Resumen 

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como toda decisión política, responden a un contexto social, económico, cultural y político específico. Los magistrados judiciales, aunque deben mantener independencia e imparcialidad, no son ajenos a
su historia ni a sus posiciones ideológicas sobre los temas que definen a una sociedad.
Como integrantes del poder político del Estado, los jueces desempeñan un rol fundamental en la definición de la estructura y el funcionamiento social, político, económico y cultural de la sociedad. Sus decisiones no solo ejercen una función jurídica sino también política, reflejando posicionamientos ideológicos y concepciones particulares sobre cómo debe organizarse la sociedad y qué valores deben prevalecer.
Este trabajo analiza los argumentos de tres fallos emblemáticos en materia económica y social: «Ercolano» (1922), «Peralta» (1990) y «Vizzoti» (2004), desde la perspectiva de la ideología de la desigualdad de Piketty. 

 Palabras clave

                        Ideología de la desigualdad, jurisprudencia económica y social, corte suprema de justicia de la nación

                                                                         Abstract

The rulings of the Supreme Court of Justice of the Nation, like any political decision, respond to a specific social, economic, cultural, and political context. Although judicial magistrates must maintain independence and impartiality, they are not immune to their history or their ideological positions on the issues that define a society.
As members of the political power of the State, judges play a fundamental role in defining the social, political, economic and cultural structure and functioning of society. Their decisions not only have a legal function but also a political one, reflecting ideological positions and particular conceptions of how society should be organised and what values should prevail. This paper analyses the arguments of three landmark rulings on economic and social issues: «Ercolano» (1922), «Peralta» (1990) and «Vizzoti» (2004), from the perspective of Piketty’s ideology of inequality.

                                                                        Keywords

                        Ideology of inequality, economic and social jurisprudence, supreme court of justice of the nation

Introducción

Los jueces de la Corte Suprema no son ajenos a su ideología ni al contexto de la época en que deciden. No tienen obligación de resolver en un plazo específico, pero eligen el momento en que lo hacen.
Toda sociedad desigualitaria se caracteriza por respuestas más o menos coherentes sobre el régimen político y el régimen de propiedad. Estas respuestas tienen implicaciones intelectuales, institucionales y fiscales (Piketty, 2019). La desigualdad, sostiene el autor no es económica ni tecnológica: es ideológica y política.
El mercado, la competencia, los salarios, el capital y la deuda son construcciones sociales e históricas que dependen del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidimos sostener.
Este trabajo analiza tres fallos emblemáticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Ercolano” (1922), “Peralta” (1990) y “Vizzoti” (2004), en los que el máximo tribunal fijó distintas posturas desde lo que denominaremos la ideología de la desigualdad. En “Ercolano” se discutió el congelamiento de alquileres para viviendas, comercio e industria en un contexto de emergencia habitacional. En “Peralta”, mediante la Resolución de Necesidad y Urgencia 36/1990, se ordenó que los depósitos bancarios que excedieran determinada cantidad fueran convertidos en bonos de deuda pública (BONEX 1989), enfrentando el derecho de propiedad de los ahorristas contra el Estado Nacional que, según la Corte, defendía la unidad nacional ante una crisis económica. En “Vizzoti” se analizó la indemnización por despido sin justa causa del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya modificación legislativa la reducía por debajo del 33 % de las remuneraciones habituales, confrontando los derechos laborales contra los intereses empresariales.
Como ha señalado Nussbaum (2014), toda sociedad necesita reflexionar sobre la estabilidad de su cultura política y la seguridad de sus valores más apreciados en épocas de tensión. Las sociedades deben pensar en sentimientos como la compasión ante la pérdida, la indignación ante la injusticia o la limitación de la envidia en aras de una simpatía inclusiva. Estos tres casos representan, precisamente, momentos de tensión en los que la Corte debió definir el alcance de derechos fundamentales en conflicto: en el primero, el derecho de propiedad enfrentó al derecho a la vivienda digna; en el segundo, el derecho de propiedad se contrapuso con la preservación de la unidad nacional; en el tercero, por último, el alcance de las indemnizaciones laborales enfrentó derechos de trabajadores contra intereses empresariales.

Aunque los casos “Ercolano”, “Peralta” y “Vizzoti” se resolvieron bajo constituciones diferentes y en contextos históricos diversos, los tres abordaron cuestiones centrales vinculadas al modelo de país y a la distribución de derechos y obligaciones entre distintos sectores sociales.

El análisis de estos fallos nos permitirá identificar las concepciones ideológicas subyacentes en las decisiones del máximo tribunal y evaluar su impacto en la construcción de una sociedad más o menos igualitaria.

La ideología de la desigualdad

Piketty (2019) sostiene que todas las sociedades necesitan justificar sus desigualdades. Sin razón de ser, el edificio político y social amenazaría con derrumbarse. Por eso cada época genera discursos e ideologías que legitiman la desigualdad tal como existe o debería existir, describiendo las reglas económicas, sociales y políticas que estructuran el sistema político.
Esta situación se refleja en leyes emanadas de legislaturas provinciales o nacionales, y en políticas de los poderes ejecutivos que solicitan a la sociedad «hacer un esfuerzo» o «esperar» para recibir los frutos de determinadas políticas.
Estas decisiones ideológicas definen cómo se redistribuye la riqueza y cuánto queda de la renta empresarial en manos de los trabajadores. Agrega el autor (2019) que todo régimen desigualitario reposa sobre una teoría de las fronteras y una teoría de la propiedad. Entiende, además, que es necesario determinar quiénes forman parte de la comunidad política y quiénes no, sobre qué territorio y en torno a qué instituciones debe estructurarse, y cómo organizar sus relaciones con otras comunidades.
Como desarrollaremos, en distintas épocas y a través de estos tres casos, veremos cómo se distribuyó el derecho de propiedad en las relaciones propietarios-inquilinos, ahorristas-Estado, y empleadores-trabajadores, y cuál fue la postura ideológica de la Corte Suprema. En este sentido, Piketty (2019) se pregunta: ¿bajo qué modalidades es admisible poseer tierras, inmuebles, empresas, recursos naturales, conocimientos o activos financieros? ¿De acuerdo con qué sistema legal debemos organizar las relaciones entre propietarios y no propietarios?
En este sentido, el autor sostiene que el régimen de propiedad, al igual que el sistema educativo y fiscal, influye de manera determinante en la estructura de las desigualdades sociales y en su evolución (Piketty, 2019). Por ello, entiende que el mercado, la competencia, los salarios, el capital, la deuda y la competitividad no existen como tales: son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidimos establecer.
Estas decisiones dependen de la interpretación que cada sociedad hace de la justicia social y de las relaciones de poder entre diferentes grupos.
Estas construcciones son establecidas por mayorías políticas en contextos determinados. Cada persona puede tener su propia definición de desigualdad o de cómo dividir la renta, pero cómo se hace efectivamente depende de las mayorías y minorías en cada momento histórico y de las instituciones que procesan esas decisiones. En este marco, el poder judicial, y particularmente la Corte Suprema, cumple un papel fundamental al interpretar el alcance de los derechos y al resolver los conflictos entre diferentes pretensiones legítimas.
Una sociedad justa, afirma Piketty (2019), es la que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible: educación, salud, derecho al voto y participación plena en la vida social, cultural, económica, cívica y política. La sociedad justa también organiza las relaciones socioeconómicas, de propiedad y la distribución de renta y riqueza.

En nuestro caso, estas definiciones sobre distribución de riqueza y derecho de propiedad fueron establecidas por la Corte Suprema en tres momentos históricos críticos: 1922, 1990 y 2004. En cada uno de estos momentos, el máximo tribunal debió optar entre diferentes concepciones sobre el alcance del derecho de propiedad, el papel del Estado en la economía y la protección de los sectores más vulnerables. Sen (2011) entiende que la justicia no consiste solo en conseguir una sociedad perfectamente justa, sino también en evitar la injusticia manifiesta.
Por otro lado, Busso y Messina (2020) sostienen que la redistribución insuficiente y la desigualdad de oportunidades son las características principales de un contrato social fracturado en América Latina. Un contrato social es un acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad para definir derechos y responsabilidades mutuas. En América Latina este contrato está fracturado, con segmentos de la sociedad segregados geográficamente que disfrutan de servicios de calidad diferente. Aunque se ha vuelto más inclusivo en las últimas décadas, la agenda sigue abierta y algunas tendencias son preocupantes.
Vale preguntarse qué puede hacer una persona sin vivienda garantizada, o despedida con una indemnización inexistente, o alguien cuyos ahorros fueron convertidos en bonos estatales por una crisis política. Estas preguntas nos remiten a la noción de capacidades desarrollada por Martha Nussbaum. En este sentido, Nussbaum (2011) se pregunta: ¿qué son las capacidades? Son las respuestas a “¿qué es capaz de hacer y de ser esta persona?”. Son lo que Sen llama “libertades sustanciales”, un conjunto de oportunidades interrelacionadas para elegir y actuar. La capacidad de una persona refiere a las combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta factible alcanzar. No son simples habilidades internas, sino que incluyen las libertades u oportunidades creadas por la combinación entre facultades personales y el entorno político, social y económico.
La libertad individual es esencialmente un producto social y existe una relación de doble sentido entre los mecanismos sociales para expandir las libertades individuales y el uso de esas libertades individuales no solo para mejorar las vidas respectivas sino también para conseguir que los mecanismos sociales sean mejores y más eficaces. El análisis y la evaluación de la política económica y social ha de ser sensible a estas conexiones (Sen, 2000).
Tomando las palabras de Nussbaum y de Sen, las capacidades de cada persona, combinadas con las condiciones sociales, políticas, económicas y de distribución que el “derecho determine”, fundamentarán si una sociedad es más justa e igualitaria. En este sentido, las decisiones judiciales que analizaremos no solo resolvieron conflictos individuales, sino que contribuyeron a configurar el entorno institucional que amplía o restringe las capacidades de amplios sectores de la población.
Piketty (2019) propone tres ideas relevantes. Primero, la igualdad de acceso a bienes básicos debe ser absoluta: la participación política, la educación o la salud no pueden proporcionarse de forma más amplia a determinados grupos, privando a otros del derecho al voto o acceso a la participación política, educación o salud. La cuestión sobre dónde terminan los bienes fundamentales forma parte del debate según la sociedad y su contexto histórico.
Segundo, el modelo de socialismo participativo propuesto está basado en dos pilares: la propiedad social y el reparto de derechos de voto en las empresas, y la propiedad temporal con circulación del capital.

Como veremos, analizaremos si los magistrados fueron más jurídicos o políticos en sus decisiones. Piketty (2019) sostiene que los tribunales constitucionales son instituciones valiosas pero frágiles. Es esencial limitar la capacidad de los gobiernos para instrumentalizarlas, pero también es importante evitar que los jueces las dañen con un uso irresponsable. El equilibrio entre activismo judicial y deferencia a los poderes políticos constituye uno de los desafíos permanentes de la jurisdicción constitucional, particularmente cuando se trata de definir el alcance de derechos en situaciones de crisis o de conflicto distributivo.

La teoría de la desigualdad a través de “Ercolano”, “Peralta” y “Vizzoti”

Ercolano (1922)

En este caso se discutió la constitucionalidad de la Ley 11.157, que prohibía cobrar durante dos años un precio mayor al del 1 de enero de 1920 por la locación de casas, piezas y departamentos destinados a habitación, comercio o industria.
Se debatió el derecho de propiedad para cobrar alquileres versus la posibilidad de contar con un techo donde habitar dignamente.
La CSJN sostuvo que cuando por la naturaleza del negocio o por otras circunstancias no fuere posible la acción eficiente del regulador común (la competencia), el propietario estaría en aptitud de imponer verdaderas exacciones bajo el nombre de precios.