Participación virtual ciudadana y competencias laborales en Argentina y en España

Virtual citizen participation and workforce skills in Argentina and Spain

                  

                                                                                                    Marcela Herminia Cifarelli

 

Doctoranda en Ciencias Económicas de la FCE (UBA) Licenciada en Ciencia Política con orientación en Estado, Administración y Políticas Públicas(UBA). Licenciada en Sociología. (UBA) Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política (UBA). Ex asesora del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) de Argentina. Docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella, de grado y posgrado, en la materia de Teoría Política y Derecho Público y Técnicas avanzadas cualitativas y cuantitativas de investigación social y talleres de tesis.

                                   ORCID: https://orcid.org/ 0009-0003-0039-3596. Correo electrónico: marcelahzifa@gmail.com

                                                                             Resumen 

    El objetivo de este trabajo es describir y comparar el proceso de fijación de la agenda bottom up entre el presupuesto participativo de Vicente López en Argentina y el crowdfunding cívico de la plataforma Goteo en España en 2022 y conocer las competencias laborales de los funcionarios públicos.

    Para ello se realizó un estudio de caso de tipo cualitativo con el fin de describir el fenómeno y se utilizaron las técnicas del análisis de contenido y de las entrevistas semiestructuradas a informantes claves para la obtención de la información primaria. Los principales hallazgos demuestran una influencia creciente de las asociaciones intermedias y un aumento de la participación que va en detrimento del poder ciudadano además de un desinterés por la profesionalización de los funcionarios públicos a cargo de estos mecanismos de participación.

 Palabras clave

agenda, presupuesto participativo, crowdfunding cívico, profesionalización del sector público

 

                                                                               Abstract

    The objective of this work is to describe and compare the process of setting the bottom-up agenda between the participatory budget of Vicente López in Argentina and the civic crowdfunding of the Goteo platform in Spain in 2022 and to know the job skills of public officials. For this, a qualitative case study was carried out in order to describe the phenomenon and the techniques of content analysis and semi-structured interviews with key informants were used to obtain primary information.

    The main ones show a growing influence of intermediate associations and an increase in participation that is detrimental to citizen power, as well as a lack of interest in the professionalization of public officials in charge of these participation mechanisms.

 

                                                                               Keywords

public agenda, participatory budget, civic crowdfunding, professionalization of the public sector

 

         

                                                            La participación virtual ciudadana:
                                          un nuevo reto para las competencias del sector público     

 

                                                                                Introducción

 

    La llegada de la Cuarta Revolución Industrial impulsó a la Administración Pública a comenzar con una digitalización de sus procesos y esto trajo como consecuencia cambios tanto en los modelos organizacionales, como en la gestión pública y en los mecanismos de participación ciudadana (Oszlak, 2020; Cifarelli et. al., 2021).

    En este trabajo se hará foco en el último cambio mencionado anteriormente,  así es como que con el gobierno electrónico (2) se crearon expectativas en cuanto a que esa digitalización iba a aumentar la participación ciudadana en el proceso decisorio y se generaron esperanzas de una nueva transformación democrática, esta vez mediada y facilitada a través de las TICs, hacia una nueva forma de democracia directa donde los ciudadanos participarían en las decisiones y en la fijación de la agenda de las políticas públicas (Serna, 2002; Dahl, 1991).

    La democracia digital de los gobiernos electrónicos, sin embargo, puede degenerar en una democracia virtual si un grupo es capaz de lograr, a través de una dominación simbólica, un consenso político más autoritario en donde las TICs sean una herramienta para el control ciudadano y la violación de los derechos humanos. Este peligro existe porque las deficiencias democráticas actuales no son un problema técnico sino político (Candón Mena, s/f)

    La administración pública, sobre todo a nivel local, es la que realiza una gestión más próxima al territorio y tiene una relación más cercana con la ciudadanía, por lo tanto, es la que enfrenta el desafío de mejorar sus capacidades estatales para que la democracia digital del gobierno electrónico no se convierta en una democracia virtual. Para ello es un imperativo ético la actualización permanente de los funcionarios públicos y el desarrollo o adaptación de las capacidades necesarias para interactuar conjuntamente con la ciudadanía en la fijación de la agenda y en la cogestión del presupuesto público. (Velázquez López, 2021; CLAD, 2008)

                                                                      Los mecanismos de participación ciudadana

 

El Presupuesto Participativo de Vicente López en Argentina

 

    En este trabajo de investigación se compararon dos mecanismos de participación ciudadana: el presupuesto participativo y el crowdfunding cívico.

    El presupuesto participativo se origina en la Ciudad de Porto Alegre en 1988 en base a la idea de combinar la representación política tradicional con la participación directa de los ciudadanos creando una nueva forma de cogestión para que las decisiones públicas fuesen más afines con los intereses de la mayoría. (Genro y De Souza, 1998).

    La experiencia fue muy exitosa y se extendió al resto de América Latina sin embargo, su institucionalización se produce recién a través de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), suscripta por los líderes de las Administraciones Públicas de Iberoamérica que se comprometieron a promover la participación ciudadana en las políticas públicas como: un derecho, un proceso y un mecanismo, teniendo el Estado el deber de crear las condiciones favorables para el ejercicio efectivo de este derecho 

La participación ciudadana es un proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas. (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009, p. 4)

    La figura del coordinador regional es un elemento característico del presupuesto participativo originario de Porto Alegre, que se implementó como una política de Estado por parte del Partido de los Trabajadores (PT) en un contexto de crisis económica y problemas de gobernabilidad (Estévez, 2014). El coordinador regional no ejerce su trabajo en la región en la que vive para tener la imparcialidad que la función exige y cumple con tres tareas básicas: 1) Monitorear el proceso sin interferir en el debate público e informar la ejecución del plan de inversiones, 2) globalizar las acciones de gobierno en cada región a través de una estructura ambulante para coordinar las políticas y servir de centro administrativo en regiones que no tenían ninguno y 3) Preservar y difundir los valores de cooperativismo y solidaridad (Genro y De Souza, 1998).

    En el caso de Argentina, el presupuesto participativo empieza como la adopción de mecanismo de participación ciudadana en el contexto de la gran crisis política, social y económica del 2001 en la ciudad de Rosario en el año 2002 pero posteriormente, se establece como un mecanismo de innovación y democratización de la gestión pública como sucedió en el 2012 en el caso del municipio de Vicente López, ubicado en la zona norte del Conurbano Bonaerense que se autofinancia en más de un 70% con recursos propios y posee una estructura social similar a los países más desarrollados del mundo; gobernado por el partido de centro-derecha, Propuesta Republicana (PRO de ahora en adelante).

    No existe una ley nacional que regule el presupuesto participativo, sin embargo, en el 2008 se constituyó el Programa Nacional de Presupuesto Participativo (PNPP) que nucleó la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP), que hasta 2015 estuvo centralizada en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y en la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.

    El presupuesto participativo de Vicente López depende de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del municipio cuyo objetivo es: “Entender en la planificación y formulación del presupuesto participativo, gestionando y desarrollando las acciones necesarias para la plena y armónica participación de todos los ciudadanos y organizaciones sectoriales interesadas” (Decreto 1060/18, Anexo 1, foja 20).

    La participación en el presupuesto participativo no se limita a los vecinos, sino que también incluye a instituciones de bien público registradas en el partido y a instituciones educativas de gestión estatal con sede en los nueve barrios de la localidad. Estos barrios, ordenados de oeste a este, son los siguientes:

·Villa Adelina (zona Vicente López, abarca dos municipios)
· Carapachay
· Munro
· Florida Oeste
· Florida
· La Lucila
· Olivos
· Vicente López
· Villa Martelli

El presupuesto participativo tiene un proceso de implementación de siete etapas:

1. Planificación anual y difusión
2. Presentación de propuestas
3. Análisis de factibilidad
4. Difusión de proyectos factibles
5. Elección de proyectos factibles
6. Inclusión de la partida en el presupuesto general
7. Ejecución de los proyectos ganadores

    El seguimiento y evaluación del grado de avance de obra de cada proyecto se publica en la plataforma del municipio, donde se pueden observar más de 500 proyectos concluidos desde 2012 a 2022.

 

Crowdfunding cívico: el caso de la Plataforma Goteo en España

 

    El origen del crowdfunding se puede rastrear hasta 1830 cuando se hizo un llamamiento público para conseguir financiar el proyecto de un globo aerostático con forma de pez, no existen datos para conocer si se logró concretar el proyecto. Unas cuatro décadas más tarde, cuando se estaba construyendo la Estatua de la Libertad, se recurrió a la microfinanciación a través de un sistema de recompensas, en la que se obtenía una miniatura de la estatua a cambio de su colaboración, con el objetivo de financiar la construcción del pedestal. Pero no fue hasta 1997 que se utilizó el crowdfunding a través de una plataforma de internet, en el que la banda británica Marillion utilizo esta alternativa para financiar su gira en Estados Unidos. (Sáez Álvarez, 2016).

    La Comisión Europea (2013) define el crowdfunding como una forma emergente de financiación alternativa que une directamente a los que pueden dar, prestar o invertir el dinero con los que necesitan la financiación para un proyecto específico.

Según Sáez Álvarez (2016) se pueden encontrar cuatro tipos de crowdfunding clasificados según la causa que motiva la inversión de capital y el instrumento financiero que se utiliza que son los siguientes: 1. crowdfunding de donación, 2. De recompensa, 3. De préstamos y 4. De inversión.

    El crowdfunding de donación es aquel que en el que el donante no obtiene ningún beneficio tangible al contribuir en un proyecto, aunque si recibe información detallada y puntual sobre el grado de desarrollo de este.

    En el crowdfunding de recompensa, los proyectos ofrecen a las personas que les prestan ayuda financiera una “recompensa”. Dentro de esta categoría, nos encontramos, al menos, dos modalidades que se distinguen en función de la relación que existe entre la cuantía aportada y el valor de la recompensa. Por un lado, existe la recompensa simbólica y por otro lado, el valor de la “recompensa” coincide con el de la aportación realizada.

    El Crowdfunding de préstamo o Crowdlending funciona como un préstamo, pero en condiciones más ventajosas que las que ofrecen los Bancos. Como en todo préstamo, la persona que recibe los fondos tiene la obligación de devolverlos en el tiempo acordado junto con los intereses pactados .

    El Crowdfunding de inversión o Equity Crowdfunding consiste en la financiación en masa mediante la participación en el capital de la sociedad promotora. Así, la cantidad recibida se trata como una aportación de capital pasando el aportante a ser socio o accionista de la sociedad promotora del proyecto, con el derecho a participar en los beneficios de la compañía o a recibir, de otro modo, parte de las ganancias del proyecto (Rodríguez, 2014 citado por Sáez Álvarez, 2016).

    El tipo de crowdfunding que corresponde a este estudio es el cívico y es un tipo de microfinanciación de donación en el que no solo se incluyen aportes monetarios, sino que cuenta con contraprestaciones laborales para colaborar en la concreción de los proyectos.

    El matchfunding fue implementado por la plataforma Goteo en España a partir del año 2016 e incluida dentro de la categoría civic crowdfunding, consiste en la colaboración público-privada de diversas instituciones públicas con entidades de corte cívico que promueven proyectos relacionados con distintos ámbitos, pero unidos por el interés social de la finalidad de la causa financiable (González Cacheda, 2021).

    El funcionamiento del civic crowdfunding comienza con la disposición de un fondo concreto y la fijación de una serie de objetivos asociados a determinados ámbitos específicos de actuación por parte de una institución pública o social. Acontinuación, y a través de la plataforma Goteo, se realiza una llamada para la presentación de proyectos susceptibles de financiación a todas aquellas entidades y ciudadanos relacionados con los sectores específicos asociados a los ámbitos financiables determinados en las bases de la convocatoria. Una vez recogidas todas las propuestas se procede a la selección de aquellas que, bajo criterios de pertinencia y calidad, formarán parte de la ronda final de financiación.

    A la fase de selección le sucede un período de capacitación y formación para la mejora de los elementos comunicativos de los proyectos financiables con el fin de mejorar los índices de recaudación. Finalmente, a través de la plataforma Goteo, se activa la campaña de recaudación. La particularidad de este modelo de civic crowdfunding estriba en la cofinanciación de las propuestas, por cada euro donado, un euro aportado por la Administración Pública auspiciante en una cantidad idéntica, pero a la vez limitada a un tope máximo desde el ámbito institucional. Las campañas de matchfunding desarrolladas por la plataforma Goteo siguen el modelo reward, que consiste en ofrecer una recompensa de carácter material a todas aquellas personas que realicen una aportación financiera. (González Cacheda, 2021)

       Por lo anteriormente descripto la pregunta de investigación es la siguiente:

    ¿Cómo es el proceso de fijación de la agenda bottom up en el caso del Presupuesto participativo de Vicente López en Argentina comparado con el crowdfunding cívico en la plataforma Goteo en España en el año 2022?

    Objetivo general: Describir y comparar el proceso de fijación de la agenda bottom up entre el presupuesto participativo de Vicente López en Argentina y el crowdfunding cívico de la plataforma Goteo en España en 2022.

    Objetivo específico: Conocer las competencias laborales de los funcionarios públicos a cargo del presupuesto participativo de Vicente López y del crowdfunding cívico en la plataforma Goteo en España según la Guía Referencial de Competencias para el Sector Público del CLAD.

 

Bases teóricas de la investigación

 

    Para describir el proceso de fijación de la agenda bottom up se siguió el modelo de las corrientes de problemas de Kingdon (1984, 1993 citado por Estévez, 2014) que considera a las agendas como una forma de comprender las políticas públicas, porque a partir de cómo los temas ingresan en las listas de prioridades se puede estudiar cómo se decide en el proceso político, tomando en cuenta las opciones de proyectos que se propusieron a los problemas.

    El modelo de las corrientes de problemas de Kingdon (1984) propone tres niveles de análisis para el proceso de fijación de la agenda: 1. Los problemas, 2. Las propuestas y 3. La política.

    Los problemas son situaciones percibidas como insatisfactorias que son factibles de ser problematizadas, es decir, que pueden tener una solución. Un problema puede surgir de eventos imprevistos que hacen que ciertas cuestiones atraigan la atención sobre otras (crisis, desastres, un accidente, una pandemia, un escándalo). Un problema puede ser enfocado desde distintas maneras y por lo tanto, es tratado según la forma en que se plantee. Cuando el problema ingresa en la agenda Estatal se lo trata y define según en qué agencia ingrese y se le da una respuesta distinta. El problema puede ser claro en el planteamiento o no, puede no responder a soluciones tradicionales y entonces requiere que se debata. Algunos problemas pueden visibilizarse por la acción de la opinión pública.

    Las propuestas parten de las comunidades o pequeños grupos afectados por los problemas y, son éstos quienes elaboran las ideas de cómo enfrentar un problema específico. Se puede hacer una analogía con una gran sopa en donde las ideas son sometidas a debates y donde se incorporan distintos ingredientes hasta formarse una formarse una propuesta o decisión o posición que luego se va a depurar por cuestiones tales como: factibilidad, si funcionan, si se pueden implementar con las técnicas disponibles y si se pueden costear (Estévez, 2014).

    La política tiene su propia dinámica y enfrenta todo tipo de cambios que van desde modificaciones en el comportamiento de los grupos de intereses, o en los gobiernos hasta cambios en la opinión pública.

    La ventana de oportunidades es un concepto de la teoría de la agenda que se refiere a un período de tiempo limitado en el que es más probable que se apruebe una nueva política pública. Se abre cuando hay cambios en los factores que influyen en la agenda, como un cambio de gobierno, un cambio de gabinete, un cambio en los grupos de interés o un suceso imprevisto.

    La ventana de oportunidades puede abrirse en la corriente de problemas o en la corriente de política. En el primer caso, el problema está claramente definido y hay un consenso sobre la necesidad de abordarlo. En el segundo caso, el problema no está claramente definido y hay una lucha política por definirlo.

    Cuando las tres corrientes de la agenda (problemas, política y propuestas) están alineadas, es más probable que se apruebe una nueva política pública.

 

    El emprendedor de políticas públicas es un individuo o grupo que identifica las oportunidades para promover decisiones o soluciones. Tiene un rol proactivo, interpretando las condiciones del contexto y comunicando su propuesta en el momento adecuado. Es como un surfista que espera una ola favorable, que puede ser un cambio en la opinión pública, un cambio político o cualquier otra circunstancia que abra una ventana de oportunidad.

    Más arriba me había referido a que hay ciertas ideas del sentido común que considera que la digitalización de la administración pública por sí misma implicaría un gobierno abierto y una administración más inclusiva y eficaz. Sin embargo, existen distintos tipos de gobiernos electrónicos que implican distintos tipos de democracia, por lo tanto, la incorporación de las TICs a los procesos de la gestión pública según Villoria y Ramírez Alujas (2013) no es no es ni apolítica ni puramente tecnológica, es esencial considerar los valores e ideas subyacentes porque hay una contradicción entre los discursos y la práctica gubernamental.

    Villoria y Ramírez Alujas (2013) identifican cuatro tipos de gobiernos electrónicos cada uno de los cuales está vinculado a un distinto tipo de democracia y representa el sostenimiento de distintos valores, a saber:

 

 

  1. El Gobierno electrónico como promotor de la eficacia y la eficiencia: es el gobierno electrónico en sentido estricto, se vincula con la democracia de los mínimos que busca la gobernabilidad y los resultados esperados son la seguridad pública y política. Sostiene valores de economía, eficiencia y eficacia.
  2. El Gobierno electrónico como gobierno accesible, transparente y receptivogobierno abierto. Democracia con tendencias agregativas que se preocupa por la calidad de los procesos y por la gobernanza democrática y por la organización del Estado en sus relaciones internas y con la ciudadanía. Es importante para este tipo de democracia asegurarse que exista una buena rendición de cuentas y se legitima a través de políticas sociales. El valor principal de este tipo es la transparencia.

  3. El Gobierno electrónico como factor de cohesión. Gobierno electrónico inclusivo e imparcial se corresponde con una democracia con tendencias deliberativas cuya prioridad es la igualdad e igualdad de oportunidades y busca abrir espacios deliberativos donde construir consensos. El valor que prioriza es la inclusión digital.

  4. El Gobierno electrónico como esfera pública. Gobierno electrónico colaborativo y participativo es compatible con una democracia deliberativa, al estilo Habermasiano donde los consensos son alcanzados por la participación en una deliberación, pero poniendo el énfasis en los procedimientos y en la calidad de los discursos. El valor principal el aumento de la participación y la colaboración.

 

    El aumento de la participación ciudadana implica una redistribución del poder hacia abajo sólo cuando el ciudadano participa de la toma de las decisiones y ejerce el control. Arnstein (1969) mide el poder ciudadano a través de una escalera imaginaria de ocho escalones que se divide en tres áreas principales: la no participación, la participación simbólica y poder ciudadano (Veáse Tabla 1).

    La zona de la no participación cuenta con dos escalones, 1) Manipulación y 2) Terapia. En esta zona, la gente no participa en el diseño y gestión de los programas. En estos escalones existe poco espacio para que los participantes puedan influir en alguna decisión.

    La segunda área se compone de tres escalones, 3) Información, 4) Consulta, 5) Coparticipación. Acá, la participación asciende a niveles en donde la ciudadanía tiene voz para llevar sus reclamos, pero carece de poder para asegurarse de que sus ideas se tomen en cuenta.

    El área más alta de la escalera, plano del poder ciudadano, se compone de los tres últimos escalones, 6) Coparticipación, 7) Poder delegado, 8) Control Ciudadano. En esta sección la ciudadanía participa en la toma de decisiones. Esto puede darse de dos maneras: mediante mecanismos de negociación y acuerdos o mediante la auténtica delegación o subsidiaridad del poder. Los ciudadanos que participan en esta área están dispuestos a ejercer el control y cuentan con la capacidad de llevar a cabo programas y encargarse de ellos de una forma total.

    El aumento de la participación ciudadana requiere desarrollar nuevas capacidades para los funcionarios públicos según Velázquez López (2021) es necesario que estos sean proactivos y que apoyen y creen la participación para ello es conveniente reducir la burocratización de las tareas y el apego a las reglas y basar más la gestión en resultados, en la innovación y en el aprendizaje permanente.

    En la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto sostiene el principio de responsabilidad pública y corresponsabilidad con la ciudadanía:

Los Gobiernos y las administraciones públicas tienen que responder por su gestión, estar abiertos al escrutinio público, ser receptivos a la crítica y permeables a las propuestas de mejora continua y de cambio e innovación provenientes desde la ciudadanía. Asimismo, se promoverá la creación de espacios de trabajo conjunto con los actores de la sociedad para generar valor público”. (CLAD, 2016, p. 39)

    En el gobierno de plataforma según Oszlak (2020) los líderes del sector público tienen que crear desempeños holísticos y centrados en el ciudadano en los niveles de gobierno nacional, regional y local, esto es, poner el foco en determinados comportamientos que envíen una señal a sus organizaciones de que los ciudadanos están en el centro y son la clave de la misión del sector público.

    La profesionalización de los servidores públicos tiene como eje fundamental a las competencias laborales para ello la Guía Referencial de los funcionarios públicos (CLAD, 2016) resulta ser un instrumento para la gestión del talento organizacional, que se caracteriza por aportar un diccionario a modo de inventario de los desempeños que deben ser promovidos, exigidos y aplicados para conseguir el máximo ajuste de intereses y capacidades entre las personas y su organización.

    En el caso de la profesionalización de los funcionarios públicos vinculados a estos procesos participativos se seleccionaron del diccionario las siguientes competencias (véase cuadro 2):

    Competencias transversales: desarrollo de relaciones interpersonales.

    Competencias Directivas: gestión de la participación ciudadana. Gestión digital. Gestión del cambio. Orientación al ciudadano.

    Competencias Profesionales: Atención a problemas, comunicación efectiva y Aporte técnico-profesional.

 

 

Metodología

 

    Recordemos el objetivo de este trabajo es comparar el proceso de fijación de la agenda bottom up entre el presupuesto participativo de Vicente López en Argentina y el crowdfunding cívico de la plataforma Goteo en España en 2022, esto se enmarca dentro de una epistemología interpretativista porque se busca la comprensión del fenómeno a analizar y en una ontología constructivista porque hará foco en las interacciones sociales pero también estará en un constante estado de revisión (Bryman, A. y Bell, E. 2011).

    Como estrategia metodológica se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: el estudio de caso y el análisis de contenido.

    Existen diferentes tipos de estudio de caso, Yin (1994) afirma que existen tres tipos diferentes: a) el estudio de caso de tipo descriptivo, cuya finalidad es la descripción de un fenómeno en el proceso de ser estudiado; b) el estudio de caso exploratorio, cuyo propósito es aumentar el conocimiento en un área o región en la que hay poca investigación; c) el estudio de caso explicativo que busca explicar el «por qué» de un fenómeno dado.

    Stake (1994) categoriza los estudios de caso de manera diferente. En primer lugar, se desarrollan estudios de casos intrínsecos para obtener un mejor conocimiento de un caso particular. Estos se eligen más para profundizar en un tema determinado que para construir una teoría general. Luego, los estudios de casos instrumentales buscan refinar las teorías o profundizar el conocimiento de un tema (insights). El tercer tipo de estudio de caso es el estudio de caso colectivo. Consiste en realizar un estudio de una serie de casos individuales, tomados simultáneamente, que pueden presentar o no el mismo fenómeno. Finalmente, un cuarto tipo de estudio de caso es el del caso de estudio docente, cuyo objetivo es el uso educativo más que una herramienta de investigación.

    Esta investigación es un estudio de caso es de tipo descriptivo (Yin, 1994) y es un estudio de caso de tipo intrínseco (Stake, 1994, 2006) porque tiene como objetivo conocer el caso en profundidad.

    Las inducciones realizadas para el caso de la plataforma Goteo en España se realizaron en base a un análisis de contenido cualitativo del tipo semántico en donde se interpretan diez artículos académicos en base a la relación con los temas pertinentes a esta investigación haciendo foco en los datos que serán analizados, como se los define, la población de la cual se los toma, el contexto relativo a los datos analizados para extraer no sólo el contenido explicito sino también el contenido latente y finalmente, se consideró los límites del análisis y el objetivo de las inferencias (Krippendorff, 1980, citado por Marradi, 2007).

Para responder a la pregunta de investigación y los objetivos se utilizó información tanto del tipo primaria y como secundaria. En cuanto a la información primaria se realizaron entrevistas semi- estructuradas para el caso de Vicente López, para ello se utilizará la técnica del informante clave, que consiste en entrevistar a un actor social que conozca el fenómeno en profundidad, de forma anónima, para que la validez de la investigación no se vea perjudicada.

 

                                                            Los perfiles de los informantes claves fueron los siguientes:

    La información secundaria utilizada será datos estadísticos elaborados por investigadores sobre la plataforma Goteo en España, datos de la plataforma de presupuesto participativo en Vicente López, y datos elaborados por otros investigadores.

 

Resultados

 

    El presupuesto participativo de Vicente López es un gobierno electrónico colaborativo y participativo, sin embargo, el modelo de fijación de la agenda bottom up se enfrenta a limitaciones en cada una de sus etapas.

    Las reuniones de los vecinos para definir los problemas no se consideran asambleas sino convocatorias. El informante clave nro.1 nos dice:

Convocamos nosotros por correo electrónico con un programa de envío masivo, por nuestras redes sociales, avisando en la boleta del ABL, y por bases de la Secretaría de Comunicaciones de la MVL. Estas reuniones (no asambleas) se han realizado en forma presencial en los años prepandemia en escuelas, clubes y sociedades de fomento, luego en pandemia por el software zoom en forma no presencial, y este año con un sistema mixto de reuniones presenciales y por zoom.

    Las convocatorias se realizan desde arriba, pero los problemas son definidos por los vecinos a partir de las situaciones insatisfactorias que enfrentan en su vida cotidiana “Me sentía inseguro por eso asistí a la reunión del club que convocó la Municipalidad y pude presentar mi proyecto de colocar más cámaras en mi calle y fue seleccionado ahora me siento más tranquilo” Informante clave nro. 2.

    En la corriente de propuestas un mecanismo de filtrado es el estudio de factibilidad que no son publicados y no se muestran al público el informante clave nro. 4 nos cuenta que: “La Subsecretaría realiza, en conjunto con las otras secretarías involucradas por la temática, un triple análisis de factibilidad de las propuestas (no proyectos). Análisis de factibilidad legal, técnico y presupuestario”.

    En el momento de votar las propuestas existe un voto online anulado que favorece a las asociaciones intermedias en detrimento de la participación vecinal el informante clave nro. 1 nos comenta:

Además de la cuestión de las reuniones por zoom, hicimos el año pasado nuestra primera experiencia de voto on line anulado en voto físico. Como consecuencia de esto, hubo una menor participación de proyectos ganadores originados por vecinos y una mayor proporción de proyectos ganadores originados por las entidades intermedias.

    En la corriente de la política se produjeron dos cambios que favorecen por un lado, a los barrios con mayor población que no necesariamente son los más vulnerables y por otro, el valor de participación llevado a un extremo produjo una consecuencia no deseada como la disminución del poder ciudadano.

    El informante clave nro. 1 nos comenta:

En los 4 primeros años optamos por una primera distribución igualitaria entre los 9 barrios o localidades de VL, y una segunda distribución con un “fondo de compensación” para las 5 localidades del Oeste del distrito (de Panamericana al linde con el municipio de San Martín) ya que tenían mucho déficit de infraestructura. Luego, debido a la demanda de los vecinos de los barrios de más superficie y más populosos, optamos por cambiar el “fondo de compensación” por una distribución por población de acuerdo al censo del 2010, lo que nos fijó 3 distintos montos para barrios de 0 a 20.000 habitantes (Villa Adelina, Carapachay y La Lucila), de 20.001 a 40.000 habitantes (Villa Martelli, Florida Oeste y Vicente López) y para barrios de más de 40.000 habitantes (Munro, Olivos, Florida Este).

    En el proceso de votación no solo interviene el vecino sino también existen “padrones especiales” donde el informante clave nro.1 nos comenta que: “las personas que participan como socios o están inscriptos en alguna de las actividades de alguna entidad intermedia o son alumnos o padres de alumnos menores de 16 años de una escuela provincial”. Además “Las empresas pueden participar de modo indirecto informando a sus empleados la existencia del PP en VL y su etapa de formulación de propuestas y votación”

    En la Subsecretaría de Participación ciudadana la formación profesional está a cargo de los directores de área o solo reciben cursos básicos de manejo de las TICs, no existe una formación para la mejora de las capacidades de los funcionarios públicos el informante clave nro. 1 sostiene: “Cada empleado de las DGs debe poder desempeñarse y es capacitado por cada director. No tenemos un protocolo” No hay capacitación específica para trabajar dentro del Presupuesto participativo, “solo recibieron cursos de: Word, Excel, manejo de nuestro sistema de base de datos o de envío de mails masivos”

    En cuanto al crowdfunding cívico es un mecanismo participativo que necesita crear confianza en las propuestas y comunicar de forma muy clara para tener la capacidad de construir comunidades en base a un proyecto específico.

    El perfil de los participantes según un estudio realizado por González Cacheda (2021) con una limitada muestra de 47 participantes en 27 proyectos de crowdfunding cívico a través de la plataforma Goteo encontró que la mayoría son mujeres, con alto nivel educativo, de clase media alta, que son próximas a la causa que promueven y de mediana edad (36 a 50 años), sin embargo otros estudios aseguran que el papel protagonista se lo llevan las asociaciones del tercer sector, cooperativas, y otras asociaciones.

    En la corriente de propuestas en cuanto a la administración y asignación de la financiación los ciudadanos no tienen influencia en las agendas de sus representantes. La selección de las propuestas se realiza a través de parámetros de calidad y adecuación a los objetivos previos al lanzamiento de la propuesta.

    En el análisis documental fueron incluidos algunos textos que veían similitudes del crowdfunding cívico con el crowdfunding social en cuanto el peso del tercer sector tiene en las propuestas que convierten a este mecanismo en una nueva especie de fundraising por la dependencia de más del 50% de estas organizaciones del financiamiento del Estado.

    En cuanto a la corriente del juego político alertan que no es una herramienta para que el Estado eluda sus responsabilidades y se las derive al ciudadano y el prestigio de las instituciones que apoyan al proyecto es clave a la hora de que la propuesta tenga éxito

    Los obstáculos que enfrenta el crowdfunding cívico es la limitada capacidad de adaptación de las administraciones públicas que necesitan tener la capacidad de innovar para generar cooperación en las plataformas. Las competencias centrales son las vinculadas a la comunicación, la planificación y a la gestión vinculada con el territorio y recomiendan que los funcionarios públicos adquieran nuevas habilidades “aprendiendo a hacer”.

    Este problema se repite en otros textos en los que se recomienda educar al funcionario público en la formación de comunidades, la comunicación, en como combinar recursos propios y privados y destaca que las comunidades que utilizaron Goteo pudieron seleccionar como formalizar la cooperación. En los proyectos la plataforma es la que capacita a los funcionarios en torno al mismo para lograr el éxito.

Discusión

 

    El presupuesto participativo de Vicente López y el crowdfunding cívico en la plataforma Goteo son mecanismos que abren la participación hacia la ciudadanía, pero no llegan a empoderar al ciudadano por varias razones.

    En primer lugar, si bien estas iniciativas fueron pensadas para sacar al ciudadano de la única alternativa del voto obligatorio durante las elecciones como forma de decidir en un sistema representativo, la participación tanto en el presupuesto participativo como en el crowdfunding cívico es voluntaria. Este último demostró tener mayores limitaciones debido a que los aportes monetarios están limitados a rentas del trabajo y a personas con perfiles de clase media alta, con alto nivel educativo y con experiencia previa o contacto con la propuesta que se debate.

    El crecimiento de la participación en el presupuesto participativo no implicó un mayor poder al ciudadano debido a que favorece la participación de actores con mayor capacidad de organizarse y mayores recursos como las asociaciones intermedias cuya influencia viene creciendo año a año para imponer sus proyectos reforzada aún más con medidas como el voto online anulado en voto físico.

    El permitir que los empleados públicos participen y voten en el presupuesto participativo hace que pierda la imparcialidad que exige la función pública que había previsto en el proyecto original con la figura del coordinador regional al que se le había impedido intervenir en el lugar en el que vivía.

    El cambio de un presupuesto equitativo para todos los barrios con una compensación para los barrios con infraestructuras más deterioradas por una organización más electoralista de beneficiar a aquellos barrios con mayor población perjudica a los barrios que necesitan de mayores inversiones.

    En el crowdfunding cívico, los principales desafíos son la creación de una comunidad virtual y la fidelización a las plataformas para evitar que disminuya la participación. Aello se suma la creciente influencia del tercer sector, que utiliza este mecanismo como una forma de recaudación de fondos o fundrasing.

    Los funcionarios públicos tienen un poder significativo en el paso de una propuesta a un proyecto. El estudio de factibilidad puede usarse como un mecanismo de filtrado para eliminar proyectos no deseados, pero requiere aumentar la transparencia y la comunicación del proceso.

    Finalmente, una gran falencia está en el desinterés por la capacitación de los funcionarios públicos a cargo de estos mecanismos de participación ciudadana, en los que es necesario formarlos tanto en la atención al ciudadano como en la comunicación y en adelantarse a las necesidades de los ciudadanos para mejorar la gobernabilidad.

    Tanto el presupuesto participativo como el crowdfunding cívico no representan una nueva transformación democrática y no es una nueva forma de democracia directa en la era digital, pero son mecanismos de participación necesarios para representar un desempeño holístico en el nivel local y son susceptibles de mejora a través de un aprendizaje institucional para que no se limiten solamente a una participación simbólica.

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Revista Desafíos del Desarrollo
ISSN 2796-9967