Resumen 

El cambio climático se ha convertido en una problemática central de la discusión internacional de las últimas décadas. Para mitigar sus efectos y cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, la descarbonización y la transformación de la matriz energética aparecen como imperativos globales. Su consecución requiere la movilización de importantes volúmenes de financiamiento y la cooperación de una multiplicidad de actores.
En este contexto, el artículo examina la incorporación de la problemática climática y del financiamiento climático en la estrategia de los bancos multilaterales de desarrollo (BMDs), focalizando en las dos principales instituciones que operan en América Latina: el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir del análisis de fuentes secundarias, se observa, en primer lugar, que los BMDs se han convertido en actores centrales de la gobernanza de las finanzas climáticas, actuando como creadores de mercado y marcadores de agenda. Destacan, por un lado, por su papel en el cambio de concepciones sobre las intervenciones multilaterales para el desarrollo, orientadas hacia el de-risking, la movilización de inversiones privadas y la consolidación de una lógica de mercado en la acción climática. Por otro, por su trabajo conjunto en la producción de metodologías, marcos y recomendaciones, así como en la formulación de diagnósticos y compromisos presentados en diversos foros globales. En segundo lugar, el análisis del BM y el BID muestra que ambas instituciones incorporaron progresivamente la cuestión climática –considerando sus mandatos, pero también imperativos y acontecimientos externos– en sus estrategias, objetivos y operaciones, evidenciando numerosas similitudes y algunas diferencias. Estas transformaciones se orientan al cierre de la brecha de financiamiento climático mediante la catalización de inversiones, la innovación financiera y la asistencia técnica a sus países miembros para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), alejándose de su otrora predominante papel de prestamistas.

 Palabras clave

  financiamiento climático, bancos multilaterales de desarrollo, 

descarbonización, transición energética, gobernanza climática global

                                                                         Abstract

 The climate change has become a central issue in international discussions over the past decades. To mitigate its effects and comply with the commitments of the Paris Agreement, decarbonization and the transformation of the energy matrix have emerged as Agreement, decarbonization and the transformation of the energy matrix have emerged as global imperatives. Achieving these goals requires the mobilization of significant volumes of financing and the cooperation of multiple actors. In this context, the article examines the incorporation of climate and climate finance issues into the strategies of multilateral development banks (MDBs), focusing on the two main institutions operating in Latin America: the World Bank (WB) and the Inter-American Development Bank (IDB). Based on the analysis of secondary sources, it is observed, first, that MDBs have become central actors in the governance of climate finance, acting as market creators and agenda setters. On the one hand, they stand out for their role in reshaping conceptions of multilateral development interventions, increasingly oriented toward de-risking, the mobilization of private investment, and the consolidation of a market-based logic in climate action. On the other hand, for their joint work in producing methodologies, frameworks, and recommendations, as well as in formulating diagnostics and commitments presented in various global forums. Secondly, the analysis of the WB and the IDB shows that both institutions have progressively incorporated climate concerns −considering their mandates but also external imperatives and events− into their strategies, objectives, and operations. These transformations aim to bridge the climate finance gap through the catalyzation of investment, financial innovation, and technical assistance to their member countries in pursuit of the Sustainable Development Goals (SDGs), revealing numerous similarities and some differences in their respective approaches.

                                                                        Keywords

                 climate finance, multilateral development banks, decarbonization, energy transition, global climate governance

Introducción

El cambio climático se ha convertido en una problemática central de la discusión internacional pues representa una amenaza para el bienestar económico y social de las naciones y sus poblaciones, al tiempo que pone en riesgo el propio funcionamiento ecosistémico del planeta (Estenssoro et al 2., 2022). En el marco de los compromisos internacionales del Acuerdo de París , se han establecido las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La convergencia hacia un escenario de Cero Emisiones Netas (CEN) en las próximas décadas impone a los países (bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas) la necesidad de transformar la estructura económica en general, y la matriz energética en particular, incorporando energías limpias y practicas eficientes a fin de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, además de pre
servar la biodiversidad y reducir la contaminación.
Las transiciones energéticas (Serrani, 2020) nacionales aparecen en el centro de las preocupaciones, en tanto demandan ingentes masas de recursos con el fin de reducir paulatinamente la dependencia de los combustibles fósiles. El sendero de descarbonización incluye, además del despliegue de capacidades materiales, la implementación de reformas institucionales, la formulación de políticas energéticas y la deconstrucción y construcción de ideas y narrativas. Asimismo, la actual transición energética difiere de las previas en tanto se exige que sea “justa” y “sostenible” (Rivera Albarracín, 2019). Los desafíos son especialmente importantes en los países de sur global, que por su inserción dependiente y subordinada experimentan restricciones macroeconómicas y financieras que impactan en la sostenibilidad de sus transiciones (Hansen et al., 2018).
En este escenario, los bancos multilaterales de desarrollo (BMDs) aparecen como instituciones centrales de las finanzas climáticas. A lo largo de su historia, estos organismos han crecido en tamaño y complejidad, incorporando diversas problemáticas a su agenda de desarrollo (Nemiña & Val, 2021), incluyendo las temáticas climática, verde y sostenible. Para ayudar a avanzar en acciones de descarbonización en los países prestatarios, los BMDs parecen presentar ventajas que exceden su rol de prestamistas, ligadas a su expertise técnica, capacidad para movilizar recursos de terceros y diagramar soluciones integrales, entre otras (Attridge et al., 2020). Sin embargo, no se encuentran exentos de críticas, pues la capacidad limitada para responder a las demandas de los países prestatarios se hace más evidente por las crecientes necesidades de financiación climática, redundando en llamados a su reforma para que coordinen sus acciones y sean mejores, más grandes y efectivos en la asistencia para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (G20, 2024).
Este trabajo buscará presentar una primera aproximación al problema de la incorporación de la temática del cambio climático y su financiamiento en la agenda de los dos bancos multilaterales de desarrollo más importantes que operan en América Latina, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A partir del análisis de fuentes secundarias (documentos y bibliografía especializada) caracterizaremos primero el papel de los BMDs en la gobernanza climática global, abordando el problema del financiamiento climático a la transición energética, los cambios experimentados en el paradigma de su intervención, así como sus principales instancias de su acción conjunta. Luego, y más específicamente, se buscará identificar y comparar la incorporación de la problemática climática en las estrategias y mandatos institucionales de ambas instituciones, así como identificar algunos de sus principales compromisos y acciones recientes.

El papel de los BMDs en la gobernanza climática global

La transformación en el sector energético (entre otros) es uno de los procesos más relevantes para abordar la triple crisis planetaria que involucra cambio climático, pérdida de biodiversidad y polución, (OCDE, 2025), permitiendo avanzar hacia economías más verdes, neutrales en carbono y resilientes. Adicionalmente, la transición a sistemas energéticos más “limpios” permite no solo garantizar y diversificar el suministro de electricidad o potenciar la creación de empleo y desarrollo económico e industrial; sino también responder a los rápidos avances tecnológicos hacia soluciones rentables (Vázquez et al. 2018).

En este sentido, la mitigación y adaptación al cambio climático, especialmente en los países exige el involucramiento de una multiplicidad de del sur global (3), actores, políticas y mecanismos que financien transformaciones en la infraestructura, el transporte y la capacidad productiva, difundiendo a su vez conocimientos y tecnologías. Como dijimos, las necesidades de financiamiento e inversión son enormes. Entre las muchas estimaciones existentes, encontramos que De Miguel et al. (2024) recupera datos de IRENA e IEA y muestra que, en el período 2021 – 2050, para lograr las metas climáticas del 1.5 °C a nivel global se requiere un flujo de inversión anual en el sistema energético de 4.4 billones de dólares. En la misma línea, se estima que para transitar hacia las emisiones netas cero para 2050 se requiere duplicar el monto de inversión en el sistema energético. En 2021 se invirtieron 2.2 billones de dólares en el sistema energético mundial, de los cuales 0.8 billones fueron en combustibles fósiles y 1.3 billones en energías limpia. Para 2030, el escenario de políticas establecidas y anunciadas por los gobiernos, la inversión en el sistema energético llegaría a 2.5 billones de dólares, mientras que en el escenario de CEN la inversión asciende a 4.4 billones de dólares. Las estimaciones de las inversiones anuales necesarias para la transición energética de América Latina y el Caribe (ALC) varían considerablemente, oscilando entre los 20 mil millones y los 700 mil millones de dólares, según su alcance (sectores aplicables), la política o el escenario de transición energética y su finalidad (si la inversión se orienta únicamente a los objetivos de mitigación o tanto a los objetivos de mitigación como a los de adaptación) (Palacios y Guzmán Ayala, 2023).

Entre los actores, encontramos a los BMDs. Estos, según su mandato, tienen objetivos intrínsecamente relacionados con el desarrollo, para lo cual orientan recursos hacia diversas áreas, incluyendo (en las últimas décadas) las problemáticas ligadas tanto a la crisis climática y ambiental como a la transición energética. A diferencia de los bancos privados de inversión, los BMDs adoptan una lógica cooperativa y son de propiedad de los países miembro, otorgando financiamiento (4) para proyectos y asistencia técnica para países en desarrollo, dirigiéndose tanto a prestatarios soberanos como a no soberanos (Molinari, Patrucchi y Gasparini, 2022). 

A pesar de sus objetivos declarados, los montos necesarios para la transición energética no pueden ser cubiertos por los BMDs, que cuentan con recursos limitados y deben atender una multiplicidad de prestatarios y destinos, manteniendo su solidez financiera. Esta capacidad prestable restringida y las crecientes necesidades y demandas de los países en desarrollo (en general, y en términos de financiamiento climático en particular) ha entrado en tensión y los ha convertido en blanco de críticas (Molinari y Patrucchi, 2020). 

En este escenario se observa que en los últimos años han redefinido su rol, que se ha orientado en mayor grado a la catalización y apalancamiento de inversiones privadas (Cárdenas et al., 2021), lo cual implicó un cambio tanto en la concepción del desarrollo como en la gobernanza climática global. Los BMDs (5) articularon una nueva visión del desarrollo centrada en la reorganización de las intervenciones en torno a asociaciones con las finanzas mundiales (6), oportunidades de inversión en activos en las que el sector oficial protege a los inversores de lo que exige la creación de los riesgos (7) asociados (de-risking) por medio de diversos mecanismos e instrumentos (Gabor, 2019 y 2021), De la misma forma, se ha aceptado de manera generalizada la sinergia entre las lógicas de mercado y la de las políticas del sector público: el hincapié en las alianzas con los actores privados, el aprovechamiento de sus fondos y el financiamiento mixto (blended finance) constituye una gobernanza climática global impulsada por fundamentos de mercado (Bracking & Leffel, 2021) (8).

Es así que los BMDs se han posicionado en el nexo entre los sectores público y privado, por lo que parte del debate sobre la consecución de los ODS ha pasado de preocuparse por la distribución de sus préstamos a centrarse en su capacidad de movilizar los recursos de y armonizar los flujos financieros actores privados (Choi & Laxton, 2023). En relación con la transición energética, presentan una serie de ventajas para reducir la brecha de inversiones: i) el suministro de capital asequible de largo plazo (patient capital), clave frente a los altos costos iniciales de capital y los largos períodos de desarrollo y amortización de la infraestructura en energías renovables; ii) su expertise técnica, dada por su mayor conocimiento sectorial y sus equipos de ingenieros y expertos en seguimiento y evaluación; iii) su involucramiento brinda señales de credibilidad, contribuyendo a mitigar, en cierta medida, los riesgos asociados a invertir en determinados países (country risk) y, a partir del efecto demostración, superar el desafío de “mover primero” (first mover); iv) su capacidad para generar planteamientos coordinados e integrales que involucran enfoques programáticos, y diversos instrumentos y estructuras de financiación (10) (Attridge et al., 2020).

Podemos decir entonces que los BMDs son actores económicos, políticos y simbólicos centrales en tanto “creadores de mercado” y “marcadores de agenda”: sus carteras de préstamos, resultados de investigación, normativas, condicionalidades y cursos de formación configuran las prácticas de desarrollo, al señalar a los actores públicos y privados la viabilidad y pertinencia de las inversiones e intervenciones (Bazbauers, 2025). La necesidad de abordar la crisis climática, la transición energética, la recuperación socioeconómica sostenible y la seguridad energética convergió en una respuesta coherente (al menos en el discurso) por parte de los BMDs (McCallum et al.,2022). En este escenario, en la última década han buscado organizarse de forma conjunta para potenciar su impacto y reducir la persistente brecha de financiamiento, considerando que el aprendizaje entre pares y el intercambio de mejores prácticas contribuyen a la escalabilidad de sus acciones (Choi & Laxton, 2023).Podemos identificar al menos dos dimensiones de esta colaboración. 

La primera es la construcción de marcos y metodologías comunes para identificar y alinear la financiación climática con el Acuerdo de París y los objetivos de mitigación y adaptación (11).  Entre ellos encontramos los Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking  elaborados por un grupo de BMDs (12) y un grupo de representantes de los bancos miembros del International Development Finance Club (IDFC).  Los Principios Comunes consisten en un conjunto de definiciones y directrices, así como una lista de actividades elegibles que permiten identificar y contabilizar los flujos financieros orientados a la mitigación del cambio climático, y que son aplicados por los BMDs para su seguimiento y presentación de informes. Fueron diseñados para su uso en evaluaciones ex ante y se centran en el tipo de actividad que se va a ejecutar, no en su finalidad, origen de los recursos financieros o impacto real en la mitigación. También han desarrollado los Joint MDB Methodological Principles for Assessment of Paris Agreement Alignment, una serie de principios metodológicos conjuntos para informar y facilitar las evaluaciones de sus nuevas operaciones de financiación. De los principios se derivan guías metodológicas y herramientas para aplicar a sus procesos y procedimientos internos, con el fin de determinar si sus diferentes operaciones (13) están alineadas o no con los objetivos de  mitigación y adaptación. La segunda es la sistematización y cuantificación de sus intervenciones de financiamiento climático. Los Joint Report on Multilateral Development Banks Climate Finance, ofrecen una visión detallada de la financiación destinada a la mitigación y adaptación al cambio climático (incluyendo las metodologías uniformes que utilizan), detallando la asignación de fondos por sector, por tipo de instrumento financiero, por región y nivel de ingresos de los países prestatarios. Los reportes se publican desde 2012 (con datos correspondientes a 2011), añadiendo desde 2015 informes conjuntos sobre la cofinanciación climática y a partir de 2019 (con el fin de lograr una mayor transparencia y coherencia) informando sobre todas las economías en las que operan (BEI, 2024).

Estas iniciativas, entre otras, son impulsadas por diagnósticos, metas y compromisos colectivos que acompañan la intervención de los BMDs en el marco de foros de coordinación y diálogo multilateral, de los que son protagonistas centrales y también objeto de discusiones, debates y propuestas de reforma (Walle, 2025). Entre ellos encontramos la declaración conjunta de los BMDs en la COP24 de 2018, donde reiteraban el compromiso de alineamiento de sus operaciones con el Acuerdo de París, lo que dio lugar al ya mencionado Joint MDB Methodological Principles for Assessment of Paris Agreement Alignment y la más reciente declaración en la COP 29 de 2024 en la que informaban un aumento del 25 % en la financiación climática indirecta y una duplicación de la movilización de fondos para iniciativas climáticas durante el año anterior, presentando también una serie de documentos orientados a mostrar el fortalecimiento progresivo del trabajo conjunto. Entre ellos encontramos tanto declaraciones como la Viewpoint Note: MDBs Working as a System for Impact and Scale y la Country Platforms for Climate Action – MDB Statement of Common Understanding and Way Forward, (orientadas a remarcar su rol como movilizadores de sector privado, y articuladores de esfuerzos entre este, los países y los donantes) como nuevos avances metodológicos como el Common Approach to Measuring Climate Results: Update on Indicators, definido como el marco común para definir, medir y vincular los avances mundiales en materia de mitigación y adaptación al cambio climático con los resultados climáticos de las actividades de los BMDs. Esta acción cooperativa y relativamente coherente relacionada con la crisis climática y las necesidades asociadas fue acompañada, a su vez,
por un trabajo de revisión de mandatos, objetivos, estrategias y temáticas prioritarias dentro de las estructuras institucionales de los diferentes BMDs. Nos adentraremos entonces en el análisis de dos de ellos.

La cuestión climática y su financiamiento: las agendas
y abordajes del BM y el BID

Cada uno de los BMDs han incorporado progresivamente la cuestión climática, junto con la transición energética, entre las problemáticas ligadas al desarrollo que, por su mandato, deben atender. Estas han ocupado un lugar cada vez preponderante durante la última década a partir de dos hitos: el Acuerdo de París, que alineó los debates en torno al logro de los ODS, y la crisis sanitaria del Covid-19 (seguida de la guerra en Ucrania, que desató una crisis energética a nivel mundial), que impulsó la denominada “agenda verde” en sus operaciones () Nos ocuparemos de aquí de las dos instituciones de financiamiento al desarrollo más importantes que operan en América Latina, el BM y el BID.

El Grupo Banco Mundial

El cambio climático, sus consecuencias y su relación con el tradicional problema del desarrollo fue incorporándose paulatinamente en las discusiones del Grupo Banco Mundial (GBM) (14) en la década pasada. En octubre de 2013, el GBM lanzó una ambiciosa estrategia institucional (la primera que englobó a sus cuatro instituciones de asistencia: BIRF, AIF, CFI y OMGI) que buscó cambiar su forma de trabajar con los países prestatarios para aumentar la selectividad, priorizar los compromisos “transformadores” y promover asociaciones público-privadas (15). La estrategia presentó los dos objetivos para guiar su acción (GBM, 2013a): acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, que se debían alcanzar con sustentabilidad social, económica y ambiental, lo cual supone un fuerte compromiso con la adaptación y mitigación (GBM, 2013b). De esta manera, la estrategia del GBM parecía dar un paso al frente en términos de cambio climático, pues al considerarlo una amenaza generalizada que afecta fundamentalmente a los países más pobres, ya lo incluía como uno de los cuatro temas de “aprendizaje y colaboración conjuntos” del Grupo (Gelb, 2013).

En 2016, en su documento Forward Look la búsqueda de sus dos objetivos se alinea con la consecución de los ODS y el Acuerdo de París (Comité de Desarrollo BM-FMI, 2016). Para liderar la agenda ligada a los bienes públicos, además del Plan de Acción Climática y la revisión de sus capacidades financieras, el BM se comprometió a (i) aumentar, durante una década, sus préstamos destinados a los países de renta media-baja, incluidos aquellos graduados de la AIF (que se proyectaba aumentarían); (ii) ampliar la oferta de productos para los países de renta media-alta, incluyendo el financiamiento conjunto con otros BMDs, servicios de asesoramiento reembolsables, garantías e instrumentos a medida, entre otros; y (iii) mejorar el trabajo con el sector privado a partir de mejorar las políticas, crear instituciones creíbles, reducir los riesgos (de-risking) y resolver las fallas de mercado en los países prestatarios.

La discusión sobre las necesidades de financiamiento de los ODS y el rol de las Instituciones financieras internacionales se reflejó progresivamente en los documentos del GBM. En 2017, en el marco de la iniciativa conjunta de los BMDs y el FMI, “De miles de millones a billones”, el Banco menciona estar aumentando el nivel de financiamiento disponible para apoyar los esfuerzos de los países prestatarios. Asimismo, y en concordancia con la priorización de los recursos del sector privado (tanto nacionales como extranjeros) para invertir en programas, proyectos y otros mecanismos, con el objeto de reducir los riesgos y los costos operativos, el GBM adoptó un enfoque de financiamiento en “cascada”. De acuerdo a este enfoque, las soluciones ligadas al sector privado deben ser consideradas primero, seguidas de las público-privadas y, solo cuando las dos primeras no fueran viables, entrarían aquellas del sector público, respetando las normas ambientales, sociales y fiscales, así como los criterios de buena gobernanza. Su objetivo era permitir que los recursos públicos se desplegasen estratégicamente para facilitar las reformas y ampliar proyectos que pudieran financiarse con capital comercial y privado. Dicho enfoque fue aplicado especialmente en proyectos de infraestructura y, a través de la primera emisión de bonos vinculados a los ODS, se buscó aumentar el compromiso de los inversores. En este sentido, el GBM fue un pionero del enfoque que busca soluciones del sector privado para alcanzar los ODS, al tiempo que reserva el financiamiento público para áreas críticas en las que la participación del sector privado no es óptima o no está disponible (Mohieldin, Subramaniam & Verbeek, 2018).

Luego de la pandemia, y con el objetivo de abordar mejor la problemática del desarrollo y los desafíos transfronterizos, como el cambio climático, las pandemias y la fragilidad, el conflicto y la violencia, el BM presentó una hoja de ruta llamada Evolution Roadmap (GBM, 2022a), que inauguró una nueva revisión de su misión, así como de su modelo operativo y financiero. El organismo reafirmó su compromiso de asistir a todos sus miembros, reconociendo también la necesidad de trabajar para aumentar su impacto y colaborar más eficazmente con otros BMDs, IFIs y otros socios internacionales. Allí reconoce que la crisis del desarrollo plantea desafíos globales a sus “objetivos gemelos” (pobreza extrema y prosperidad compartida), lo cual habilitaría (entre otras cuestiones) un mayor énfasis en la problemática climática y en la necesidad de avanzar en la descarbonización. En relación con la dimensión financiera, el Grupo mantiene la importancia de crear sinergias con el sector privado y reconoce la necesidad de fortalecer el modelo financiero y aumentar los recursos, así como de revisar su caja de herramientas. Sin embargo, algunos analistas expusieron que, aun reconociendo la insuficiencia de las subvenciones y el financiamiento concesional, se presentan también dudas sobre cómo se movilizarían los recursos y se distribuirían entre sus diferentes grupos de prestatarios (Mathiasen & Landers, 2023).
Sobre las mencionadas herramientas, encontramos innovaciones relacionadas con la problemática de la adaptación considerada prioritaria (Malpass, 2021), como el “conjunto integral de herramientas (toolkit) para apoyar a los países ante desastres naturales” que incluye financiamiento contingente, seguros y bonos catastróficos (Dimond, 2023), los cuales resultan particularmente beneficiosos para los pequeños Estados insulares; la Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat Bonds, por sus siglas en inglés), que permite a los países de la AIF y del BIRF acceder a financiamiento contingente inmediato para hacer frente a desas
tres naturales y/o emergencias sanitarias, aunque otorga montos limitados; y la Opción de Desembolso Diferido para Proyectos de Inversión (IPF-DDO, por sus siglas en inglés) que faculta a los países de la AIF a incorporar un componente de financiamiento contingente dentro de sus proyectos de inversión, lo que representa un instrumento potencialmente más poderoso (Dimond, 2023). Además, el Grupo del Banco Mundial ha asumido el compromiso de introducir las Cláusulas de Deuda Resiliente al Clima (Climate Resilient Debt Clauses, CRDCs), que permiten suspender temporalmente los pagos de intereses si un país −especialmente uno vulnerable− sufre un desastre climático. Barbados ha incorporado estas cláusulas en la mayor parte de su deuda externa. 

En 2024, en relación con lo planteado en su Roadmap, el BM muestra avances para poner en práctica la nueva misión de “acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en un planeta habitable” (Comité de Desarrollo BM-FMI, 2024). En línea con los compromisos tomados en la COP 28 de 2023, el organismo anunció que para fines de 2025 destinaría el 45 % de su financiamiento hacia proyectos relacionados con el clima, dividiéndolos en partes iguales entre adaptación y mitigación del cambio climático. Específicamente, el BIRF buscaría aumentar sus recursos disponibles en 50 mil millones de dólares (sin afectar su calificación AAA) en los próximos diez años a través de medidas como la reducción de la relación capital-préstamo; el capital híbrido proveniente de los accionistas o de socios para el desarrollo; y la plataforma de garantías de cartera.

Estos desarrollos también se reflejan en el plan de acción climática del Grupo a nivel global (GBM, 2021), que continúa y profundiza aquel desarrollado durante 2016-2020, y del cual se desprende una hoja de ruta específica para ALC que abarca el período 2021-2025. En tanto en ALC las emisiones de los sistemas energéticos, principalmente las vinculadas a los combustibles fósiles, representan el 43 % del total, la energía y el transporte aparecen entre los sistemas prioritarios para las acciones climáticas del GBM. Según el plan mencionado, las líneas de acción iniciales deberán potenciar las iniciativas para lograr que los activos y las redes sean más resilientes frente al cambio climático; descarbonizar la generación de energía, los sistemas de transporte y la manufactura; aumentar la inversión privada en energías renovables; y desarrollar combustibles con bajas emisiones de carbono y
recursos de litio (GBM, 2022b), entre otros.
Para su logro, el BM establece el objetivo de destinar un promedio del 35 % de la cartera de préstamos hacia el financiamiento climático durante el período, de los cuales al menos el 50 % de la AIF y del BIRF se destinaría a la adaptación, reflejando la demanda específica de cada país, junto con la divulgación de información sobre las emisiones brutas y netas de GEI, y la aplicación de un precio sombra del carbono para todas las inversiones materiales. Asimismo, los fondos en condiciones concesionarias brindarían recursos clave para apoyar la inversión, la generación de capacidades y los servicios de asesoría para la ejecución de la mencionada hoja de ruta.
En el sector energético, el BM tiene como objetivo acelerar una transición equitativa y justa, focalizándose en el acceso a la energía para poblaciones pobres y vulnerables, a partir de la ampliación de los conocimientos y el financiamiento.
Durante el período 2019-2023, el BM (compuesto por el BIRF y la AIF): (i) comprometió alrededor de 15 mil millones de dólares para posibilitar la generación de energía renovable; (ii) invirtió alrededor de 6,5 mil millones de dólares para respaldar la eficiencia energética; (iii) aprobó unos $ 7,4 mil millones de dólares para apoyar el acceso a la energía; y (iv) proporcionó una conexión a la electricidad o un suministro eléctrico mejorado a alrededor de 63 millones de personas.

Entre sus variadas y numerosas acciones e iniciativas se cuentan, la visión de Scaling Up to Phase Down para catalizar el financiamiento en la transición del sector eléctrico; el programa Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation (ASCENT) que busca ayudar a países de África oriental y meridional a alcanzar el acceso universal a energía; la Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement (RISE), destinada a desarrollar cadenas de suministro diversificadas e inclusivas de productos de energía limpia en países de ingresos bajos y medios; la Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative (SRMI) que busca movilizar 850 millones de dólares financiamiento concesional para desbloquear 8 GW de energía solar y eólica en más de 20 países en desarrollo utilizando asistencia técnica, inversiones y garantías.

En relación con el sector de las industrias extractivas, al igual que el BID (ver siguiente sección), el BM se focaliza en brindar apoyo a los gobiernos para fortalecer la transparencia, la gobernanza, la capacidad institucional y el entorno regulatorio nacionales. Su labor se centra en, por un lado, asistir en las reformas en los sectores del petróleo, el gas y la minería que ayuden a los gobiernos a atraer, gestionar y materializar el potencial del sector (especialmente en relación a los minerales críticos), minimizando sus efectos negativos sociales y medioambientales; y por otro, en la aceleración de la transición energética y la acción climática mediante la reducción de las emisiones de dichos sectores. En términos de instrumentos de financiamiento, cabe mencionar el “Mecanismo para una Minería Climáticamente Inteligente”, que ayuda a la implementación de prácticas mineras sostenibles para reducir al mínimo las huellas sociales, ambientales y climáticas; así como la iniciativa de “Apoyo a la Transición Energética en las Regiones Carboníferas” para asistir a los, gobiernos en la confección de sus hojas de ruta nacionales para dejar de producir carbón.
Por otra parte, los fondos fiduciarios de múltiples donantes específicos apoyan también el compromiso del BM con los países en desarrollo. Entre ellos, cabe mencionar el “Apoyo Programático Global a las Industrias Extractivas” (EGPS, por sus siglas en inglés), que impulsa programas de transparencia y gobernanza, reformas legales y regulatorias, diversificación económica local, fortalecimiento de las instituciones y sostenibilidad social y ambiental en las industrias de petróleo, gas y minería; y la “Alianza Mundial para la Reducción de la Quema de Gas y el Metano” (GFMR, por sus siglas en inglés), centrado en ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones de dióxido de carbono y metano generadas por la industria del petróleo y el gas, entre otros. 

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo

Al igual que su “hermano mayor”, el Grupo BID (GBID) avanzó en la incorporación de estas temáticas en su agenda para la región, una de las más afectadas por los efectos negativos del cambio climático (Marchitto et al.,2023). En el último aumento general de capital del BID de 2010, la Estrategia Institucional del organismo fijó como objetivos generales para el período 2010-2015 impulsar el crecimiento sostenible y reducir la pobreza y la desigualdad (16).
Allí ya aparecía entre los cinco ámbitos prioritarios para la acción la protección del medio ambiente, incluyendo la respuesta frente al cambio climático y la promoción de la energía renovable. También se identificaba que las tareas de ampliación y desarrollo de alternativas de transporte urbano sostenible, de uso de fuentes de energía sostenibles, de tecnologías y prácticas de eficiencia energética y financiamiento del carbono; y la confección de marcos institucionales y normativos para inversiones en esos sectores,
requerirían de una mayor capacidad crediticia (Asamblea de Gobernadores BID, 2010).

En la actualización de su estrategia institucional (marzo de 2015), el BID reafirmó su adhesión a los objetivos previos e identificó tres desafíos del desarrollo: exclusión social y desigualdad; bajos niveles de productividad e innovación; e integración económica rezagada. La problemática del cambio climático y la sostenibilidad ambiental se definió como uno de los tres aspectos transversales o temas comunes, que el BID debería considerar en todos sus ámbitos de acción. Esto se vio acompañado por el reconocimiento de la necesidad de hacer frente a los efectos económicos y sociales de la mitigación y adaptación al cambio climático, y por el compromiso para que los ODS (por entonces aún en discusión) se traduzcan en metas, políticas y programas nacionales (BID, 2015). 

En un contexto de cambios institucionales (17) persistencia de las brechas de  , infraestructura sostenible e insuficiencia de los recursos para atender las necesidades de desarrollo de sus prestatarios, en una nueva actualización de su estrategia (GBID, 2019) se establece como uno de sus nuevos ámbitos prioritarios el fortalecimiento de su trabajo con los temas transversales. Entre los avances y compromisos menciona i) el apoyo técnico y financiero para cumplir con los objetivos y compromisos internacionales (en línea con la meta establecida en 2016 de duplicar el financiamiento para el clima con un 30 % de aprobaciones operacionales combinadas para 2020); ii) la integración de las consideraciones climáticas en sus operaciones (con la aprobación de un “Plan de Acción Conjunto para el Cambio Climático” y la creación de NDC Invest para transformar sus, una plataforma para que los países accedan a recursos en planes de inversión alcanzables); y iv) el “Marco de NDCs Infraestructura Sostenible”, que incorpora consideraciones económico-financieras, sociales, ambientales e institucionales, e incluye la evaluación de sostenibilidad, los estándares regulatorios, las salvaguardas, y las decisiones de política o planificación. En concordancia con la literatura presentada, también destaca la creciente importancia de su rol de catalizadores de inversiones: “liberar capital privado … se convierte así en una prioridad que requiere recursos que exceden la capacidad financiera de los bancos multilaterales” (GBID, 2019, p. 17).

Mientras en estas actualizaciones la problemática ambiental y la sostenibilidad climática aparecen solo transversalmente, a se observa un inicios de 2024 (19) quiebre con la presentación de la nueva estrategia institucional del organismo, que supone un cambio sustantivo. Dicha estrategia para el período 2024-2030 (GBID, 2024), se encuentra explícitamente alineada con la Agenda 2030. Al fijar sus prioridades, el BID establece tres objetivos críticos, que incorporan fuertemente elementos ligados a la crisis ambiental y a la transición energética. Al objetivo tradicional de reducir la pobreza y la desigualdad, se suman por un lado la necesidad de abordar el cambio climático (lo cual incluye frenar las emisiones de GEI) y, por otro, impulsar el crecimiento sostenible, promoviendo la inversión en infraestructura física y digital sostenible, resiliente e inclusiva.

Para avanzar en estos objetivos y “posicionar a la región como puntal de la naturaleza e ir más allá de la neutralidad en carbono a fin de convertirla en una región positiva para la naturaleza” (GBID, 2024, p. 20), las acciones del GBID incluirán el apoyo mediante el conocimiento y el asesoramiento técnico, el financiamiento verde y climático, la movilización y catalización de financiamiento privado, y la mejora e innovación de sus instrumentos (como canjes de deuda por medidas de conservación de la naturaleza, cláusulas contingentes de alivio de la deuda y el mecanismo planteándose (al igual que el GBM) la potencia de las sinergias BID-CLIMA) ,público-privadas.

En esta misma tónica de reforzar sus compromisos ambientales, en 2021 el GBID presentó su “Plan de acción en materia de Cambio Climático para el período 2021-2025” (GBID, 2021a) que estableció un piso de financiamiento climático del 30%. EL BID también fijó metas aspiracionales de alinear el 100% de sus nuevas operaciones con los objetivos del Acuerdo de París, para enero de 2023 y destinar un total de US$24 mil millones para financiamiento verde y climático durante el período mencionado (BID, 2021a). Asimismo, en línea con los compromisos asumidos por los BMDs y el IDFC de adoptar un enfoque conjunto, el GBID determinó diversos elementos centrales para avanzar en la transición climática, entre los que destacan dos.
El primero es el apoyo normativo a los países para la elaboración de políticas eficaces de acción climática (incluyendo aquellas sectoriales, de gestión fiscal y de incentivos para la innovación “verde” y las inversiones sostenibles), la revisión de las NDCs, el establecimiento de estrategias a largo plazo, y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de medición, información y verificación orientados a servir de insumos para la toma de decisiones y el cumplimiento de los con compromisos internacionales.
El segundo elemento es el financiamiento climático. Para subsanar la persistente brecha, fortalecer la capacidad de los países para crear sistemas financieros sostenibles, respaldar el acceso de los países a los recursos de los socios y movilizar inversiones que contribuyan a acelerar la transición, el organismo establece una variedad de instrumentos. Entre ellos encontramos la utilización de asistencia técnica y el financiamiento no reembolsable como instrumentos de reducción de riesgos en forma de garantías o inversiones de capital para crear estructuras de financiamiento innovadoras; la asistencia técnica para la adopción y la implementación de taxonomías, metodologías, procesos, prácticas de reglamentación y supervisión e instrumentos no tradicionales tendientes a canalizar y movilizar recursos para el desarrollo sostenible; el estudio de nuevas fuentes de financiamiento y la reposición y consolidación de las fuentes actuales; y el apoyo a los bancos nacionales de desarrollo para el financiamiento de infraestructura sostenible en el marco de asociaciones público-privadas, entre otras.

Finalmente, para el sector energético el BID presenta un conjunto de potenciales intervenciones tendientes a brindar a los países un apoyo flexible en relación con sus especificidades y compromisos nacionales, diferenciándose las acciones para el desarrollo de políticas y conocimiento, para financiar operaciones bajas en carbono y resilientes, y para la movilización de recursos (GBID, 2021b).
En el marco sectorial para la energía (BID, 2018), se definen cuatro problemas a resolver: el acceso a la energía, y la sostenibilidad, la seguridad y la gobernanza energéticas, para lo cual las actividades operativas y de conocimiento deben ajustarse a las realidades nacionales y las “estrategias país” en el desarrollo de una senda de descarbonización. Ello incluye las metas de acceso universal a servicios de alta calidad; la diversificación de las fuentes de energía en los países; el logro de niveles suficientes de inversión en infraestructura y el fortalecimiento de instituciones con capacidades de formulación y ejecución de políticas energéticas. De esta manera, el fuerte impulso a las energías renovables y sostenibles se encuentra en sintonía con la explicitación de que el BID no intervendría en actividades relacionadas con la energía nuclear y daría una menor prioridad a tecnologías basadas en combustibles fósiles, a menos que las inversiones se justifiquen desde una perspectiva económica (BID, 2018, p. 77) (21).

El GBID no descarta completamente sus acciones en el sector de las industrias extractivas (que incluye a los combustibles fósiles y la minería), debido al reconocimiento del importante papel que posee en ALC (22). En este sentido, la tensión entre los objetivos minero-energéticos, climáticos y fiscales de los países dificulta un proceso ordenado de transición en la región (González-Mahecha et al., 2019).
Mientras los ODS presionan por el abandono de los combustibles fósiles, los países de la región aún cuentan con estos recursos que precisan explotar para desarrollarse. A esto se suma que las nuevas tecnologías para la generación de energía renovable y la electrificación redundarán en una creciente demanda de minerales, lo cual impulsará al sector minero de la región.

El apoyo del BID a estas industrias, entonces, se orienta principalmente al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades institucionales. Es decir, se propone apuntalar el diseño y la implementación de marcos y reglamentaciones; mecanismos de diálogo con la sociedad civil y gestión de riesgos socioculturales que aseguren la sostenibilidad socioambiental; prácticas para generar mayores encadenamientos productivos para la integración y la diversificación económica del sector; planificación, la gestión de riesgo y los impactos sociales ligados a los denomina dos activos varados (stranded assets); reformas orientadas a la racionalización y/o eliminación progresiva de las políticas de subsidios a los combustibles fósiles; gestión de las finanzas públicas frente a la volatilidad de los precios y el agotamiento de los recursos; y mecanismos que aseguren la transparencia e integridad y ayuden a prevenir la corrupción (BID, 2021b).

En resumen, las recomendaciones y compromisos promovidos tanto por el BM como por el BID muestran que, durante la última década, han sido actores centrales en los debates mundiales sobre el cambio climático, la descarbonización y la transición energética. El GBM y el GIDB incorporaron estas cuestiones en sus estrategias, operaciones y objetivos institucionales, como prioridad para ayudar a sus miembros prestatarios a alcanzar los ODS. Encontramos algunas similitudes entre los diagnósticos y compromisos de ambos: la necesidad tanto de aumentar la adaptación y la resiliencia (especialmente en los países de ALC) como de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de diferentes sectores, lo que se lograría intensificando los esfuerzos hacia la transición energética y la financiación de proyectos de energías renovables, la asistencia técnica a los Estados para desarrollar marcos y políticas en sectores prioritarios alineados con los objetivos ecológicos, y la movilización de recursos privados para cerrar la brecha de financiación. También hay diferencias entre ellos: el BID parece poner más énfasis que el BM en las especificidades de los proyectos nacionales y presenta la lucha contra el cambio climático como un objetivo central (en lugar de transversal). Estos avances en cuestiones de financiación verde y climática (tanto en el Grupo del Banco Mundial como en el del BID) responden a las crecientes demandas internacionales de diversos foros para que las IFI aceleren la movilización de recursos para la adaptación y la mitigación en la financiación del cambio climático (G20, 2023) y cumplan los compromisos de colaboración asumidos conjuntamente por los BMD (BID, 2023b), así como también al nuevo paradigma de desarrollo y la lógica mercantil que prevalece en la gobernanza climática global.

Reflexiones finales

El artículo busca analizar la incorporación de la problemática climática y del financiamiento climático en la agenda de los bancos multilaterales de desarrollo (BMDs), focalizando en las dos principales instituciones que operan en América Latina: el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Partimos del reconocimiento de que la crisis climática se ha convertido en una problemática central de la discusión internacional de las últimas décadas, especialmente desde la firma del Acuerdo de París en 2015. La transformación de la matriz energética y alcanzar el escenario de CEN aparecen como imperativos que requieren importantes volúmenes de financiamiento y el involucramiento y cooperación de una multiplicidad de actores. Este desafío aparece como crítico, especialmente para asistir a los países del sur global (Incluyendo a ALC) que a pesar de ser los más afectados por el cambio climático poseen importantes restricciones financieras derivadas de su posición subordinada.

En este contexto los BMDs aparecen como instituciones centrales que, por trayectoria y capacidades, poseen ventajas relativas para acompañar los desafíos de la transformación de la matriz energética. Además, ocupan un lugar central en la configuración de la agenda global, no solo a través de sus diagnósticos, propuestas y compromisos, sino también mediante su trabajo cooperativo como sistema y el desarrollo de marcos, principios y metodologías para identificar sectores y actividades elegibles y cuantificar el financiamiento climático (podemos pensar que las actuales taxonomías de finanzas verdes y sostenibles tienen como precedentes e inspiración, entre otros, los sistemas clasificatorios formulados por los BMDs). Sin embargo, estas instituciones enfrentan críticas relacionadas con su limitada capacidad prestable, su orientación hacia la viabilidad comercial y las tensiones derivadas de las crecientes demandas de los países prestatarios. Tales críticas se vinculan, además, con el paradigma que guía sus intervenciones recientes, centrado en el de-risking, la catalización de inversiones privadas y la aceptación de la lógica de mercado como principio rector de la gobernanza climática global, lo que puede poner en riesgo la concreción de transiciones verdaderamente justas y sostenibles.
En los casos específicos del BM y del BID, se observa que la problemática climática y su financiamiento han adquirido una importancia progresiva en la última década, impulsada por acontecimientos recientes (como el Acuerdo de París, la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania) que reconfiguraron sus objetivos, estrategias institucionales e intervenciones. La preocupación por el cambio climático, la sostenibilidad y el alineamiento con la Agenda 2030 fue incorporándose en sus objetivos, estrategias y acciones institucionales, y reflejándose en sus planes de acción y en una serie de programas, iniciativas e instrumentos financieros atravesados por el enfoque que privilegia las sinergias con el sector privado, el apuntalamiento de sus inversiones y la reducción de riesgos.
Finalmente, cabe preguntarse si, más allá de su relevancia simbólica y de la coherencia discursiva que exhiben frente a la crisis climática, las dificultades persistentes de los BMDs para alcanzar sus objetivos no reflejan los límites de sus diagnósticos y de las soluciones implementadas. La posibilidad de que estas instituciones contribuyan efectivamente a transiciones energéticas justas y sostenibles en los países del sur global dependerá de su capacidad para atender de manera integral las necesidades de sus poblaciones y economías, y de que los distintos actores involucrados revisen críticamente el paradigma vigente de intervención, a fin de revitalizar el mandato histórico de los bancos multilaterales: promover un desarrollo de sus miembros.