A diferencia de lo ocurrido en otros casos de industrialización tardía, Corea supo utilizar la inversión extranjera de manera controlada y subordinada a los lineamientos de su estrategia de desarrollo. La IED tuvo, así pues, una participación modesta en el financiamiento externo del crecimiento. Entre 1967 y 1971, estas operaciones representaron apenas el 3,7 % de los flujos netos de capital, mientras que en los casos de Brasil y México alcanzaron el 34 % y en Taiwán el 26 % durante el mismo período (Sevares, 2010). Sobre este punto, Wade (1982) señala que, a partir de la década de 1960, el Gobierno coreano adoptó políticas cautelosas y restrictivas sobre el ingreso de capitales extranjeros, motivado por el temor de restablecer un sistema económico subordinado a su antigua metrópoli colonial, Tokio. Por esa razón, se optó por darle preferencia a la toma de préstamos extranjeros (garantiza dos por el Estado) en lugar de favorecer la entrada de IED. Aunque dicha opción implicaba el pago de intereses, ofrecía a los funcionarios un mayor grado de control sobre la orientación de la producción nacional (5). Esta decisión se enmarca en la ya mencionada búsqueda de una “economía independiente” promovida por el régimen de Park. En consecuencia, los flujos de capital foráneo se destinaron principalmente a financiar inversión productiva, antes que a actividades especulativas, y a cubrir el déficit estructural de la cuenta corriente y el desequilibrio fiscal que caracterizaron a la economía coreana durante toda la etapa desarrollista, reflejado en el Gráfico 2.

Recién a fines de la década de 1980 comenzó la liberalización del mercado financiero coreano. A partir de entonces se eliminó también el programa de créditos promocionales a las exportaciones y se reformó el sistema de tasas de interés. Para ese momento, la economía coreana era una de las más endeudadas del mundo en desarrollo, solo por detrás de Brasil y México, y se había convertido en el principal deudor de Asia (León, 2009, p. 159). Sin embargo, a diferencia de los países latinoamericanos, este endeudamiento no respondió a intereses especulativos ni a decisiones empresariales individuales, sino que fue orientado desde el sector público para financiar programas de desarrollo, lo que tendría implicancias decisivas en su desempeño posterior. Así, mientras América Latina atravesaba una profunda crisis de deuda que derivó en la llamada “década perdida” de 1980, iniciada tras el cambio en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal estadounidense, Corea del Sur alcanzó durante ese mismo período una tasa de crecimiento promedio anual del PBI cercana al 9%.
Antes de concluir este repaso de las políticas económicas implementadas durante la experiencia desarrollista coreana, es necesario destacar que, si bien se otorgó un papel protagónico a la iniciativa privada (en particular a los grandes conglomerados nacionales), no puede ignorarse el control directo que el Estado ejerció sobre algunos recursos claves a través de la gestión de empresas públicas. Durante el período aquí analizado, el Gobierno operó en sectores estratégicos como el petróleo, el carbón, el gas, los fertilizantes, el acero y la electricidad. El hecho de que insumos intermedios tan relevantes fueran provistos por empresas públicas es otro factor que tributó al incremento de la capacidad estatal para intervenir en la economía (Chang, 2006). 

El Estado se esforzó además por mejorar la infraestructura nacional, lo cual fue indispensable para el despegue económico. En este sentido, se emprendieron proyectos en sectores clave, como el suministro eléctrico y la construcción de autopistas, que permitieron conectar eficazmente el territorio surcoreano, pequeño, pero de compleja geografía (SaKong y Koh, 2018). En paralelo, se impulsó además la expansión de las capacidades tecnológicas locales a través del establecimiento de organismos de investigación y desarrollo (I+D), así como a través de la mejora sostenida del sistema educativo.
En conclusión, las políticas económicas implementadas por la conducción estatal coreana respondieron claramente a los principios del modelo desarrollista, en línea con los rasgos analizados en el apartado anterior de este artículo. Estas medidas resultaron fundamentales para facilitar el proceso de crecimiento acelerado y ascenso industrial que se registró en el país asiático a partir de la década de 1960. De este modo, el régimen de Park constituye el período de mayor expansión económica en la historia surcoreana, con un crecimiento promedio del PBI del 10 % anual, como puede observarse en el Gráfico 1. Al mismo tiempo, esta etapa sentó las bases de lo que hoy representa Corea del Sur: una potencia tecnológica, un actor preponderante en el comercio global y una de las economías nacionales más grandes del planeta, a pesar de contar con una población que apenas supera los 50 millones de habitantes. A continuación, se examinan las principales características del régimen político que acompañó este proceso, el que por su propia naturaleza autoritaria obliga a matizar los logros económicos alcanzados.

Características del régimen político surcoreano

El régimen político de Corea del Sur durante su etapa desarrollista estuvo signado por una combinación de autoritarismo militar y una marcada orientación hacia el desempeño económico. En términos institucionales, se trataba de un sistema en el que la obediencia a la autoridad prevalecía sobre las libertades individuales, y donde los mecanismos de control sobre las decisiones gubernamentales eran débiles. El poder se concentraba en el Ejecutivo, mientras que los poderes Legislativo y Judicial, así como los gobiernos locales y regionales, disponían de escasa autonomía (Wade, 1982). Además, la competencia electoral era extremadamente limitada y teñida de prácticas fraudulentas, en tanto que las libertades civiles eran limitadas y la represión se utilizaba de forma sistemática como herramienta de gobierno. Al mismo tiempo, esta centralización del poder contribuía al cumplimiento de los objetivos económicos, lo que fortalecía la legitimidad del régimen, sobre todo ante los capitalistas industriales, con quienes mantenía una alianza táctica.
Durante este período, la figura dominante fue la del general Park, cuyo gobierno transformó tanto la economía como la sociedad surcoreana. Su liderazgo carismático constituye un rasgo distintivo dentro de las experiencias desarrollistas asiáticas, marcado por un control centralizado de la política nacional sin parangón en otros países de la región. Este nivel de concentración de poder fue incluso más personalista que el observado en Taiwán bajo el gobierno de Chiang Kai-shek, cuyo liderazgo era menos unipersonal debido a la estructura altamente organizada de su partido, el Kuomintang (Chang y Evans, 2007, p. 235).

Park se presentaba, ante todo, como un nacionalista convencido. Su formación en la academia militar japonesa en Manchuria, a la que ingresó tras abandonar una breve carrera como maestro, dejó una marca indeleble en su pensamiento político y económico. En ese entorno, simpatizó con la variante japonesa del corporativismo, que promovía una estrecha coordinación entre el estado y los sectores industriales para alcanzar objetivos de desarrollo (Kohli, 2004). Además de su formación militar y su afinidad con el corporativismo japonés, Park estuvo expuesto en su juventud a influencias comunistas. Su hermano fue un destacado dirigente comunista y él mismo fue condenado a muerte en 1949 por participar en un motín dentro del ejército coreano. No obstante, obtuvo la amnistía tras renunciar públicamente a dicha ideología y colaborar con las autoridades (Chang, 1993, p. 151). Este trasfondo ideológico mixto ayudó a la formación de un régimen que integraba elementos del corporativismo con ciertos aspectos del comunismo, en particular en lo que respecta a la planificación estatal y a la disciplina burocrática en la gestión económica.
En medio de la creciente agitación política que siguió a la caída del régimen de Syngman Rhee en 1960 y su posterior exilio en Estados Unidos, Park logró ascender al poder mediante el golpe militar del 16 de mayo de 1961. La asonada dio lugar a la instauración de una junta militar provisional, que fue reemplazada en 1963 tras un proceso electoral fraudulento que consagró a Park como presidente. A pesar de ser un oficial relativamente joven, consiguió liderar un movimiento militar que se hizo con el control del Estado en un país con una de las fuerzas armadas más grandes del mundo en relación con su tamaño y población, con casi 600.000 efectivos (Kohli, 2004, p. 86). Con un antecedente histórico de injerencia militar en la política de Corea, el movimiento encabezado por Park profundizó el control castrense sobre el aparato estatal y estableció una nueva dinámica de poder en la que las Fuerzas Armadas ocuparon la posición central en la organización política y social del país.
La conformación de un estado militarizado bajo el nuevo régimen supuso la remoción forzosa de las autoridades civiles elegidas, reemplazadas por oficiales leales a Park. Como resultado, la cúpula gubernamental pasó a estar dominada por varios de sus colaboradores militares más cercanos, muchos de los cuales compartían su admiración por el modelo político y económico japonés, en detrimento del estadounidense. Al mismo tiempo, el régimen reprimió a los sectores disidentes dentro de las propias Fuerzas Armadas: poco después de asumir el poder, la junta destituyó a aproximadamente 2000 oficiales, incluidos 55 generales (Kohli, 2004, p. 92).
Tal como se analizó en la sección anterior, las reformas institucionales implementadas por el régimen de Park en sus primeros años reflejaron una visión nacionalista orientada hacia la industrialización y la producción, más que hacia el sector financiero. Estas transformaciones estaban dirigidas a facilitar la acumulación de capital, promover la innovación y fomentar la reestructuración económica, en línea con los postulados del desarrollismo. Esta orientación contrastaba con el modelo liberal angloamericano, que el gobierno de Rhee había intentado aplicar sin éxito, centrado (al menos en el plano teórico) en la libre empresa, la competencia intercapitalista y la eficiencia asignativa de los mercados.

El giro en la orientación ideológica del régimen de Park puede entenderse a partir de las diferencias en la formación de las élites gobernantes. Mientras que Syngman Rhee había sido formado en la tradición de la economía neoclásica y en las ideas del libre mercado, tras obtener su doctorado en la Universidad de Princeton en 1910, Park y los principales responsables de su régimen militar se moldearon, en cambio, bajo la influencia del corporativismo japonés. En efecto, los conocimientos económicos de los primeros cuadros burocráticos coreanos no provenían de la ortodoxia neoclásica, sino de pensadores como Friedrich List, Joseph Schumpeter y Karl Marx. Estas teorías, ampliamente discutidas en el ámbito académico y político japonés durante la primera mitad del siglo XX, tuvieron un fuerte impacto en la formación intelectual de los cuadros dirigentes de la península. La preocupación por el “despilfarro social” derivado de una “competencia excesiva” entre capitalistas, el énfasis en las economías de escala y en el papel de las grandes empresas, así como el impulso al desarrollo de industrias nacionales (todos elementos característicos de la etapa de Park) reflejan esa influencia intelectual (Chang, 1993, p. 151).

Con estos fundamentos teóricos y una renovada orientación ideológica, el programa político-económico del gobierno de Park puede inscribirse dentro de la categoría de estado desarrollista, en la que el sector público asume un papel central como orientador y garante del proceso económico. A pesar de que, debido a sus vínculos políticos con Estados Unidos, los oficiales surcoreanos debían manifestar públicamente su adhesión a los principios de la “economía de libre empresa”, en la práctica adoptaron un enfoque marcadamente intervencionista.
En este escenario, el régimen dirigió sus esfuerzos hacia la construcción de una nueva alianza social, encabezada por la conducción militar y los grandes conglomerados empresariales, a los que contribuiría a fortalecer mediante el apoyo del Estado y la asistencia de una burocracia disciplinada y eficaz en la ejecución de los planes gubernamentales. En la cúspide de esta organización se situaba el propio Park. Otros actores sociales, como los trabajadores, campesinos o estudiantes, quedaron excluidos de esta alianza. Una vez consolidada, este pacto hegemónico trascendió al propio Park, comenzando a mostrar fisuras recién hacia finales de la década de 1980 y, con mayor intensidad, en la de 1990, cuando los chaebols buscaron desligarse de la tutela estatal y promovieron un giro neoliberal en las políticas públicas (véase Chang y Evans, 2007).
La consolidación de esta hegemonía implicó el establecimiento de una relación estrecha entre el Gobierno y los grandes grupos empresariales. En un escena rio donde unas pocas firmas dominaban el mercado interno, este vínculo permitió al Estado ejercer un control efectivo sobre los chaebols, para así orientar su comportamiento hacia los objetivos oficiales. Este mecanismo reforzaba el poder estatal, al tiempo que restringía la competencia capitalista en beneficio de una estrategia nacional de desarrollo. Como resultado, conglomerados como Samsung, Hyundai, Daewoo y Lucky Star (LG), entre otros, crecieron de forma acelerada, lo que les permitió establecer las bases para su posterior consolidación como actores globales.

Los orígenes de la relación entre el Estado surcoreano y los chaebols pueden rastrearse a la década de 1950 (Amsden, 1989). En ese contexto, los empresarios locales aprovecharon la masiva ayuda estadounidense para iniciar diversos emprendimientos, por lo que buscaron el favor del Gobierno, que tenía el control sobre la asignación de esos fondos. Las autoridades distribuían recursos a través de créditos con tasas de interés subsidiadas, otorgaban exenciones fiscales y concedían contratos preferenciales para grandes obras públicas. Hacia finales de la década, sin embargo, la reducción de los créditos para la reconstrucción, el lento avance de la industrialización, las políticas macroeconómicas conservadoras y la creciente corrupción bajo la administración de Rhee provocaron una profunda crisis económica. Esta situación acentuó la inestabilidad social, que culminó con el ya mencionado golpe de Estado encabezado por Park en 1961. Ese hecho marcó un punto de inflexión en la historia del país, a partir del cual se profundizó el control público sobre la economía y se consolidó una nueva etapa en la relación entre el gobierno y los grupos económicos locales.

El vínculo entre el Estado y los grandes conglomerados privados no se limitó a una imposición unilateral por parte del primero. Por el contrario, se estructuró en términos de un “enraizamiento” mutuo entre los sectores público y privado (Evans, 1995), basado en lazos de cooperación e interlocución entre los funcionarios y los empresarios beneficiarios de sus políticas. Este tipo de articulación explicaba el papel que desempeñaban las empresas en la ejecución de las estrategias económicas e industriales. Aunque gozaban de cierta autonomía operativa, las firmas actuaban dentro de los planes delineados por el EPB. Esta dinámica bidireccional posibilitaba una interacción fluida entre ambos sectores, lo que a su vez facilitaba la ejecución de políticas económicas integradas y coherentes.

Según Amsden (1989), al igual que en otros países con procesos de industrialización tardía, el gobierno de Corea impulsó en forma deliberada la expansión económica mediante distorsiones en los precios relativos. No obstante, lo que distinguió al caso coreano, de acuerdo con la autora, fue el alto grado de disciplina que el Estado logró imponer sobre los grupos económicos privados. Esta disciplina se manifestaba en dos dimensiones interrelacionadas. En primer lugar, las empresas que demostraban buen desempeño, ya sea por su capacidad de expandir la producción, mejorar la calidad de sus productos o aumentar las exportaciones, recibían importantes recompensas. Estas podían adoptar diversas formas: control estatal sobre el acceso al crédito y a las divisas, protección del mercado a través de barreras arancelarias, y restricciones a la entrada de competidores (por lo general, no más de dos empresas por sector). Además, se ofrecía garantías a quienes asumían proyectos arriesgados, al permitirles compensar eventuales pérdidas mediante créditos preferenciales y derechos de explotación monopólica en otros negocios. Esta combinación de incentivos y protección frente a la competencia favoreció la consolidación y expansión de los conglomerados nacionales. Pero la lógica de incentivos no terminaba allí.
En segundo lugar, se ejercía una penalización sobre aquellos grupos que no cumplían con el rendimiento esperado de acuerdo con los planes y metas establecidos. Así, la mano firme del Estado sancionaba a los incompetentes, retirando el apoyo financiero o, en casos extremos, implementando la “racionalización” del sector, lo que implicaba fusiones, divisiones, cambios de sector económico o directamente la liquidación de las empresas. Por ende, los chaebols tenían fuertes incentivos para mantener su eficiencia, en especial cuando la pérdida del respaldo estatal significaba el riesgo inminente del fracaso empresarial o la bancarrota a corto plazo
(Chang, 2006).

En suma, tanto las sanciones impuestas a los conglomerados con bajo rendimiento como las recompensas otorgadas a quienes cumplían con los objetivos oficiales reflejan el control efectivo que el Estado surcoreano ejercía sobre el sector privado, con el fin de mantener la disciplina económica y orientar el desarrollo industrial. Esta lógica de incentivos y castigos funcionaba dentro de una alianza estratégica entre la conducción militar y el empresariado nacional, y permitió, como se detalló en el apartado anterior, una acelerada industrialización y modernización de la economía coreana. Sin embargo, también creó un sistema económico altamente concentrado, donde unas pocas familias controlaban amplios sectores del aparato productivo, lo que generó preocupaciones respecto a la falta de competencia y la concentración del poder económico.

Otro instrumento de enorme trascendencia utilizado por la conducción estatal en beneficio del capital privado fue el control estricto del mercado de trabajo y la represión de los movimientos sindicales. Al igual que en otros países con procesos de industrialización tardía, el régimen ejerció una tutela rigurosa sobre el trabajo organizado, lo que en los hechos limitaba la capacidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones materiales de vida. En particular, la competitividad internacional de la industria ligera coreana se sostuvo en gran medida sobre la base de una fuerza laboral barata y disciplinada. Hacia esos años, el salario de un obrero surcoreano equivalía apenas al 60 % del salario de un trabajador brasileño y al 10 % del de un alemán, lo que evidencia una marcada sobreexplotación de la clase trabajadora. El “milagro surcoreano”, al menos en parte, se construyó sobre estas bases, lo que otorga cierta validez a las hipótesis de corte dependentista presentadas en la introducción de este trabajo.

El “compromiso con el crecimiento” (Wade, 1982) del modelo económico impulsado por el régimen de Park, si bien fue indiscutiblemente exitoso en términos de expansión industrial, se sostuvo en buena medida a costa de la seguridad y las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población. Las políticas laborales promovidas durante este período se caracterizaron por jornadas extenuantes, salarios bajos y condiciones laborales frecuentemente riesgosas (6). Como señala Kohli (2004, p. 100), en muchos centros de trabajo predominaba una verdadera “mentalidad bélica”, en la que no se toleraban la disidencia política, la indisciplina ni la baja productividad. A cambio, los trabajadores accedían a un cierto grado de estabilidad laboral, ya que en la mayoría de las fábricas los vínculos laborales tendían a organizarse en torno a contratos vitalicios, explícitos o implícitos.

La opresión sobre los trabajadores se manifestó en la prohibición de los sindicatos independientes y su reemplazo por organizaciones controladas por el Gobierno, las que servían para asegurar la lealtad de los empleados y evitar disturbios laborales. Las huelgas y protestas eran tratadas con mano dura, y los líderes sindicales y activistas sociales enfrentaban detenciones arbitrarias, torturas e incluso desapariciones forzadas. Al mismo tiempo, el régimen militar promovía una estricta represión a los movimientos de izquierda y a cualquier forma de oposición política.
En esta misma lógica, se intentó neutralizar al histórico movimiento estudiantil surcoreano mediante la intervención directa en las universidades, la expulsión de estudiantes considerados subversivos y la supresión de cualquier forma de organización o manifestación política dentro del ámbito educativo (Balhorn, 2021). 

El conjunto de las políticas arriba mencionadas tenía como objetivo mantener a la población civil bajo control, asegurar la disciplina necesaria para el funcionamiento del modelo económico y garantizar la prolongación indefinida del régimen. Cualquier intento de exigir derechos laborales, denunciar prácticas delictivas (especialmente vinculadas a los chaebols) o demandar la apertura democrática, era castigado bajo acusaciones de comunismo y considerado una amenaza a la seguridad nacional. En esta labor represiva, la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) tuvo una importancia cardinal. Dotada de amplios poderes, esta agencia se convirtió en uno de los principales instrumentos del régimen para vigilar, controlar y reprimir la disidencia dentro de la sociedad surcoreana (Kohli, 2004; Moura,2021).
A diferencia del fascismo clásico, que recurre a la movilización popular, fundamentalmente de la clase trabajadora, como forma de control político, el régimen militar surcoreano optó por la desmovilización de las masas. No obstante, sí hizo uso de la ideología para reforzar su legitimidad y coaccionar a la fuerza de trabajo.
En este caso, el nacionalismo cumplió ese papel, al funcionar como un instrumento para moldear actitudes políticas y justificar la represión en nombre de la seguridad nacional. A diferencia del modelo japonés, donde predominaba la noción de una “familia empresarial” que unía simbólicamente a obreros, gerentes y empresarios, en Corea el nacionalismo se expresó como un llamado a la unidad frente a una amenaza externa constante, por lo que se convirtió en un grito de guerra mucho más efectivo para consolidar la obediencia interna.
A pesar de las medidas represivas y del gran esfuerzo estatal para generar una fuerza laboral “disciplinada” y dispuesta a trabajar arduamente por salarios bajos, los trabajadores surcoreanos no dejaron de resistir ni de alzar la voz contra sus duras condiciones de vida. Esta persistencia evidenció la fuerza del descontento social y la determinación del espíritu humano frente a la opresión. Durante este período, se registraron múltiples manifestaciones de oposición, como las protestas contra el tratado de normalización con Japón en 1965 o la resistencia frente a la proclamación de la ley marcial en 1972. Las expresiones de descontento popular se intensificaron en el tiempo, y finalmente culminaron en una crisis política que desembocó en el asesinato del general Park en 1979, a manos del propio director de la KCIA. Sin embargo, los reclamos sociales no cesaron con su muerte. Las masivas marchas estudiantiles de 1980 y, más aún, las de 1987 marcaron los hitos finales del régimen militar y allanaron el camino hacia la apertura democrática.
En resumen, el régimen se sostuvo sobre la represión de la clase trabajadora y los movimientos estudiantiles, además del control sobre la disidencia política, en función de preservar el orden y priorizar el crecimiento económico a cualquier costo. Esta represión, junto con la centralidad del discurso anticomunista y las proclamas nacionalistas de la ideología oficial, garantizó la continuidad del régimen y permitió explotar a los trabajadores en beneficio de la élite empresarial y de quienes ejercían la conducción del aparato estatal (Balhorn, 2021).

Se puede concluir, por tanto, que el modelo de gestión de Park combinó una fuerte transformación económica con un autoritarismo político de corte militar. El golpe de Estado que lideró en 1961 abrió las puertas para la construcción de un gobierno militarizado, verticalista y represivo. Las ideas económicas de Park y de su círculo de colaboradores, influenciadas por el corporativismo japonés y por tradiciones teóricas ajenas al pensamiento neoclásico, impulsaron un modelo de capitalismo dirigido, con fuerte protagonismo estatal. La alianza forjada con el capital industrial permitió articular una economía orientada al crecimiento y al desarrollo de una base manufacturera competitiva a escala global. De ese modo, se alcanzaron notables logros económicos, aunque al costo de la supresión de las libertades políticas y los derechos civiles. La represión sistemática de los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles formó parte del propio esquema de control que sostuvo el proyecto desarrollista, y el clima de miedo y censura que generó se convirtió en uno de los rasgos más característicos del régimen.
Así, el legado de Park es ambivalente, marcado tanto por el “milagro económico” conseguido por su país, como por su autoritarismo. La trayectoria coreana de este período es, ciertamente, un recordatorio de las complejas interacciones entre desarrollo económico y las libertades democráticas, y de los dilemas que deben enfrentar los países en su tránsito hacia la modernización.

Algunos elementos particulares de la experiencia surcoreana

Más allá de las políticas económicas aplicadas y de las características del régimen político, así como de la especial relación entre el Gobierno y los distintos actores sociales, el caso coreano estuvo marcado por un conjunto de circunstancias particulares, algunas promovidas deliberadamente desde el Estado y otras más bien fortuitas. Estas condiciones contribuyeron en forma no menor a su acelerado proceso de industrialización y a la construcción de una economía dinámica y orientada al crecimiento. Muchas de dichas condiciones fueron compartidas por otros países del Asia Pacífico en la segunda posguerra y ya fueron identificadas por los autores analizados en la tercera sección de este artículo, dentro del enfoque del estado desarrollista. Sin embargo, resultaron difíciles de encontrar en otras latitudes, en especial en los procesos de industrialización tardía de América Latina. A continuación, se presentan brevemente aquellos factores más sobresalientes de esta trayectoria.

En primer lugar, Corea es un país que padece una escasez estructural de recursos naturales (7). Tanto los hídricos como las tierras aptas para la agricultura son limitados, y el terreno montañoso dificulta su aprovechamiento agrícola o ganadero.
Aunque cuenta con algunos depósitos de hierro y de ciertos minerales no metálicos, tampoco se trata de un país rico en recursos mineros. También cuenta con pequeñas reservas de carbón, localizadas principalmente en el sur y el oeste del territorio nacional, pero debe importar una parte considerable de este recurso, al igual que del petróleo y el gas, para satisfacer sus necesidades energéticas (8).

En general, la limitada dotación de recursos naturales ha obligado a Corea a depender de las importaciones para abastecerse de materias primas y energía. Esto hizo inviable su integración en la economía mundial como exportador de recursos primarios. Al inicio de su proceso de desarrollo, el único factor productivo abundante y barato era la mano de obra. Sin un mercado interno dinámico ni una población con capacidad de consumo, el país no tenía otra opción más que explotar esta ventaja comparativa, lo que explica el énfasis temprano en un modelo de crecimiento orientado a las exportaciones manufactureras intensivas en trabajo, con escasa resistencia social (Wade, 1982).

También pueden destacarse dos consecuencias adicionales de la escasez de recursos naturales. En primer lugar, la ausencia de un sector primario exportador impidió la formación de una estructura productiva desequilibrada (Diamand, 1984), típica de los países con sectores altamente productivos que desincentivan el desarrollo de otras actividades económicas. Esto ayudó a evitar los desequilibrios macroeconómicos frecuentemente asociados a ese tipo de especialización. En segundo lugar, la necesidad de enfocarse en industrias trabajo-intensivas funcionó como un “catalizador del desarrollo”, al generar una alta demanda de trabajadores, insumos y otros bienes industriales, lo que terminó fomentando el crecimiento de industrias complementarias y encadenamientos productivos virtuosos. A diferencia de ello, los sectores basados en productos agrícolas o materias primas suelen tener un escaso efecto dinamizador sobre el resto de la economía, por lo que los países que se especializan en la exportación de commodities tienen serias dificultades para avanzar en la diversificación productiva.

Por último, aunque la abundancia de mano de obra barata representaba una ventaja para competir en los mercados internacionales, la población surcoreana era relativamente reducida. Esta situación permitió que un volumen modesto de exportaciones, en términos del comercio mundial, generara suficiente presión sobre el mercado laboral como para impulsar aumentos salariales inducidos por la demanda y facilitar una transformación de la economía nacional. El contraejemplo aquí, si se quiere, es la República Popular China. Aunque hoy en día es la segunda economía más grande del planeta, responsable del 35 % de la producción industrial mundial y desde 2009 el principal exportador global (Norton, 2024), el ingreso percápita de China aún se mantiene por debajo del promedio global (Banco Mundial, 2024a). A diferencia de lo que sucedió en Corea, el tamaño de la población china (9) y la persistente abundancia de mano de obra han dificultado la consolidación de aumentos salariales sostenidos en el corto plazo. La enorme fuerza laboral disponible, sumada a una constante migración interna desde zonas rurales hacia las ciudades, ejerce presión sobre los salarios al mantener una oferta de trabajo que excede con creces la demanda en múltiples sectores.

En este sentido, vale señalar que en 1960, en los albores de su proyecto desarrollista, Corea de Sur tenía una población de apenas 25 millones de personas, de las cuales solo el 28% vivía en zonas urbanas. Si se comparan estos números con los de otros dos países periféricos de industrialización tardía, se encuentra que México tenía en ese mismo año una población de 36 millones, mientras que Brasil superaba los 73 millones. Además, la participación de la población urbana en estos países latinoamericanos era mucho más alta, situándose alrededor del 50% en ambos casos (Banco Mundial, 2024b), lo que generaba una presión mucho mayor sobre el mercado de trabajo no agrícola. Estas diferencias en la composición demográfica y urbana sin duda influyeron en las trayectorias económicas posteriores. A ello se suma que la población surcoreana presentaba un nivel educativo superior al de muchos países en desarrollo, junto con un grado inusual de homogeneidad ideológica y cultural (Wade, 1982), factores que también contribuyeron a su desempeño distintivo.

Otro aspecto vinculado a la ya mencionada disponibilidad (o falta) de recursos naturales explotables, que debe considerarse al analizar las trayectorias divergentes de estos países, es la estructura de clases al inicio del proceso de desarrollo. A diferencia de muchos países de América Latina, donde predominaban oligarquías terratenientes y economías subordinadas al capital extranjero, Corea no contaba con una clase terrateniente poderosa al momento de emprender su industrialización (Kohli, 1994, 2004). Según Wade (1982), incluso antes de la guerra en la península ya no existían grandes latifundios, lo que había generado una distribución de la tierra más equitativa y, en consecuencia, una sociedad más homogénea, sin una aristocracia agraria con poder político.
En realidad, la configuración social surcoreana fue resultado de importantes transformaciones ocurridas antes de la llegada al poder del general Park. Durante la ocupación japonesa, finalizada en 1945, Corea presentaba una formación agraria altamente desigual. Más del 70 % de los hogares rurales eran arrendatarios, mientras que menos del 5 % de la población (compuesta por grandes terratenientes) controlaba la mayor parte de las tierras cultivables, en especial los arrozales (Moura, 2021). Para revertir esta situación, el gobierno de Syngman Rhee implementó en 1950 la Ley de Reforma Agraria, cuyo objetivo era desmantelar el orden semifeudal de tenencia de la tierra. La reforma permitió al Estado comprar tierras a los grandes propietarios mediante bonos valorados en un 150 % de la producción media anual de los cinco años previos. Estos bonos podían utilizarse para realizar inversiones industriales, solicitar préstamos a tasas preferenciales o acceder a instalaciones públicas, lo que buscaba transformar a los antiguos terratenientes en empresarios capitalistas.
Aunque la guerra y la inflación provocaron que muchos propietarios se deshicieran rápidamente de los bonos recibidos, impidiendo su transformación en una burguesía industrial, la reforma agraria sí logró eliminar a la clase terrateniente parasitaria. Este cambio transformó a Corea de una sociedad jerárquica a otra más igualitaria, democratizó el acceso a la tierra y favoreció la modernización del sector agrícola, lo que a su vez contribuyó a elevar la productividad sectorial y la producción de alimentos en el largo plazo. Como sugiere Chang (1993), la eliminación de la clase terrateniente, junto con la supresión de las incipientes organizaciones políticas socialistas de trabajadores urbanos y campesinos durante la Guerra de Corea, dio lugar a un sistema social sin actores poderosos capaces de desafiar al poder estatal. Esta situación fue aprovechada por el régimen de Park, que, al encontrarse con escasa resistencia social, pudo consolidar su autoridad y, a partir de allí, fortalecer su capacidad para dirigir los resortes económicos del país.

Debe señalarse que la reforma agraria implementada por el gobierno de Rhee recibió un fuerte respaldo por parte de los asesores y planificadores estadounidenses responsables de la asistencia externa, en línea con lo ocurrido en Japón durante la ocupación de las Potencias Aliadas. Desde la perspectiva de Washington, modificar el régimen de tenencia de la tierra era condición indispensable para facilitar transformaciones sociales, políticas y económicas que aseguraran la estabilidad política y el crecimiento económico en Corea, frente a la amenaza geopolítica que representaban China y la Unión Soviética (Moneta, 2017). Paradójicamente, mientras Estados Unidos promovía reformas agrarias en sus aliados del Asia Pacífico, se oponía a medidas similares en América Latina, con el argumento de que favorecerían el avance del comunismo en la región.

Otro elemento de enorme trascendencia, no considerado hasta aquí y habitualmente ignorado en los análisis economicistas, es el impacto de la colonización japonesa sobre la organización social y económica y las capacidades estatales nacionales. De acuerdo con Kohli (1994, 2004), la etapa colonial constituyó el momento en que se sentaron las bases institucionales que hicieron posible el desarrollo posterior. Desde esta mirada, la conformación de un estado fuerte y autoritario, con vocación explícita de transformar las estructuras sociales tradicionales; la formación de alianzas entre el sector público y el privado; y la orientación hacia una economía exportadora fueron todos elementos centrales heredados del período colonial que contribuyeron al llamado “milagro” económico surcoreano.
El dominio colonial japonés sobre la península, que se extendió desde 1905 hasta 1945, tuvo un impacto categórico en la conformación de las instituciones y prácticas económicas que posteriormente sostendrían el despegue industrial de Corea del Sur. A diferencia de las potencias coloniales europeas, el modelo japonés se basaba en un uso intensivo del poder estatal para transformar sus dominios, lo que favoreció una industrialización temprana y sostenida. Durante este período, la colonia coreana registró una tasa media anual de expansión económica superior al 3 %, y hacia 1940 el 35 % de su producto nacional provenía de la minería y la manufactura, lo que la convertía en una de las economías periféricas más industrializadas del momento (Kohli, 2004, p. 48).
Bajo el dominio japonés, el Estado coreano pasó de ser una institución inepta y corrupta, heredada de la dinastía Yi, a convertirse en una organización autoritaria y funcional, capaz de controlar y dirigir a la sociedad. Esta transformación implicó la creación de un gobierno centralizado bajo la autoridad de un Gobernador General, quien aplicaba políticas mediante un aparato administrativo disciplinado y una red de inteligencia eficaz. El Estado colonial también estableció alianzas con élites locales y recurrió sistemáticamente a la represión para mantener el orden social, mecanismos que luego serían replicados durante la etapa desarrollista de posguerra. El modelo Meiji japonés, que promovía la intervención en los sectores agrícola e industrial y la formación de una mano de obra disciplinada, sirvió de referencia para la administración colonial en Corea. Sin embargo, en la península, dicha intervención se ejerció con mayor intensidad y coerción. Asimismo, las políticas coloniales alentaron la creación de grandes conglomerados empresariales, lo que sentó las bases para los futuros chaebols surcoreanos (10).

A pesar de la devastación causada por la Guerra de Corea y del interregno bajo la conducción de Rhee, la experiencia colonial de industrialización acelerada y de inserción en los mercados internacionales (incluso a través de la exportación de productos manufacturados) facilitó la posterior adopción de un modelo económico orientado hacia el exterior. Las élites surcoreanas, moldeadas por el legado colonial, tendieron a asociar la apertura comercial con el progreso económico, y el intervencionismo oficial con un modelo eficaz de desarrollo. Esta visión contrastaba con la de muchas burguesías latinoamericanas, generalmente más recelosas del papel del estado en la economía y proclives a defender esquemas centrados en la demanda interna.
Otra de las características heredadas del período colonial que influyeron en la evolución posterior de Corea fue la implantación de una burocracia moderna por parte de las autoridades japonesas. Este proceso comenzó con el desmantelamiento de los estamentos del débil Estado Yi, que había gobernado durante casi cinco siglos, pero que había demostrado sus límites frente a las presiones del orden internacional decimonónico. En su lugar, el gobierno colonial instauró una burocracia disciplinada, cohesionada y profesional, diseñada para ejecutar con eficacia los planes del Imperio japonés (Eckert et al., 1990, pp. 254-260).

La Restauración Meiji funcionó nuevamente como modelo para esta transformación. El gobierno colonial centralizó el poder y utilizó una extensa burocracia para controlar y transformar la sociedad coreana (11). Esta burocracia, que penetraba en múltiples niveles de la vida social, se distinguía por su disciplina y por su fidelidad a los objetivos imperiales. Además, una parte de las élites tradicionales coreanas fue incorporada al aparato gubernamental, por ejemplo, en funciones como la recaudación del impuesto agrario (Kohli, 1994, p. 1277), lo que contribuyó a consolidar el control colonial sobre la población local.

La modernización burocrática fue retomada por el régimen de Park, quien restableció y fortaleció un sistema nacional de exámenes civiles, inspirado en el implementado durante la colonización japonesa. Bajo su gobierno, el reclutamiento de funcionarios se volvió más meritocrático, basado en criterios objetivos, y se introdujo un sistema de evaluación de desempeño. Además, se incrementaron los salarios del personal público, lo que mejoró las condiciones laborales y fortaleció los incentivos asociados al desempeño y la permanencia en el servicio estatal. El conjunto de estas reformas permitió consolidar una burocracia eficiente y profesional, relativamente autónoma frente a los intereses y presiones de otros grupos sociales, y adecuada para llevar adelante el modelo desarrollista promovido por el gobierno (12).

En síntesis, la burocracia moderna instaurada durante el dominio japonés proporcionó una base institucional sólida sobre la cual Corea construyó su estado desarrollista. Aunque originalmente diseñada para servir a los intereses imperiales, este aparato administrativo fue transformado y adaptado en la etapa poscolonial, hasta desempeñar un papel central en la formulación y ejecución de políticas económicas. Este entorno institucional fue, sin dudas, un factor determinante en la rápida industrialización y el crecimiento sostenido que caracterizaron al país asiático en la segunda mitad del siglo XX.
La consolidación de una burocracia eficiente al servicio del proyecto desarrollista surcoreano contrastaría con los sistemas de patronazgo que tenderían a caracterizar las relaciones políticas en numerosas sociedades consideradas “atrasadas” o “tradicionales” (Pfho, 2005). De hecho, este tipo de aparato estatal sería un rasgo distintivo de los países asiáticos que atravesaron procesos desarrollistas, en oposición a las formas de organización política basadas en vínculos personalizados, más frecuentes en regiones como África o América Latina (cf. Kholi, 2004; Evans, 1995). En términos generales, el clientelismo político se considera un obstáculo para el funcionamiento de un sistema social moderno, en el que se espera que los funcionarios actúen conforme a normas impersonales y principios legales, y no en función de vínculos personalizados o prebendarios (Pfho, 2005). Las prácticas clientelares, desde esta óptica, tenderían a socavar la capacidad del gobierno para formular e implementar estrategias coherentes de acumulación orientadas al desarrollo nacional, a diferencia de lo que ocurrió en el caso surcoreano.
En otro orden de ideas, no puede soslayarse que una de las claves del éxito económico surcoreano fue su acceso preferencial al mercado estadounidense. Como ya se mencionó, desde 1953 la asistencia de Estados Unidos resultó fundamental para la recuperación y el desarrollo del país tras la Guerra de Corea. Esta asistencia se manifestó en diversas formas, incluyendo ayuda económica, militar y técnica (cf., López Mateo y Nagy, 2024). Dentro de estas ayudas, debe subrayarse el rol que desempeñó la demanda estadounidense como destino privilegiado de las exportaciones coreanas. A través de diversos acuerdos bilaterales, el país asiático logró insertar sus productos en el mercado norteamericano en condiciones favorables, por ejemplo gracias a reducciones arancelarias bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) en el marco del GATT. Esta apertura permitió un rápido crecimiento de sus despachos externos, primero con bienes de baja tecnología, como textiles y prendas de vestir, y más adelante con manufacturas de mayor valor agregado, como aparatos electrónicos y automóviles, difícilmente absorbibles por su limitado mercado interno.

Aunque la producción coreana dependía, en parte, de la importación de tecnología japonesa, el mercado estadounidense fue crucial como vía de salida para los productos manufacturados (Gray, 2013, p. 15). Esta relación comercial incentivó a las empresas locales a elevar su competitividad y mejorar la calidad de sus bienes, lo que dinamizó el progreso industrial. El acceso relativamente libre de bienes intensivos en mano de obra al vasto mercado estadounidense (y, en menor medida, al japonés y europeo) constituyó una ventaja que no estuvo presente para la mayoría de los países que atravesaban procesos de industrialización en el mismo período (Wade, 1982). Tal privilegio solo puede explicarse por la relevancia geopolítica que adquirió Corea del Sur para las potencias occidentales en el marco de la Guerra Fría, en especial en su estrategia de “contención” del comunismo asiático.
Por último, cabe volver a subrayar dos aspectos distintivos de la política económica surcoreana, ya abordados en el cuarto apartado de este trabajo, pero que la distinguen claramente de otras experiencias nacionales. En primer lugar, la capacidad de concentrar la acumulación de capital en manos nacionales, orientándola de forma coherente hacia objetivos de largo plazo definidos en los planes oficiales.
Como fue señalado, las decisiones del Gobierno priorizaron el capital interno por sobre la IED, lo cual, si bien condujo a elevados niveles de endeudamiento externo, permitió que los principales sectores productivos permanecieran bajo control de actores nacionales. A diferencia de lo sucedido en las economías latinoamericanas, la participación del capital foráneo estuvo estrictamente regulada, y el protagonismo económico nunca dejó de estar en manos del empresariado local.
En segundo lugar, aunque los instrumentos de política industrial utilizados por el Estado surcoreano no difirieron, en lo sustancial, de los aplicados en otras regiones (cf. Medeiros, 2011), el rasgo distintivo fue la eficacia con la que se retiraban los beneficios y se modificaban las condiciones de apoyo a los grandes conglomerados cuando estos no cumplían con los objetivos esperados. De ese modo, el Gobierno coreano logró mantener el control sobre las rentas transitorias que él mismo generaba, en lugar de permitir que se convirtieran en rentas permanentes capturadas por los grupos empresariales mediante mecanismos de lobby. Ciertamente,
como ha señalado Chibber (2009), en los modelos latinoamericanos la creación y el sostenimiento de mercados cautivos –y, en consecuencia, la ausencia de incentivos para mejorar la competitividad y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas– constituyeron uno de los aspectos más problemáticos del modelo de sustitución de importaciones implementado en la región.
En conclusión, las características particulares de la trayectoria desarrollista coreana permiten evaluar con mayor precisión la validez de compararla con procesos similares en otras regiones del mundo. Aunque este tipo de ejercicios teórico-analíticos puede resultar provechoso (siempre que se realice con rigor metodológico y evitando posturas dogmáticas), los elementos expuestos en este apartado advierten sobre la necesidad de atender al contexto particular en el que se despliegan las estrategias de desarrollo. En efecto, factores como las condiciones iniciales, la trayectoria institucional, la configuración sociopolítica interna y el posicionamiento geopolítico en el sistema internacional jugaron, cada uno a su modo, un papel decisivo en el llamado “milagro” coreano. En otras palabras, fue la confabulación de estos elementos, distintos en origen, pero conectados en sus efectos, lo que hizo posible la construcción de un modelo de desarrollo dirigido por el estado que logró notables resultados.

Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo del artículo permite concluir que la experiencia surcoreana constituye una de las manifestaciones más consistentes del paradigma del estado desarrollista. Frente a las lecturas ortodoxas que interpretan el caso coreano como un ejemplo de liberalización económica exitosa, sustentada en ventajas comparativas estáticas (v. gr., Balassa, 1982; Friedman y Friedman, 1980), la evidencia examinada sugiere que su dinámica responde, en cambio, a un proceso de construcción institucional y política orientado a la búsqueda de la transformación económica (Amsden, 1989; Chang, 1993; Wade, 1990; White y Wade, 1985). En este marco, el Estado surcoreano actuó como el principal artífice del desarrollo, al redefinir las condiciones para la acumulación de capital mediante la asignación discrecional de recursos, la coordinación de la actividad productiva y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de su aparato productivo.
El enfoque neoclásico se muestra insuficiente para explicar la articulación entre planificación económica, coerción política y construcción de una hegemonía nacional que caracterizó al régimen de Park. En este contexto, el recorrido de Corea permite identificar con nitidez los límites de las interpretaciones ortodoxas que atribuyen su éxito al libre funcionamiento de los mercados o, en el mejor de los casos, a la intervención estatal como simple correctora de fallas. Así, suponer que la política económica coreana fue “neutral” o determinada exclusivamente por señales de precios −como plantea la teoría del libre comercio virtual (Lal, 1983; Little,1982)−, o que el estado se limitó a señalar el rumbo sin imponer restricciones –como sugiere la versión “prescriptiva” de la intervención oficial (Bhagwati, 1988)–, resulta empíricamente insostenible frente a la evidencia del intervencionismo documentado.
Del mismo modo, los análisis que contraponen mecánicamente las estrategias latinoamericanas de sustitución de importaciones con los modelos asiáticos export-led, como sería el surcoreano (v. gr., Fajnzylber, 1990; Felix, 1989), ofrecen explicaciones incompletas, al basarse en supuestos abstractos que ignoran las condiciones históricas, políticas e institucionales específicas de cada caso. A esto se suma la insuficiencia de los postulados de la teoría de la dependencia, que anticipaban un destino subordinado para las economías periféricas (v. gr., Caputo Leiva y Pizarro Hofer, 2022; Dos Santos, 1987; Jaguaribe, 1969; Romana, 1981). El caso surcoreano contradice también esta perspectiva. El país no colapsó tras perder su centralidad como aliado geopolítico privilegiado de Occidente tras el fin de la Guerra Fría. Por el contrario, logró consolidar una economía madura, tecnológicamente avanzada y con una inserción internacional poco subordinada al capital extranjero.

Frente a las limitaciones de los enfoques ortodoxos y dependentistas, el paradigma del estado desarrollista ofrece una herramienta analítica más pertinente para interpretar la trayectoria surcoreana y, en términos más amplios, los procesos de industrialización tardía en el Asia Pacífico. Aunque no se trata de un marco libre de posibles críticas, sí proporciona un punto de partida valioso para analizar procesos donde el crecimiento económico surge de políticas deliberadas de transformación productiva, en especial en el marco de la segunda posguerra. Tal como se desprende del recorrido por la bibliografía especializada, existen una serie de condiciones mínimas que definen la presencia de un estado desarrollista: una orientación explícita hacia el crecimiento económico; intervención selectiva en sectores considerados estratégicos; una política macroeconómica activa orientada a sostener la inversión; una burocracia moderna con autonomía relativa frente a intereses particulares; y una coalición política capaz de imponer y sostener una estrategia de desarrollo frente a presiones corporativas o sectoriales. El análisis realizado sobre el caso surcoreano ha permitido observar cómo estos cinco elementos se materializaron de manera concreta en un contexto histórico y político particular.  

En primer lugar, el proceso tuvo lugar bajo un régimen autoritario de base militar que centralizó el poder en el Ejecutivo. Este estaba integrado por cuadros con formación en pensamiento económico heterodoxo, influenciados por autores como Schumpeter, List y Marx, y con una orientación más cercana al corporativismo japonés que al liberalismo clásico (Chang, 1993). El crecimiento económico fue concebido, más que como un objetivo en sí mismo, como un medio para garantizar la legitimidad del régimen y contener el conflicto potencial con su vecino del Norte. En segundo lugar, se desplegó una política industrial activa, planificada desde un “superministerio”, el Consejo de Planificación Económica, que lideró la formulación de políticas orientadas a la diversificación productiva y al salto tecnológico (Moura, 2021), es decir, hacia el cambio estructural. En tercer lugar, el Estado ejerció un control estricto sobre la macroeconomía: reguló el tipo de cambio, administró las divisas y el crédito, intervino en los mercados, y sostuvo déficits fiscales y comerciales en función de los objetivos de largo plazo (SaKong y Koh, 2018). En cuarto lugar, la conducción militar se apoyó en una burocracia eficaz, cuya base se había consolidado durante el período colonial japonés (Kohli, 1994, 2004). Ese aparato administrativo, dotado de capacidad técnica y operativa, permitió ejecutar con coherencia y agilidad las decisiones del Ejecutivo. Por último, el modelo económico se sostuvo mediante una alianza entre la élite gobernante y los grandes conglomerados empresariales nacionales o chaebols (Amsden, 1989; Chang, 1993; Evans, 1995; Kohli, 2004). Esta coalición hegemónica excluyó deliberadamente a trabajadores, sindicatos, estudiantes y movimientos opositores, cuya represión constituyó un mecanismo central de disciplinamiento social (Balhorn, 2021; Katz, 2018). En suma, los cinco elementos fundamentales que caracterizan a un estado desarrollista estuvieron presentes de forma articulada en el caso surcoreano.

La etapa más claramente identificable como desarrollista en la historia coreana, es decir, aquella en la que los cinco elementos anteriormente señalados se manifestaron con mayor nitidez, coincidió con la dictadura del general Park Chunghee, que abarcó prácticamente las décadas de 1960 y 1970. Como se analizó en las secciones precedentes, el modelo económico impulsado por su régimen combinó una fuerte disciplina interna con una apertura externa controlada, y dio lugar a una estrategia de crecimiento basada en la inversión y las exportaciones como principales motores. El control público sobre el sistema financiero permitió dirigir el crédito y las escasas divisas hacia sectores industriales prioritarios. Esta centralización de los recursos financieros fue acompañada por políticas industriales desplegadas en el marco de planes quinquenales, que definieron con claridad las distintas etapas del proceso de desarrollo: desde la industrialización ligera en los años sesenta hasta la consolidación de industrias pesadas en los setenta, el proceso creó las condiciones para la expansión de sectores de alta tecnología, como la electrónica y la microelectrónica a partir de la década siguiente (SaKong y Koh, 2018). Dicha planificación favoreció el surgimiento y expansión de sectores considerados centrales para la transformación productiva, en su mayoría bajo control privado, junto con empresas públicas en rubros definidos como de interés nacional.

En paralelo al apoyo a los sectores favorecidos por la política oficial, se implementaron mecanismos de evaluación y sanción orientados a premiar el desempeño de los conglomerados que cumplían con los objetivos definidos por la política oficial y castigar a aquellos que no lo hacían (Amsden, 1989; Sevares, 2010). Tal combinación de incentivos y disciplina fortaleció el papel coordinador del Estado sobre el aparato productivo. A estas características centrales del modelo surcoreano se añadió la orientación de la política hacia la inversión extranjera, subordinada a criterios de transferencia tecnológica (Chang, 2006). De ese modo, Corea logró una autonomía relativa en su proceso de modernización y evitó quedar subordinada al capital foráneo.
En términos generales, la teoría del estado desarrollista ofrece una herramienta analítica útil para comprender el proceso de industrialización de Corea del Sur. No obstante, ciertas características específicas del caso, que no suelen estar contempladas en las formulaciones más convencionales de este paradigma, también fueron determinantes para su trayectoria. Entre ellas, pueden señalarse la escasez de recursos naturales, la ausencia de una clase terrateniente poderosa, el tamaño reducido del mercado interno y la permanente amenaza militar en la península, factores que incentivaron una estrategia exportadora intensiva en trabajo y
tecnología. A esto se sumó la herencia institucional del período colonial japonés, caracterizada por una administración eficaz y una cultura estatal de planificación, que sentó las bases para una burocracia moderna y cohesionada, luego aprovechada por el régimen desarrollista (Kohli, 1994). Por otra parte, no puede remarcarse lo suficiente la importancia que tuvo el respaldo geopolítico de Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría (López Mateo y Nagy, 2024; Nolan, 2012; Park, 1999), ya que el financiamiento de déficits fiscales y de cuenta corriente, la transferencia de tecnología y la apertura de mercados para las exportaciones surcoreanas ofrecieron condiciones externas excepcionalmente favorables.
La convergencia de los factores arriba mencionados, que en gran medida exceden los elementos considerados por el marco teórico del estado desarrollista o las explicaciones centradas en variables institucionales, creó un entorno poco replicable para la industrialización periférica. En el recurrente debate sobre la comparación con los procesos latinoamericanos de industrialización en la posguerra, conviene tener presente que la ausencia en América Latina de muchas de estas singularidades obliga a adoptar una postura prudente frente a las comparaciones y, sobre todo, a evitar extrapolaciones mecánicas de modelos o recetas de política.

En síntesis, el periplo de la República de Corea confirma que el desarrollo económico no ocurre de manera espontánea a partir del funcionamiento de los mecanismos de libre mercado. Por el contrario, responde a una acción institucional deliberada, orientada a transformar las estructuras productivas y sociales de una nación. En el caso del país asiático, esa acción fue impulsada de forma decisiva por su Estado, el que asumió un papel protagónico al definir prioridades, distribuir recursos, articular una estrategia industrialista concertada y disciplinar tanto al capital como al trabajo. Su papel superó con creces cualquier concepción limitada a la simple corrección de “fallas de mercado”.
Sin embargo, esta experiencia también deja en claro que la voluntad política o la capacidad técnica del aparato estatal, por sí solas, no garantizan el éxito. El desarrollo depende de un conjunto de factores histórico-estructurales que condicionan el alcance y la eficacia de la acción estatal. Se trata de bases profundas que marcan los límites de lo posible dentro de un determinado contexto histórico. Pero, al mismo tiempo, también existen factores que operan en sentido contrario y pueden ampliar ese margen de maniobra; combinaciones específicas de arreglos institucionales, capacidades previamente acumuladas y coyunturas geopolíticas favorables que pueden abrir ventanas de oportunidad. Aprovechar esas condiciones, desde ya, requiere una conducción política con un proyecto de transformación productiva y la capacidad de sostenerlo en el largo plazo. En definitiva, las especificidades de la Corea de posguerra evidencian que el desafío para los países que aún permanecen en la periferia del sistema económico mundial no es reproducir mecánicamente su recorrido. Lo que se requiere es aprender críticamente de sus enseñanzas y adaptarlas a las condiciones particulares de cada contexto nacional.