empíricamente, a partir de la diferenciación con otros sectores; en segundo lugar, tener presente que las fuentes de información más utilizadas, como los censos agropecuarios, no indagan acerca de la producción para el autoconsumo, no permite registrar adecuadamente la mano de obra, permiten captar sólo indirectamente las compras y ventas de los establecimientos, y no se distinguen los gastos de producción de los correspondientes a la reproducción familiar (Bergesio et. al., 2016). Por lo tanto, resulta indispensable, para futuras indagaciones, complementar dichos registros con otros documentos, como noticias, notas de opinión, artículos publicados por especialistas, y otros informes de organismos nacionales (como los del INDEC), de las distintas provincias y municipios, y además, los que denoten los intereses y problemas de las múltiples organizaciones de pequeños y medianos productores, en lo que respecta a las condiciones de la producción, sus excedentes y mercados, las fuentes de financiamiento, as dificultades de acopio y almacenamiento, los canales de comercialización, etc.

    En lo tocante a la sustentabilidad y el medio ambiente, nos alineamos del lado de la postura que propone, como objetivo principal, la consolidación de unidades sustentables, que complementen la producción capitalista con la equidad social y la mejor calidad de vida (Loewy, 2008). En este sentido, el desarrollo rural resulta inviable, para las empresas medianas y de poca monta, si no se tienen en cuenta principios cooperativos, para enfrentar las dificultades económicas: adhesión voluntaria, control democrático de las organizaciones colectivas, participación económica de sus asociados, promoción de la educación (tanto en el campo como en la ciudad, acerca de cuestiones vinculadas con la eficiencia productiva, el cuidado del suelo y del medio ambiente, los patrones de consumo, etc.), y colaboración Inter cooperativa, es decir, entre grupos de diferentes sectores productivos, así como también entre diversos niveles de productores, comerciantes y consumidores (Pérez. 2013).