El pueblo en la calle

      La marcha federal en defensa de la universidad pública fue histórica. En todo el país se movilizó íntegra cada comunidad que estuvo, está, estará involucrada en la vida universitaria o simplemente tiene la convicción férrea de que la universidad cumple una función social indiscutible que ha trascendido la aparentemente irreparable grieta política. Por reconocimiento del aporte económico a los territorios y a la actividad productiva, del aporte a la calidad de vida de la población, del aporte a la identidad y proyección de generaciones enteras y del mismo rol trascendente del conocimiento en la sociedad, la universidad representa siempre una perspectiva de futuro a la que prácticamente nadie está dispuesto a renunciar. Más en nuestro país donde la centenaria institución “universidad” se ha abierto camino cobijando a la población y dando una luz de esperanza aun en las horas más oscuras.

     Así, la marcha del 23 de abril del 2024 ha sido memorable porque ratificó esa historia de amor de una sociedad con, quizás, la única institución que no la ha traicionado: más de un millón de personas en todo el país “bancando” el reclamo presupuestario, la legitimidad del cogobierno, la vocación por la investigación y la honestidad programática de la docencia. Más de un millón de personas impermeables a los nuevos tocs de la ultraderecha o conservadurismo radical (Strolb, 2022)) que intenta instalar que la “universidad lava cerebros”, “adoctrina” o es la avanzada de la “agenda arcoíris”, leitmotiv de la nueva “batalla cultural” (Laje, 2022). Se puso de manifiesto que una parte de la población desconfía del fanatismo de estos nuevos cruzados y ratifica que la institución universitaria contiene valores y recursos que son necesarios y a los que no está dispuesta a renunciar.

     Pero la marcha del 23 de abril no ha sido la única movilización desde que comenzó el año. Ya el 21 de diciembre del año pasado sonaron los primeros cacerolazos y las rejas del congreso de la nación fueron testigo de un pueblo sin miedo a protocolos. El 21 de enero, un paro con movilización de la CGT. El 26 de febrero, una jornada nacional de lucha de trabajadores y trabajadoras estatales en reacción a los despidos que, bajo la supuesta persecución del trabajador inútil, ñoqui o por la búsqueda de ahorro para lograr el fetiche ortodoxo del déficit cero corresponden a un plan de reordenamiento de la función pública en clave de adecuación a un modelo estatal acorde al régimen de acumulación (privatista, financiero, extranjerizante, extractivista, aperturista) que intenta instaurar este “anarcocapitalismo”.

      El problema es que el fin de este desguace del Estado (instrumentado fundamentalmente a través del famoso DNU 70 de clara inconstitucionalidad) es el beneficio empresario y fundamentalmente el desconocimiento de la obligación social del Estado, para lo que proponen vaciar la política de primera infancia, de prevención de embarazo adolescente, de acompañamiento a situaciones de violencia de género, de subsidio de medicamentos cuyas patentes los hacen prohibitivos en tratamientos crónicos, de destrucción del sistema de jubilaciones, de desfinanciamiento de los comedores comunitarios, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), de las transferencias a las provincias, etc. En definitiva, un ataque a toda política cuyo fin social sea asistir y equiparar situaciones vulnerables, sintetizado en la frase del presidente: “la época del Estado presente ha terminado”.

     En ese estado de cosas, las movilizaciones de los trabajadores estatales son en defensa de los puestos de trabajo y los salarios, por supuesto, pero también constituyen una expresión de resistencia a un modelo de estado cínico en el abandono de personas.

     Pero, además, en este mismo marzo hemos visto una nueva edición de la movilización internacional por los derechos de las mujeres y diversidades, que no ha dejado de crecer aún en este contexto de auge de una reacción conservadora en defensa de los privilegios patriarcales, el modelo social heteronormativo y la naturalización de las desigualdades y violencias. Y en este mismo mes, la masiva movilización por el 24 de marzo, fecha que representa otra de las grandes causas que han organizado la reconstrucción democrática en nuestro país y que también es víctima de la reacción negacionista. Memoria, Verdad y Justicia como síntesis del valor de la vida por sobre todas las cosas, por la conciencia histórica y en contra de la impunidad.

      En el mismo sentido, la movilización de las centrales obreras del primero de mayo se arraiga en la convicción de que los trabajadores y las trabajadoras deben su dignidad y su sustento a la organización de sus luchas, a la persistencia de sus reclamos y a la convicción de que su aporte a la sociedad es central. Lejos del espíritu emprendedor que busca remozar el individualismo que rompe con la solidaridad al tiempo que culpabiliza al explotado de su explotación, es la construcción colectiva la que quiebra desigualdades y provee justicia dentro de lo irregular y deshumanizado de la relación capital/trabajo. No es casual que en este tiempo los sindicalismos estén tan vilipendiados y tensionados, ya que, desde las huelgas por las ocho horas de trabajo, el descanso dominical y la prohibición del trabajo infantil a finales del siglo XIX, la organización sindical es el principal enemigo de los empresarios. Hoy, en un contexto de reorganización de los procesos productivos y de los tipos de empleo, las huellas de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores plasmadas en la legislación laboral son un obstáculo para los intereses nunca satisfechos de los que lo tienen todo.

La patria twittera y el reseteo de la política

     Nadie niega que el deterioro, o por lo menos, la no mejora de las condiciones de vida de gran parte de la población y el desgaste de las representaciones políticas nos han traído hasta acá. Macri lo graficó muy bien en su aparición en la Sociedad Rural: “ustedes”, decía (“la población” aclaró, aunque le hablaba al sector concentrado del campo) “han decido resetear el sistema político”. Optó por superar su propia inverosimilitud, avanzando con una agenda tripartita de destrucción del Estado, apalancado en una política de ajuste brutal, desnacionalización de la política pública y por supuesto, por otro ciclo de endeudamiento y fuga. Es decir, lo que se decidió es romper todo. A pesar de que el brazo ejecutor de este reseteo representa, como dijo también Macri en ese encuentro a un verdadero outsider, la novedad es que se apoya en la construcción de un clima político que llevó décadas de instalación y que tiene dos vectores importantes: primero en el largo ascenso del macrismo, que es una construcción política trabajada que nace, al igual que el posneoliberalismo representado por Néstor y Cristina Kirchner, al calor de las movilizaciones del 2001. Y, el segundo, construido bajo la extrema polarización intencional de las expectativas “prepolíticas” (Illouz, 2023) de la población (es decir bajo un paradigma técnico de marketing político particular).

    El éxito de estos dos vectores se arraiga en cambios históricos de envergadura, entre ellos la caída del muro de Berlín. Pero también en la emergencia de una corriente de pensamiento que planifica y opera la transformación de la política en clave de desintegración de los contenidos programáticos típicos de la contienda política del siglo XX y su reemplazo por la centralidad de “lo emocional” (Duran-Barba y Nieto, 2017; Gutiérrez-Rubí, 2023). En ese sentido, el Durán-Barbismo no ahorró esfuerzos por convencernos de que la gente ya no se interesaba por razones, sino que sólo le “entran” emociones sueltas empaquetadas de manera simple; pero que, casualmente, son funcionales sólo a proyectos políticos antipopulares, que interpelan con consignas vacías instaladas en contextos comunicacionales creados para tal fin. Hace unos años Macri probó la fórmula de la “revolución de la alegría”. También podríamos sumar la cruzada moral pro y anti ASPO, más compleja de analizar por los errores no forzados del gobierno de Alberto Fernández (Feirstein, 2021). De manera más oscura, pero en el mismo sentido, el amante de los perros avanza con la “motosierra y la licuadora” para acabar con “la casta”.

     Podemos hacer referencia aquí la noción de “política del resentimiento” (Souroujon, 2022), que transforma a la antigua polarización ideológica por una polarización afectiva, cuya novedad es que resulta independiente del grado de bienestar de la sociedad. Coincide con la idea de fragmentación y segmentación social que subyace en la propuesta de Dubet (2022) sobre “desigualdades solitarias”: la multiplicación de situaciones de desigualdad que desincentiva la percepción de comunidad.

       Y va en la línea de análisis propia del “giro afectivo” (Ahmed, 2014) que para el caso israelí desarrolla con maestría Illouz (2023). El problema es que la polarización afectiva trae aparejada una mutua intolerancia que no puede resolverse por la vía de lo político, ni tramitarse por los canales institucionales, lo que provoca un desencanto también con la democracia que, en nuestro país, después de 40 años, no cura, no educa ni alimenta.

    En el mismo sentido, hay una realidad paralela en redes y medios hegemónicos que intentan “demostrar” que sus premisas son aceptadas de manera dócil por una población asqueada de sí misma, sumida en la violencia y convencida de que cada uno se salva solo (Han, 2002). Población que incluso es indiferente a la diversidad de necesidades que se ha consolidado a partir de las transformaciones de la estructura social y económica de una Argentina que sale más pobre, desigual, heterogénea y fragmentada luego de más de dos décadas de retracción disparada por una crisis financiera internacional sin precedentes y una presión empresarial ¿abnegada? por revertir tendencias redistributivas progresivas a partir del 2008 (décadas que incluye los 4 años de la “macrisis” seguido de 4 años de “alberdemia”) (Kessler y Benza, 2021).

     Lo interesante de esta realidad paralela, técnicamente construida con la intención de posibilitar la desestructuración de los sostenes históricos de la organización social Argentina, es la capacidad de “embarullar”. En una compleja y costosa estrategia comunicacional disruptiva, la realidad permanentemente se borronea. (Aruguete y Calvo, 2023). La posverdad, si originalmente era un subproducto de los medios hegemónicos, se ha transformado en una forma de entender el mundo que, a falta de consensos sobre los límites del buen gusto ha logrado instalar la dinámica de la provocación y la equivalencia de todo valor por más extremo que sea. ¿Mercado de bebés o de órganos? ¿Fomentar la discriminación? ¿Apoyar guerras injustas? ¿Festejar la pérdida de trabajo de cientos de miles de personas? ¿Discriminar a mansalva? La incorrección política provoca y convoca, es más, se transforma en programa de gobierno. Todo está permitido, cualquier cosa puede decirse, cuanto más violento y absurdo mejor. Porque el objetivo es amedrentar y ofender, mantener alerta a una población bajo asedio que, en estado de desconcierto y estrés, deviene dócil frente a un minúsculo grupo de privilegiados que saquean recursos naturales, bienes públicos y sobre todo el futuro del país. Barullo, ruido y confusión para expoliar. O como diría Steve Bannon: “inundar la zona de mierda” (Teitelbaum, 2020), es decir, que sea tanto y tan provocador lo que circule que sea imposible identificar qué es lo que está pasando.

La gran reconciliación con el medio pelo

      Otro aspecto para nada irrelevante es que ese reseteo de la política opera como mecanismo intrínseco a la “crisis representación” que aquí simplificamos como el “quiebre” de la adhesión del electorado a los procesos populares (Stefanonni, 2022, Semán, 2023). Es decir que en pleno auge del ciclo progresista en nuestra región se generaron ciertas fisuras de difícil factura. Ya en 2013 en Río de Janeiro y en Sao Paulo surge un movimiento que fusiona el reclamo por la transparencia en torno a las obras de preparación del mundial 2014 con los precios del transporte público. La entonces presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ensaya por primera vez una hipótesis que se repetirá hasta nuestros días (mismo en el discurso de Cristina en Quilmes el 27 de abril del 2023): el ascenso social producto de las medidas redistributivas y de estímulo a la actividad económica generan una nueva clase media que rechaza la interpelación de los movimientos populares latinoamericanos. En el caso brasilero, esas movilizaciones fueron la antesala a la destitución de Dilma (2015) y en Argentina el triunfo electoral de Mauricio Macri en 2015. Algo de esta hipótesis de las nuevas clases medias que se dan vuelta rondó la explicación sobre el fracaso del plebiscito por la “re-re” de Evo Morales (2016) y también circulaba como parte de los análisis sobre las condiciones de posibilidad del intento de golpe a Correa en 2010. También, flotó en el ambiente durante el plebiscito constitucional en el Chile de Boric y también recurre a esta idea Petro en Colombia.

     El origen de esta noción no es tan lineal como parece. En tiempos de indudable influencia por derecha e izquierda del pensamiento gramsciano, no hay lugar para economicismos simplistas que propongan una suerte de gen aspiracional conservador que se activa inmediatamente luego de una mejora en las condiciones de vida. Esta relación entre ascenso social y pensamiento conformista proviene de una crítica a la sociedad de consumo y al capitalismo como organización social que Hugo Chávez aportó como elemento distintivo durante su prédica del socialismo del siglo XXI. El desafío era para él mejorar las condiciones de vida (luchar contra el hambre, el analfabetismo, el acceso a la salud, a la vivienda) pero no para insertar a las clases populares en una espiral de conformismo que dejara sus sueños a merced de la ambición empresarial, sino como toma de conciencia del derecho a la vida en clave colectiva que permitiera la profundización de las transformaciones. El problema es que la aceptación de esta hipótesis por derecha y por izquierda obtura la posibilidad de debate serio cuando lo que está en cuestión es el sentido mismo de la vida política atravesada por una disputa hegemónica inédita que pone en cuestión la democracia, la república, el Estado, la comunidad y hasta la existencia misma de la Nación.

     Retomando, no es lo mismo apelar al “pelecheo” (tradición jauretcheana si las hay) que asumir que en la defensa de las políticas redistributivas como parte de la constitución de una estructura social más equitativa puedan surgir nuevas demandas para cuya resolución no basten las consignas o incluso se abran intersticios en los que prosperen semánticas antipopulares, que constituyen algo completamente distinto, pero a lo que hay que dar respuesta. Si las políticas redistributivas efectivas (aunque en deterioro franco) terminan fomentando “la revolución de la alegría” o “la lucha anticasta”, de ninguna manera podría encontrarse una relación lineal entre ascenso social y pensamiento conformista. Por el contrario, de un análisis del contexto internacional y del contrario local podría surgir una crítica a los dirigentes e intelectuales del campo popular que no hemos sabido dar la pelea en términos de la recuperación de la representación política en los nuevos tiempos.

Salir de esto

     Es claro que el centro de gravedad del mileismo es el falso enunciado de que los privilegios del capital concentrado implican una performance macroeconómica favorable. Y que todo otro resultado supone la perversión de la política o el Estado como ente. Este razonamiento da lugar a una suerte de economía política moral de dudosa realidad y penoso resultado en términos de empeoramiento de las condiciones de vida (“pelechees” o no). Ese centro de gravedad es tan frágil que se requiere de un barullo, de un ruido constante basado en la incorrección para mantener a la actividad política alejada de la discusión sobre la forma en la que nuestro país organiza su economía.

     A pesar de los recursos, las técnicas y la convicción con la que encaran y manipulan este estado de cosas, la población se mueve y las rechaza una y otra vez, y lo seguirá haciendo, sin dudas, esquivando las trampas simbólicas y el asedio permanente del asco. Las movilizaciones de los días 19 de diciembre, 26 de febrero, 8 de marzo, 24 de marzo, 23 de abril, 1 de mayo, 7 de mayo (más de 500 cortes en todo el país) y 9 de mayo son datos que prueban que estamos en un nuevo ciclo de protestas cuya intensidad será variable y cuya duración es impredecible. La ministra de seguridad Patricia Bullrich y su protocolo demuestran que esperaban resistencia desde el día cero; que también han aprendido sobre la forma en la que se despliega el campo popular y que cualquier amenaza de represión sirve para intentar disminuir la visibilidad de la movilización popular. Y en un sentido amplio, el desfinanciamiento de los comedores populares y la baja de “planes” sociales responde más a una lógica de control de las organizaciones que a una cuestión de mero sadismo. El pueblo, sin embargo, hasta ahora está dándole a los bravucones la posibilidad de una salida pacífica.

     Es cierto que los desafíos son grandes y que incluyen sin lugar a dudas la reconfiguración de las fuerzas del campo popular lo que implica ajustar estrategias reversionar armados y discutir diagnósticos, políticas y proyectos. En este camino andamos, sin lugar a dudas, tomando lentamente conciencia de cuanto ha cambiado el mundo y cuanto nuestro patio. Es este un mundo más peligroso y gris; donde se afilan los colmillos corporaciones sin freno y se desangran subcontinentes enteros. Un mundo en el cual los estertores del Estado de bienestar conviven con nuevos intervencionismos estatales y una reconfiguración global multipolar. Pero de este lado estamos para dar la batalla, que hoy por hoy es una batalla por la resignificación de la política, pero fundamentalmente una batalla contra el tiempo.

Lo nuevo y lo viejo en la resistencia popular