¿Reforma o revolución?
Las críticas de la izquierda al programa económico del tercer peronismo,
1972-1974
Reform or revolution? Criticisms from the left to the economic program of the third peronism, 1972-1974
Juan Odisio (1) – Marcelo Rougier (2)
1.Doctor en Ciencias Sociales. CELA, Facultad de Filosofía y Letras, (Universidad Nacional Autónoma de México),
CDMX, México. Identificador ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6134-0103.
Correo electrónico: odisio@gmail. com
2.Doctor en Historia. IIEP, Facultad de Ciencias Económicas, (Universidad de Buenos Aires) – CONICET, Ciudad
de Buenos Aires, Argentina. Identificador ORCID: https:// orcid.org/0000-0002-7742-9222.
Correo electrónico: marcelorougier @ yahoo.com.ar
Resumen
En este artículo nos proponemos revisar las críticas que, desde la izquierda, se realizaron al programa económico del tercer peronismo (1973-1976); específicamente sobre el que tuvo aplicación a partir de la designación de José Gelbard al frente de la cartera económica y hasta su caída a fines de 1974, pocos meses después de la muerte del presi- dente Juan Perón. Este estudio es relevante porque como señaló el propio Gelbard la crítica desde las posiciones de la izquierda (peronista en particular) minarían prontamente las bases de sustentación del programa, puesto que las posiciones provenientes desde la de- recha parecían en el contexto inicial tener poca repercusión. Aún hoy, actores destacados de ese proceso sostienen que los ataques de los sectores de izquierda no hicieron más que entorpecer la aplicación de las políticas económicas, consideradas una claudicación frente a la burguesía y al imperialismo, no justipreciadas en sus verdaderas posibilidades de cambio y alternativas del capitalismo nacional.
En un primer momento describimos las ideas económicas del peronismo y cómo el programa quedó finalmente anudado al de los empresarios nucleados en la Confederación General Económica, encabezada por Gelbard, una vez que el justicialismo arribó al poder. En un segundo momento, nos abocamos a analizar diversas intervenciones que desde la izquierda criticaron ese programa (o algunos aspectos puntuales y su instrumentación). En este sentido realizamos una selección de trayectorias y críticas con el propósito de mostrar algunas coincidencias entre la izquierda peronista y la no peronista o de extracción marxista (maoísta, trotskista, etc.), a la vez que recuperar aquellos análisis más sofisticados o con una mayor argumentación técnica, dada la predominancia de discursos e intervenciones de naturaleza más “política” durante el período. Para algunos de estos críticos ese programa era a todas luces insuficiente, principalmente porque no se proponía como horizonte el socialismo, y porque la orientación estaba definida principalmente por un sector social (los empresarios nacionales) que no estaban dispuestos a ir allende sus intereses de clase. En este sentido, el contenido social del Estado limitaba las posibilidades de una construcción estratégica no capitalista. En esencia, para los sectores de izquierda, el programa económico del peronismo era reformista y pretendía atenuar la lucha de clases. Mas temprano que tarde, cuando las circunstancias lo ameritasen (ya fuera por el avance de la izquierda o de la derecha) la coalición burguesa hegemónica en el gobierno no vacilaría en arriar esas banderas y dar marcha atrás con las reformas de tintes, en apariencia, socialistas.
Palabras clave
peronismo, economía, izquierda, marxismo, Argentina
Abstract
In this article we propose to review the criticisms that, from the left, were made to the economic program of the third Peronism, the one that was applied from the appointment of José Gelbard as head of the economic portfolio and until the fall of the minister to late 1974, a few months after the death of President Juan Perón. This study is relevant because, as Gelbard himself pointed out, criticism from the positions of the left (Peronist in particular) would quickly undermine the bases of support for the program, since the positions coming from the right seemed in the initial context to have little repercussion. Even today, prominent actors in this process maintain that the attacks of the left-wing sectors did nothing more than hinder the application of economic policies, considered a surrender to the bourgeoisie and imperialism, not fully appreciated in their true possibilities for change. and alternatives to national capitalism.
At first, we briefly describe the economic ideas of Peronism and how the program was finally tied to that of the businessmen grouped in the General Economic Confederation, headed by Gelbard, once Justicialism came to power. In a second moment we focus on analyzing vari- ous interventions that from the left criticized this program (or some specific aspects and its implementation). In this sense, we make a selection of trajectories and criticisms with the purpose of showing some coincidences between the Peronist left and the non-Peronist or Marxist left (Maoist, Trotskyist, etc.), while also recovering those more sophisticated ana- lyzes or those with a greater technical argumentation, given the predominance of discour- ses and interventions of a more “political” nature during the period. For some sectors of the left, this program was clearly insufficient, mainly because socialism was not proposed as a horizon, and because the orientation was defined mainly by a social sector (national businessmen) that were not willing to go beyond their class interests. The social content of the State limited the possibilities of a non-capitalist strategic construction. For broad sectors of the left, the economic program of Peronism was reformist and intended to mitigate the class struggle. Sooner rather than later, when circumstances warranted it (due to the advance of the left or the right), the hegemonic bourgeois coalition in the government would not hesitate to lower those flags and reverse the reforms with, apparently, socialist overtones.
Keywords
peronism, economy, left, marxism, Argentina
Introducción
Este artículo revisa las críticas más relevantes que, desde la izquierda, se realizaron al programa económico del tercer peronismo (1973-1976); en particular a aquel que tuvo aplicación a partir de la designación de José Gelbard al frente de la cartera económica hasta la caída del mismo a fines de 1974, pocos meses después de la muerte del presidente Juan Perón. Un estudio de esas diatribas resulta relevante porque, como señaló el propio Gelbard en más de una ocasión, la crítica desde las posiciones de la izquierda (peronista en particular) ayudarían a minar las bases de sustentación del programa, puesto que las posiciones provenientes desde la derecha parecían en el contexto inicial tener poca repercusión (Rougier y Fisz- bein, 2006). Por otra parte, aún hoy, actores destacados de ese proceso sostienen que los embates de los sectores de izquierda no hicieron más que entorpecer la aplicación de las políticas económicas, consideradas una claudicación frente a la burguesía y al imperialismo, no justipreciadas en sus verdaderas posibilidades de cambio y alternativas de despliegue del capitalismo nacional (Leyba, 2003).
En un primer momento describimos someramente las ideas económicas que el peronismo fue desarrollando desde el llano durante los tiempos de la proscripción hasta los primeros años setenta y cómo el programa quedó finalmente enlazado al de los empresarios nucleados en la Confederación General Económica, encabezada por Gelbard, una vez que el justicialismo arribó al poder (Brennan y Rougier, 2009). En un segundo momento nos abocamos a analizar diversas intervenciones que desde la izquierda criticaron ese programa (o algunos de sus aspectos puntuales y o instrumentación). En este sentido realizamos una selección de trayectorias y críticas con el propósito de mostrar algunas coincidencias entre la izquierda peronista y la no peronista o de extracción marxista (maoísta, trotskista, etc.), a la vez que recuperamos aquellos análisis más sofisticados o con una mayor argumentación técnica, dada la predominancia de discursos e intervenciones de naturaleza más “política” durante el período.
El programa económico peronista de los años setenta
A comienzos de los años setenta, en línea con su postura tradicional, el justicialismo como partido político seguía diferenciando su doctrina tanto del comunismo como del capitalismo. Desde 1955 había circunscripto su crítica al capitalismo liberal buscando fundamentos en el cristianismo. La identificación con la filosofía, la antropología y la sociología cristianas, que permitía justificar la intervención del Estado en función del bien común y criticar una intervención desmedida asociada con el comunismo, había tenido expresión acabada en los escritos de Antonio Cafiero, que dedicaba gran esfuerzo a refutar la leyenda negra de acuerdo con la cual el justicialismo era estatista y colectivista: “el justicialismo no puede ser sino definido como un movimiento de filiación social cristiana que a la vez incorporó aquellas modalidades propias del medio social argentino en el que nació y se desarrolló” (Cafiero 1974, p. 304).(3)
En 1972, en medio del proceso político que habría de llevar al peronismo nuevamente al poder, dos jóvenes miembros del Grupo de la Administración Pública Peronista, el economista Roberto Lavagna y el abogado Tulio Rosembuj, reafirmaron y precisaron doctrinariamente los alcances y objetivos de la política económica peronista: una profunda redistribución social de la riqueza, el aliento sostenido al proceso de industrialización y la recuperación nacional del manejo de los resortes esenciales de la conducción económica. Los objetivos del proyecto peronista, destacaban los autores, mantenían su vigencia en la nueva coyuntura:
A 18 años del derrocamiento del gobierno popular del general Perón, Argentina enfrenta los mismos problemas, agravados, que en su momento atacara con éxito la Revolución Justicialista. Los problemas esenciales que afronta nuestra Patria siguen siendo los mismos que se pudieron superar entre 1945 y 1955. Redistribuir ingresos que han venido concentrándose en manos de las minorías; completar la integración del sistema productivo y recuperar para los argentinos el control de los sectores básicos de la economía. Estos objetivos vuelven a ser irrenunciables de la actual etapa de acceso al poder por parte de las fuerzas populares. (Lavagna y Rosembuj, 1973, pp. 15-16)
Desde la postura tercerista entre capitalismo y comunismo, Lavagna y Rosembuj diferenciaban una economía de abundancia (identificada con el peronismo), de una economía de miseria, “como la que suelen preconizar tanto el liberalismo como ciertas formas de desarrollismo, sin olvidar a la izquierda elitista basada en altas tasas de crecimiento y acumulación, a despecho del costo social y humano exigido para lograrlas”. Se trataba de una reafirmación, un tanto más técnica, de las definiciones que habían guiado la política económica del primer gobierno peronista. Las transferencias de ingresos progresivas eran la receta para el desarrollo económico y el aliento al consumo aparecía como eje de la estrategia de crecimiento:
La redistribución de la riqueza es un elemento esencial para la doctrina económica peronista en el proceso de expansión del mercado de consumo, la asignación productiva del ahorro nacional la aceleración de la industrialización y urbanización, la plena ocupación de la mano de obra y capital instalado y el aumento de la productividad. Tal como lo explicitara el propio Perón: …en el sistema justicialista la producción está subordinada al consumo… aumentando el consumo es como vamos a reactivar la economía. Vamos a hacer grande a la Patria aumentando ese consumo y esa producción, que es la forma de mantener una economía de abundancia y no someter al pueblo a una economía de miseria, que no se justifica, sino por hombres que se sienten satisfechos explotando al prójimo. (Lavagna y Rosembuj, 1973, pp. 23-24)
En paralelo a estas definiciones los empresarios agrupados en la Confederación General Económica (CGE), que hasta poco tiempo antes se presentaban como miembros de una entidad no partidaria, comenzaron a hablar con mayor frecuencia de un programa nacional y popular, tanto en sus debates internos como en declaraciones públicas y hacían más explícito su apoyo al peronismo, con el que tenían vínculos históricos (Brennan, 1997, p.133). Con todo, el hecho de que la CGE se acercara más al peronismo que al resto de las fuerzas políticas del país se debió a la lectura fría y calculadora que la organización hacía de la realidad política. Gelbard en particular poseía un afilado sentido político y, mediante frecuentes viajes a Madrid, reinició su relación personal con Perón, con la esperanza de darle a la CGE la oportunidad de poner en práctica su programa económico. Un documento elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras, destinado a incidir en las definiciones políticas a la salida de la dictadura militar, señaló en clave dependentista que la economía argentina se encontraba en una crisis de larga data, agravada por la política económica iniciada en 1967. Esa política había afianzado la desnacionalización de las ramas y empresas más dinámicas de la economía argentina, incluso sin casi ingresar efectivamente capitales desde el exterior. Un aspecto particularmente crítico era el grado de presencia que tenía el capital extranjero en la banca local y la orientación del crédito hacia esas empresas.(4)
El documento también hacía referencia a la ausencia de un vigoroso y dinámico mercado interno, lo que traía como consecuencia la reducción de las ventas, la evaporación de las ganancias, la caída de la inversión y la consecuente “concentración en pocas manos de todos los instrumentos del poder económico”. Esas ideas quedaron reflejadas en una solicitada en conjunto con la CGT donde se reclamaba una mayor participación del Estado en apoyo de las empresas locales:
Cuando la empresa privada nacional no puede asumir aisladamente la responsabilidad de una inversión cuya realización es estratégica para el desarrollo del país y para la expansión inmediata y posterior de la empresa privada y nacional, el Estado debe contribuir conjuntamente con el capital privado de origen local en impulsar dichos proyectos, asegurando precios y condiciones de ventas en función del mercado consumidor y de las empresas usuarias. (5)
Poco después las dos entidades elaboraron un documento que fue reconocido por el gobierno militar como instrumento para replantear su política económica. Perón también recogió tácitamente el mismo programa en las “Bases mínimas para el acuerdo de reconstrucción nacional”, que envió al gobierno en octubre de 1972.
Mientras tanto, el desenlace de la crisis política del gobierno militar era ya un hecho. En ese contexto se definieron las llamadas Coincidencias programáticas entre diversas organizaciones sociales y partidos políticos. A comienzos de diciembre de 1972, la CGT, la CGE, el justicialismo, la UCR, el MID, el Partido Revolucionario Cristiano, el Partido Intransigente, el Partido Popular Cristiano y el Partido Conservador Popular, entre otros, arribaron a un apretado consenso en un programa debatido por un amplio espectro de dirigentes políticos, obreros y empresaria-les. Las Coincidencias programáticas destacaban que la orientación de la política económica en la Argentina había “acentuado la dependencia externa trabando así las posibilidades de emprender un proceso de auténtico desarrollo autónomo e in-tegral” (Leyba, 2003, p. 64). En la campaña electoral de 1973, los partidos políticos mayoritarios hicieron suyo ese programa reformista que asignaba al Estado un papel protagónico. El enriquecimiento del amplio debate sobre estrategias y proyectos nacionales de desarrollo que coincidió con la apertura democrática tuvo además un punto de convergencia respecto a la necesidad de la planificación y la actualización de la filosofía peronista en un ensayo sobre el Proyecto Nacional que generaría un gran interés por parte del propio Perón (Monti, 1972).
Los aspectos económicos de la plataforma electoral del justicialismo fueron redactados por Cafiero, quien al igual que Bonanni, Revestido, Gómez Morales y otros viejos funcionarios peronistas se había sumado a los equipos del Consejo de Planificación, creado en 1970 y coordinado por Leopoldo Frenkel (Fernández Pardo y Frenkel, 2004, p. 145). Si bien en el partido convivían posiciones diversas, el sustrato ideológico tercerista resultó reafirmado por los cuadros técnicos y los peronistas históricos. (6) No obstante, las nuevas circunstancias políticas orientaban a una radicalización de los cuestionamientos al capitalismo argentino, en particular los dirigidos al capital extranjero y a los dueños de la tierra; una postura seguramente no compartida por la vieja guardia que había conducido el acercamiento a esos sectores en su experiencia pos 1949. Sin dudas las nuevas postulaciones eran más beligerantes que las esgrimidas en los años cincuenta, cuando las críticas a los intereses económicos internacionales y a los empresarios agropecuarios se habían morigerado notablemente, e incluso respecto a las definiciones del primer gobierno peronista. En la campaña electoral Perón llegó a afirmar que el antiguo sistema demoliberal-capitalista había muerto: “hay algunos que todavía lo defienden, y yo he encontrado tontos que suspiran por lo que pasaba en el Medioevo. De manera que no debe admirarnos que haya quien suspire por el demoliberalismo-capitalista, hoy totalmente superado por la evolución”.(7)
Dos meses antes de la asunción a la presidencia de Héctor Cámpora, la CGE presentó el documento “Sugerencias del empresariado nacional para un programa de gobierno”. Allí se definían lineamientos generales en línea con los diagnósticos y posicionamientos anteriores de la CGE, como por ejemplo retomar y preservar los centros básicos de decisión, reorientar el voluminoso ahorro interno y canalizarlo de acuerdo con una planificación concertada. Pero también, las definiciones de los objetivos y medidas de política económica que la coyuntura apresuraba en 1973 tenían un amplio marco de referencia en las diversas estrategias y proyectos nacionales de desarrollo elaborados desde mediados de los sesenta en ámbitos estatales, académicos y políticos.
Las sugerencias enumeraban una serie de medidas en diversos frentes, como en el comercio exterior, por ejemplo, donde se proponía iniciar una agresiva política de exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales o crear un ente mixto integrado por el Estado y las organizaciones empresarias para promover las exportaciones manufacturares, además de regímenes especiales de financiamiento para la pequeña y mediana industria exportadora. También sugería la prohibición de las importaciones de bienes suntuarios y prescindibles y aquellos que la industria local produjese en condiciones de calidad y cantidad, como la prevención del dumping y las maniobras especulativas. Claramente, el apoyo debía ser para las empresas de capital nacional (aplicando sin excepciones la ley de compre nacional) y sólo aceptar la participación del capital extranjero cuando su radicación fuese “genuina y no desplace, absorba o sustituya los capitales nacionales, ni limite o anule el control nacional sobre los centros básicos de decisión”. Para ello era necesario estructurar un nuevo régimen de tratamiento de la inversión externa, que garantizase rendimientos razonables pero que asegurase su participación dentro de los lineamientos de la estrategia de desarrollo definida en el país, “en cuya formulación y aplicación aquel capital no tenga posibilidades de participar ni modificar”.(8)
En materia de desarrollo industrial, el documento proponía estructurar un régimen de fomento de la industrialización de materias primas en el área de su localización, promoviendo la producción agroindustrial regional. Con el mismo objetivo de descentralización espacial, sugería el apoyo a las empresas de capital nacional que se radicasen en el interior del país. También se indicaba la necesidad de modernizar los procesos productivos y reconvertir las ramas industriales más rezagadas. Finalmente, los empresarios proponían el desarrollo de la industria de base con la participación del Estado, siempre que el sector privado local no estuviese en condiciones de aportar los capitales. Más aun, el Estado debía cumplir un rol superior en todo el proceso de desarrollo:
la experiencia mundial ha evidenciado la necesidad de que el Estado se haga cargo de actividades económicas que en los países subdesarrollados y también en los desarrollados no pudo ni puede emprender el sector privado, ya sea porque requiere de grandes capitales, ya por razones de seguridad y soberanía nacional, ya porque el riesgo es elevado o la rentabilidad es escasa o negativa, a pesar de la necesidad de estos gastos y/o inversiones para que el desarrollo de la actividad privada sea posible.(9)
Ese era el caso de industrias estratégicas y de base cuya inexistencia o insuficiencia trababa el desenvolvimiento del resto de las actividades productivas o que “por estar en poder del capital externo −la otra alternativa ante la insuficiencia de capital privado nacional− llevan implícito acentuar la dependencia de centros extranacionales de decisión raíz de nuestra descapitalización y la de nuestras em-presas”.(10)
El regreso del peronismo al poder en 1973 le dio a la CGE la oportunidad de poner en práctica sus ideas. Durante el primer año y medio del gobierno, el programa económico que se emprendió fue esencialmente el de la CGE, y fue Gelbard quien lo implementó. Perón estaba convencido, en gran parte como resultado del poder de persuasión de Gelbard, de que el plan de la CGE sentaría la base para la reconstrucción y la conciliación nacionales con el sector empresarial y el obrero, unidos en una causa común. Por lo tanto, ordenó al presidente electo Cámpora que nombrara a Gelbard al frente de la conducción económica y, cuando sucedió a Cámpora en la Presidencia en octubre retuvo en su cargo al dirigente empresario, mientras que Orlando D’Adamo, quien había conducido el Instituto de Investiga-ciones Económicas de la entidad, quedó al frente de la Secretaría de Planificación y Coordinación Económica (SPCE).(11)
La política económica se sustentó en el “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social” refrendada en el par-lamento por la CGE y la CGT el 8 de junio. El acuerdo perfilaba una serie de medidas destinadas a la estabilización en el corto plazo y otras de carácter estructural, en cuyo diseño la CGE había trabajado durante años. La preocupación principal era contener el proceso creciente de radicalización social y la “colaboración de clases” aparecía como la aspiración primordial de la concertación. Para lograr el objetivo debía doblegarse a la inflación, manifestación y catalizador de los conflictos sociales. Cada sector social debía resignar al menos por un tiempo una parte de sus ingresos para obtener una mayor estabilidad monetaria. Pocos meses después de la firma del Acta, el presidente de la CGE (Julio Broner) declaraba que era necesario “socializar los ingresos y las utilidades, pero no la propiedad privada. Para eso hay que entender que debemos congelar nuestras ganancias para defender eso otro” (reproducido en Testa, 1975, p. 51).
El pacto postulaba una serie de “objetivos instrumentales”: restituir la participación de los asalariados en el ingreso nacional, del 36 % al legendario 50 % que se habría alcanzado durante el primer gobierno peronista, vinculando el incremento de los salarios reales a los aumentos de la productividad; eliminar el desempleo y la marginalidad social con una política decidida del Estado en materia de vivienda, educación, salud y asistencia social; mejorar la asignación regional del ingreso; y terminar con el proceso inflacionario y la fuga de capitales. Se reconocía que los in-crementos salariales y el aumento del gasto público podían inducir una expansión económica, pero sólo en el corto plazo. Al acercarse al pleno empleo se agudizaba el conflicto entre beneficios y salarios y surgían problemas de oferta que alimentaban el proceso inflacionario, alentado por el déficit externo derivado de la propia expansión. Para evitar ese estrangulamiento, el equipo económico de Gelbard pretendía incluir en el programa el estímulo de la inversión pública y privada como motor del crecimiento complementario al incremento de los salarios. Estos lineamientos se encuadraban en la prédica de Hollis Chenery −por entonces a cargo del Departamento de Políticas de Desarrollo del Banco Mundial−, que publicaría un influyente trabajo poco después.(12)
En su mensaje frente a los gobernadores en julio, Gelbard enumeró las propuestas y proyectos de ley para el conjunto de la economía nacional. Allí remarcó que el programa económico de liberación y de reconstrucción asignaba un papel protagónico a los sectores industrial, minero y de la construcción. El objetivo de la política sectorial era lograr mayores niveles de eficiencia junto con el pleno empleo y la descentralización económica. Pero agregó la importancia de las exportaciones manufactureras en el marco de una estrategia global de desarrollo de un capitalismo autónomo: se trataba también de
integrar nuevos sectores industriales y mineros al comercio internacional, con la finalidad de disminuir el balance negativo de divisas procedente del sector manufacturero y posibilitar la nacionalización del sector, mediante la promoción selectiva del em-presariado nacional, del desarrollo tecnológico autónomo y de una efectiva política de sustitución de importaciones. (Gelbard, 1973, p. 7)
El programa se encuadraba en propuestas de leyes específicas para las em-presas del Estado, las nacionales privadas y para las empresas extranjeras. En referencia a las empresas públicas, Gelbard propuso la creación de la Corporación de Empresas Nacionales (CEN) que tendría a su cargo la conducción de todas las empresas donde el Estado controlase la dirección (no solo a empresas de servicios y energía sino a varias industriales de significación que por diversas circunstancias estaban bajo la dirección estatal). Según Gelbard, la Corporación se conformaría como “una de las treinta empresas más grandes del mundo”, con capacidad para promover el desarrollo de nuevas industrias por razones de interés público y de coordinar las inversiones y los programas de producción de una gran cantidad de empresas en distintas actividades económicas industriales, mineras y de la construcción (Rougier y Fiszbein, 2006, p. 167).
De este modo, un vasto sector de la actividad industrial y minera y sus pro-gramas de inversión, producción y compra de insumos quedarían bajo la coordinación, planeamiento y adecuación a la política económica. La idea de conformar una corporación estatal no era nueva y en última instancia coronaba una serie de acciones y estudios iniciados en la segunda mitad de los sesenta sobre la considerable y creciente participación empresarial del Estado. También, de algún modo, el nuevo organismo recuperaba la experiencia del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI) italiano, entidad creada durante los años de fascismo que había tenido gran ascendencia en la economía peninsular. Más tarde Gelbard señalaría que
las inversiones, para que respeten las necesidades políticas modernas y el interés general, las tiene que realizar una estructura concreta que tenga funciones bien de-terminadas. Sabemos en consecuencia y somos conscientes de lo que estamos pro-poniendo, que en ciertos sectores el Estado tendrá una creciente participación en la economía, pero en otros se desligará de sus responsabilidades. (13)
Gelbard también detalló el proyecto de ley de promoción industrial que impulsaba el gobierno. Sus principales objetivos eran el incremento del poder de decisión nacional en el sector industrial, por lo que se reservaban los beneficios de la promoción a las empresas de capital local. También se proponía incentivar el desarrollo de la tecnología nacional, la descentralización regional y la integración vertical de las industrias básicas y de bienes de capital. En cuanto a la industria existen-te, el ministro propugnaba su expansión y transformación en pos de incrementar su productividad y eficiencia. Desde el punto de vista regional, la ley de promoción industrial tenía como meta lograr la descentralización geográfica de las actividades industriales a través de la promoción y establecimiento de empresas de capital nacional en áreas de desarrollo y zonas de frontera. Todo el país era considerado zona de promoción, excepto la Capital Federal (donde las nuevas radicaciones serían prohibidas) y el conurbano bonaerense (desalentado a través de mecanismos impositivos). Los instrumentos de promoción incluían mecanismos fiscales y financieros, asistencia tecnológica, aportes del Estado y su participación accionaria en empresas promocionadas; también se contemplaba la posibilidad de que el Estado se hiciese cargo de la totalidad de las inversiones en activo fijo requeridas para la instalación de una empresa privada fomentada.
Junto con la política de promoción, el gobierno proponía un proyecto de ley de defensa del trabajo y la producción nacional con el objetivo de desarrollar una estructura industrial y productiva destinada a garantizar el crecimiento económico equilibrado de la economía nacional. La idea era que a través de la política arancelaria se llevase a cabo una política de importaciones coherente con la capacidad de la industria local y con las normas de la ley de Compre Nacional. También se estipulaba una serie de mecanismos para estimular la exportación de productos industriales no tradicionales (reintegros y reembolsos) por parte de las empresas nacionales. Para la pequeña y mediana empresa, Gelbard propuso la creación de una Corporación que coordinara su equipamiento y el desarrollo tecnológico, a la vez que su agrupamiento y concentración horizontal y vertical con el objetivo de superar el dualismo funcional de la economía argentina. Especialmente se apuntaba a dinamizar empresas vegetativas y a mejorar sus posibilidades de captación de nuevos mercados (por ejemplo, el organismo podría coordinar grupos de empresas con programas de exportación).
Finalmente, dentro de su búsqueda de liberación de la dependencia externa, el gobierno proponía un régimen legal que prohibía determinadas radicaciones de capital extranjero. El diagnóstico sostenía que las empresas extranjeras se habían beneficiado de los regímenes liberales utilizando el crédito interno y remitiendo descontroladamente utilidades al exterior, reduciendo el ahorro de divisas que podrían generar los proyectos de sustitución de importaciones. Además, las em-presas extranjeras gozaban de elevada protección aduanera y usufructuaban de la importación indiscriminada de equipos, lo que se traducía en una absorción de la empresa nacional y una mayor concentración. La filosofía que guiaba esas prescripciones tenía alguna tradición histórica en los documentos de la CGE, y en 1970 Gelbard ya había señalado que los problemas económicos podían superarse con la colaboración externa,
siempre que la misma no pretenda reservarse la facultad de decidir en los problemas nacionales. Si las únicas alternativas fuesen la pobreza o el sometimiento a la deci-sión extranacional para alcanzar la riqueza, no titubeamos en elegir: antes paupérri-mos que dependientes. La etapa de la desnacionalización de lo argentino ha termi-nado, tiene que haber terminado en el país. (cit. en Rougier y Fiszbein, 2006, p. 194)
El recelo hacia las inversiones extranjeras tenía ahora un impulso orgánico gracias a los sectores empresarios nacionales (principalmente nucleados en la CGE) que participaban en la base de sustentación del proyecto peronista y reclamaban restricciones al capital extranjero para potenciar la expansión del capital nacional. Pero también la UIA manifestó su apoyo al programa y se acercó a las posiciones nacionalistas que se habían tornado dominantes con el ánimo de no quedar fuera del proceso político; su presidente Elbio Coelho afirmó en julio que era necesario impulsar “fuertes empresas privadas y eminentemente argentinas… de lo contrario las grandes empresas multinacionales extranjeras realizarán el desarrollo económico o, quizás, las empresas públicas, y ambas alternativas no las consideramos convenientes” (cit. en Testa, 1975. p. 17).
Gelbard declaró que el nuevo gobierno otorgaría derechos de inversión extranjera individualmente (en algunos casos según industria, en otros según compañía) y que prohibiría enteramente la inversión extranjera en sectores de la economía vitales para la seguridad nacional como el bancario, el petrolero y los servicios públicos. Las nuevas radicaciones se evaluarían en función de criterios que considerasen el aumento de la ocupación, la mejora en el balance de pagos, el desarrollo regional o la generación de tecnología nacional. El monto y destino de la radicación, las tasas máximas de utilidad que podrían girarse al extranjero y la regulación del endeudamiento externo de las empresas quedarían explicitados en la nueva legislación (Gelbard, 1973, p. 14). (14)
Las definiciones estratégicas esbozadas por el ministro quedaron plasmadas en algunas de las leyes que tendrían sanción en el período y en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional de diciembre de 1973, delineado por la SPCE. El Plan engarzaba con los grandes lineamientos del Acta de concertación y compartía con instrumentos similares anteriores el objetivo fundamental de eliminar los estrangulamientos que afectaban al desarrollo industrial y lo que se consideraba las deformaciones de la estructura productiva. El Plan consideraba prioritario el desarrollo de las industrias productoras de maquinarias y las de insumos básicos; para ello, se programaba la realización acelerada de los grandes proyectos industriales ya iniciados en siderurgia, petroquímica, química pesada, aluminio, celulosa y papel. La promoción enunciada en el Plan Trienal quedó luego reglamentada mediante tres decretos sectoriales referidos a la petroquímica, la siderurgia y la actividad forestal. En el área petroquímica el sector público se reservaba en forma exclusiva la producción de materias primas básicas y la participación mayoritaria en los proyectos de derivados petroquímicos de segunda generación. En la industria siderúrgica se proponía alcanzar el autoabastecimiento de productos semielaborados y elaborados, crear una capacidad de producción superior a la demanda interna y conservar el poder de decisión nacional sobre el sector. Final-mente, el decreto referido a las actividades forestales promovía un aprovechamiento racional de los recursos, la profundización de la sustitución de las importaciones de papeles y cartones, y en particular la instalación de plantas integradas de papel para diario.
También el Plan declaraba la decisión de controlar el crecimiento exagerado de ramas no prioritarias, y desarrollar y reconvertir algunas industrias de bienes de consumo (alimentos, aparatos para el hogar, textiles, cueros, muebles e imprenta); finalmente proponía el aliento a las exportaciones de productos industriales, lo cual se llevaría a cabo por medio de incentivos fiscales, facilidades crediticias y el desarrollo de una política de inserción internacional y apertura de mercados. En suma, el gobierno proponía alcanzar un desarrollo autónomo y sostenido, logrando el pleno empleo de los recursos y mayores niveles de eficiencia disponibles; estimular la em-presa nacional −en particular la mediana y pequeña−, una efectiva política de sustitución de importaciones, el desarrollo tecnológico autónomo, promover la integración regional, e integrar nuevos sectores industriales al comercio internacional.(15)
Como destacamos en otro trabajo (Rougier y Odisio, 2023), el proyecto de desarrollo bosquejado por el peronismo tenía amplias coincidencias con los planteos consolidados en el debate de los años sesenta sobre los condicionantes del crecimiento económico y las transformaciones necesarias, a la cual se sumaban y diagnósticos y prescripciones del discurso dependentista. En rigor, la profundización de la sustitución de importaciones y el aliento a las exportaciones industriales eran objetivos compartidos con los gobiernos anteriores, ahora enmarcados por la política redistributiva. El cambio más significativo era el énfasis en el rol activo del Estado, que el peronismo concebía como “orientador y concertador de la actividad económica, redistribuidor de riqueza, e importante productor de algunos bienes y servicios” (Poder Ejecutivo Nacional, 1973, p. 13).
Las críticas desde la izquierda
De los discursos y medidas insinuados durante la campaña electoral y aun durante la presidencia de Cámpora puede rescatarse la tentativa −si bien difusa− de promover un modelo autónomo, un proyecto de crecimiento basado en la industria de capital nacional que avanzara hacia el control estatal sobre sectores productivos estratégicos y sobre la comercialización interna y externa de todas las mer-cancías; dentro de ese esquema, para superar la restricción externa, la planificación estatal contaría con la renta agraria por medio de la expropiación de los terratenientes o algún tipo de reforma agraria.
No obstante, para los sectores de la izquierda y la militancia juvenil peronista esa estrategia era sólo un primer paso en la construcción del “socialismo nacional”.(16) Por ejemplo, el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista (CTMNP) -conducido por Rolando García e integrado por otros académicos de izquierda planteaba dos etapas en esa búsqueda: una primera de reconstrucción y ordenamiento que le daría al Estado los instrumentos mínimos para el control de la economía y centralizaría la acción en los sectores industriales estratégicos y en la neutralización de los núcleos reaccionarios del sector agropecuario, y una segunda etapa ya de transición al socialismo nacional sobre la base del poder popular. En el capítulo dedicado a la industria de las Bases para un Programa Peronista de acción de gobierno, el Consejo señalaba que solo un sector nacionalizado podía enfrentar al capital monopólico multinacional y transformar las estructuras productivas. Des-de este punto de vista, las firmas estatales podían servir como núcleo de la transición hacia la “comunidad socialista”; pero la sola estatización de una empresa no garantizaba que estuviese al servicio del pueblo, sino que era necesario modificar la orientación de esas empresas para que dejasen de estar al servicio del capital monopólico extranjero o nacional. Sin la participación popular en la planificación, ejecución y control del programa global no se iría más allá de un “estatismo con miras paliativas” (CTMNP s/f, 1 p. 5).
Respecto a la industria, el CTMNP proponía una serie de medidas generales como la recuperación de la capacidad de decisión nacional en varios sectores industriales; ello se llevaría a cabo a partir de la creación de un Área Productiva Social a la que se incorporarían, previa toma de control, las empresas extranjeras de instalaciones industriales y de producción de fertilizantes, caucho sintético, neumáticos, derivados de refinación de petróleo, concentrado de plomo y zinc electrolítico, laminados de aluminio, elementos para telefonía, una empresa automotriz y una fábrica de motores. También se proponía la prohibición del giro de regalías, la reestructuración del sistema de patentamiento industrial para evitar el bloqueo tecnológico, la determinación de la tasa de utilidades de las inversiones externas y la reestructuración completa del sistema de fomento a las exportaciones a fin de estimular exclusivamente a las empresas cuya situación particular lo justificase (p.12).
En paralelo con la difusión de estos documentos, muchas de las medidas anunciadas en el Acta de Compromiso, como la nacionalización de los depósitos, la ley de inversiones extranjeras y la ley agraria, comenzaron a discutirse en el Congreso Nacional a partir del mes de agosto de 1973, y el Consejo planteó claramente sus diferencias. Por ejemplo, la creación de la Corporación de Empresas Nacionales fue duramente cuestionada y se argumentó que sin las adicionales facultades políticas la Corporación constituía el punto “más francamente contradictorio con los principios doctrinarios del justicialismo –en el conjunto de las medidas propuestas− y en consecuencia, es un proyecto que conspira abiertamente contra la profundización del Gobierno Popular hacia el socialismo nacional” (CTMNP, 1973, 9 p. 16).
Las medidas del gobierno fueron también criticadas por los diputados de la Tendencia Revolucionaria.17 Por ejemplo, el Equipo Político-Técnico en Economía de la Regional 1 de la Juventud Peronista destacaba que la burguesía nacional se beneficiaba en el programa de Gelbard, prácticamente de la totalidad de las transferencias de ingresos provenientes del sector agropecuario y comercial exportador mientras que el resto era compartido por el capital industrial monopólico, nacional y extranjero. Tampoco esperaban grandes cambios de las medidas anunciadas para el fortalecimiento y expansión del sector económico estatal, y estimaban que los ingresos del Estado con fines de inversión pública serían muy reducidos pues la mayor parte se redistribuiría al sector privado en forma de créditos. Por su parte, las medidas para el sector industrial, dirigidas a favorecer a las empresas nacionales y a las pequeñas y medianas empresas eran consideradas auspiciosas; no obstante, el diputado por Córdoba, Roberto Vidaña, reconocía que dado que el proceso de concentración era muy superior al existente en 1946 esas medidas solo alcanzarían para resistir el poder de los monopolios y, a lo sumo, detener o congelar temporalmente la continuidad de dicho proceso de concentración, pero no revertirlo. Por ejemplo, las disposiciones establecidas para el sector industrial estaban bien elaboradas y presentaban una protección coherente, pero eran insuficientes ya que no eliminaba los beneficios que en el pasado habían obtenido las empresas monopólicas y extranjeras (Vidaña s/f: 40 y 41). Para este sector del peronismo, el proceso económico conducido por la burguesía nacional concluiría con una conciliación con el imperialismo.18 El apoyo de Vidaña al programa era elocuente: opinaba favorablemente respecto de los proyectos presentados para una nueva ley de inversiones extranjeras, la nacionalización del comercio exterior, la promoción industrial y minera y reformas en el sector agrario. Sólo se oponía a la conformación de la CEN (Garrido, 2023).(19)
Una perspectiva similar fue presentada por Oscar Braun. (20) El economista, vinculado por entonces a Montoneros, dictó una serie de conferencias para cuadros militantes a fines de 1973 (Azpiazu y Schorr, 2008). Braun destacó las limitaciones del programa económico de Gelbard de manera más directa que las notas del periódico Noticias de la misma agrupación, las que en ese contexto “no se traducían en críticas directas o, por el contrario, en gestos explícitos de apoyo político, sino en matices y ambigüedades” (Rossi, 2022, p. 3). Braun mantenía su caracterización de capitalismo monopolista dependiente para la Argentina. La identificación de “dependiente” no hacía solamente a la propiedad legal de los medios de producción sino especialmente a la imposibilidad de reproducirlos y ampliarlos debido a que la tecnología, la producción de bienes de capital y la capacidad financiera, comercial y administrativa para operar las grandes empresas estaban monopolizadas por el capital extranjero. Por lo tanto, esa dependencia no se podía eliminar con mayor presencia estatal o una política de nacionalizaciones.
Braun desplegaba un análisis estructural para analizar la coyuntura: la conducción económica estaba en manos de la seudo burguesía nacional con intereses parcialmente contradictorios con los del capital extranjero y con los de la oligarquía terrateniente, pero a la vez carente de un proyecto autónomo y “auténtico de liberación nacional” (Braun, 1974, p. 13). El programa de Gelbard adolecía de serias limitaciones: al no tener un proyecto de liberación era incapaz de movilizar a la clase trabajadora y de esa forma dominar y expropiar a la oligarquía y al capital extranjero. Por lo tanto, el programa se limitaba a una tibia serie de medidas reformistas que solo servirían para ampliar el campo de acción del capital nacional, beneficiar a ciertos sectores de las capas medias y mejorar sólo por un tiempo y muy marginalmente a los trabajadores.
Braun afirmaba que las posibilidades de la “gran burguesía nacional” de revertir “muy rápidamente, de golpear muy duramente al capital monopolista dependiente, (eran) objetivamente muy limitadas” (Ibidem: 40). (21) Por un lado, porque el capital monopolista dependiente tenía la “manija” de la reproducción ampliada del capital (por ejemplo el control sobre patentes y tecnología) y, por otro, porque la burguesía terrateniente tenía influencia sobre la balanza de pagos (principal proveedora de divisas) y sobre el salario real (ya que producía bienes salarios). En suma, el plan económico del gobierno se aproximaba “bastante a un plan de desarrollo de capitalismo autónomo, o de intento de liberación o semiliberación, por lo menos, a partir del crecimiento de la burguesía nacional, de la tecnología, etc.; sin embargo, cada vez que se va implementando el plan, a través de cada medida que se toma, en realidad no es más que un 10%, 20% ó 30% de lo que se había anunciado”, producto de esa necesidad de negociación con las distintas fracciones del capi-tal (Ibidem: 49).
Al mismo tiempo Horacio Ciafardini expresó, por fuera de las filas peronistas, una crítica similar.(22) A principios de 1974 entendía que la “tercera posición” y la “independencia económica” que propugnaba Perón no era más que una salida impulsada por la burguesía nacional “en busca de la renegociación de la dependencia”. Se trataba de estrategia para redefinir la vinculación con el imperialismo a fin de ganar influencia en el manejo del Estado y el proceso de acumulación:
Este proyecto implica, por un lado, la asignación de un papel más importante al Estado en la economía, con lo que la burguesía nacional estaría dotada del instrumento que le permitiría contrapesar a los sectores imperialistas, sin excluirlos. Por otro lado, implica imponer a los monopolios imperialistas otras condiciones de actuación en las ramas en las que permaneciesen −y una participación de la burguesía argentina en estos negocios−, así como su exclusión de determinadas esferas de inversiones. (23)
También por fuera del peronismo pero con una perspectiva estructural similar a la de Braun y Ciafardini, Jorge Schvarzer, bajo el seudónimo de Víctor Testa, planteaba poco después los dilemas del proyecto económico del gobierno, ya mucho más visibles.(24) El trabajo partía de analizar las clases y los grupos en torno al poder, con el propósito de analizar la posición asumida por la burguesía argentina respecto al imperialismo y la dependencia y determinar cuáles eran sus aspiraciones y esfuerzos en favor del desarrollo nacional.(25) En palabras de Testa, la victoria peronista en 1973 era el triunfo de un sector de la burguesía
que define la situación gracias al apoyo popular y el cambio de frente del resto de la burguesía; aunque esta última va a reacomodarse nuevamente a medida que pasa el tiempo en posiciones de crítica al nuevo gobierno. En este sentido, el peronismo aparece como una solución de compromiso a una serie de dilemas de la burguesía argentina que van desde la necesidad de frenar la revolución latente hasta la definición de las relaciones con el imperialismo y los métodos para lograr un ritmo de desarrollo más acelerado. (Testa, 1975, p. 14)
Así, un sector de la burguesía habría logrado, con el apoyo de la CGT, asignar un nuevo papel al Estado para impulsar empresas estatales y privadas y de ese modo protegerse de la competencia extranjera, un argumento similar al que antes había sostenido Ciafardini. Este era un proceso presente a comienzos de los años setenta que fue profundizado durante el peronismo y el programa de la CGE. No obstante, para Testa, los resultados fueron inferiores a las expectativas iniciales. El caso más patente de los límites era la CEN que hacia 1975 no había logrado unificar la gestión de las empresas estatales:
Es probable que es proyecto se vea saboteado por el conjunto de intereses que se benefician de las operaciones independientes de cada una de las empresas estatales… También es probable que la burguesía en su conjunto ya no vea con demasiado buenos ojos una concentración tal de poder en manos del Estado en momentos en que otros sectores arrecian su presión por participar en el poder limitando el con-trol de aquella. El hecho es que la Corporación es apenas poco más que un nombre todavía. (Testa, 1975, p. 14)
Otro aspecto de la coyuntura era la negociación de la dependencia. El peronismo había apostado a vincularse más a los capitales europeos pero el fracaso en la llegada de esas inversiones para limitar las norteamericanas había contribuido, en opinión de Testa, a la caída del mismo Gelbard y del programa inicial, que debía, en las nuevas circunstancias, retroceder en la negociación de la dependencia y acercarse nuevamente al capital norteamericano. Lo mismo había sucedido en el frente interno. Las medidas de nacionalización no habían ido mucho más allá de la llevada a cabo por el gobierno militar: no se habían tocado sectores esenciales del capital extranjero, como la industria farmacéutica o la automotriz (en este caso, por el contrario, se lo había reforzado a través del estímulo a las exportaciones).
Tal como lo habían previsto las posiciones del peronismo de izquierda, si no se avanzaba en la construcción del “socialismo nacional” la burguesía nacional terminaría claudicando frente al imperialismo. Testa señalaba que
lo que no se hizo en estos dos primeros años de gobierno difícilmente podrá realizar-se en los próximos. El realineamiento del gobierno frente al capital extranjero, y en particular respecto al imperialismo yanqui, derivados de las dificultades encontradas con los capitales europeos y de los problemas que presenta el desarrollo local, no le permitirán negociar una posición de fuerza equivalente a la gozada en 1973-74. In-cluso es probable que se den pasos atrás en las negociaciones en curso y aún no de-cididas como consecuencia del repliegue oficial. (Testa, 1975, pp. 34-35)
Luego de estas caracterizaciones generales, Testa se abocaba al análisis del Plan Trienal. Para este autor, el plan no era novedoso y traslucía la idea de continuar con los ejes rectores del proceso ya encarados desde los años sesenta: la sustitución de importaciones y la exportación manufacturera, a los cuales se agregaba una política coyuntural de reactivar la demanda. En el caso de la sustitución de im-portaciones el plan solo retomaba los grandes proyectos previos en al área siderúrgica, petroquímica, de papel, etc. Significativamente, pese a las definiciones, aquellos proyectos que directamente debían quedar en manos estatales eran los más demorados. En el caso de los bienes de consumo masivo estimulados por la política de ingresos ya era notoria la saturación de la oferta y la falta de nuevas inversiones. Finalmente, la estrategia de incrementar las exportaciones industriales si bien no era novedosa era más ambiciosa que la instrumentada hasta entonces (que había beneficiado en buena medida a las empresas imperialistas). No obstante, Testa era crítico de las medidas destinadas a estimular las exportaciones automotrices ya que esa industria adquiriría una importancia desmedida
en el espectro industrial local, donde ya es predominante, deformando aún más las características de nuestra estructura productiva; además de los problemas tecno-lógicos y si no se produce una modificación del régimen de propiedad, el desarrollo automotriz significará un incremento de la participación de la producción controlada por el capital extranjero, contradiciendo las expectativas de algunos sectores oficiales. (Testa, 1975, p.44)
En conclusión, para Testa, el gobierno peronista había avanzado muy poco en los procesos básicos que hacían al desarrollo industrial autónomo y a la eliminación de la dependencia. Las líneas directoras no habían sido apoyadas por un intenso proceso de inversión y era poco probable que pudiera hacerse en el futuro inmediato:
Aunque el peronismo, por razones políticas, se niegue como heredero del gobierno militar, no por ello es menos cierto que está inaugurando obras que constituyen la fructificación de los esfuerzos hechos por aquél en el campo de la infraestructura… el segundo alto horno de Somisa, la planta de aluminio de Puerto Madryn y la de papel de Misiones son ejemplos significativos al respecto. En cambio, este gobierno no pa-rece estar en vías de dejar una herencia parecida al próximo equipo si persisten las dificultades para resolver los problemas derivados de la política de precios y de redis-tribución de ingresos. (Testa, 1975, p. 49)
Por su parte, a comienzos de 1974 Mónica Peralta Ramos había esbozado también una dura crítica al proyecto peronista, indicando que a diferencia del gobierno de los cuarenta “ya no es la expresión objetiva de una alianza de clases, sino que se encuentra recorrido internamente por la contradicción principal del sistema” (esto es, la lucha entre capital y trabajo) y por ende no podía servir como vehículo para fundar una nueva alianza interclasista. (26) En un contexto de auge de la lucha social y sindical, la respuesta de las clases dominantes pasaba por reprimir a las tendencias revolucionarias desde el interior del propio gobierno peronista. En ese sentido, señalaba las discordancias entre el discurso y la política implementada, al constatar que “en lo ideológico estos objetivos se expresan en una verborragia nacionalista que entra en flagrante contradicción con las medidas que se toman a nivel económico y político”.(27)
En la misma línea, ensayó luego una crítica más amplia sobre los dos primeros años del gobierno peronista, en una versión ampliada de su tesis doctoral. Peralta Ramos consideró allí que el proyecto implicaba, en el plano más general, una política de concertación en defensa no ya de una fracción de la burguesía, sino de la hegemonía del bloque dominante en su conjunto, que en alianza con los sectores de la “burocracia sindical” buscaba neutralizar la agudización de la lucha clases y relegitimizar la explotación capitalista. Ahora bien, el significado específicamente económico del Pacto Social demostraba que la defensa de los intereses estratégicos de la burguesía, en un contexto de dependencia tecnológica, significaba la consolidación de la posición de la burguesía industrial monopolista asociada al capital extranjero.(28)
En ese sentido Peralta Ramos introducía una crítica a la interpretación de la izquierda peronista, ya que en su lectura la política económica de Gelbard había sido más bien la continuación de la ensayada durante la “Revolución Argentina”; la intervención estatal estaba orientada a favor de los intereses de la burguesía más concentrada. No sólo porque la incorporación de tecnología era el eje central de la acumulación ampliada en la industria, sino porque se habían sostenido y amplificado las medidas (impositivas, crediticias, cambiarias) desplegadas en pos de las exportaciones industriales y la liberalización de importaciones de bienes intermedios y de capital, lo que beneficiaba sobre todo a la fracción de sectores industriales monopólicos más concentrados y extranjerizados, ya que utilizaban insumos externos en mayor proporción y remitían al exterior sus ganancias mediante la sobrefacturación de importaciones. Incluso la política salarial peronista era interpretada en esta dirección. La diferencia radicaba en que el proyecto dictatorial de 1966 había impulsado los intereses de la fracción monopólica de la burguesía industrial de un modo unilateral y coercitivo mientras que la política del Pacto Social procuró “realizar la misma estrategia de acumulación, pero con el consenso de otras fracciones de clases”. Por ello señalaba −en clave gramsciana pero en contra de la interpretación de Braun o Portantiero− que el otorgamiento de concesiones sectoriales (sobre todo a la gran burguesía agropecuaria) no implicaba una disputa por la hegemonía:
en lugar de haber un “empate social” dentro del bloque dominante, en lugar del veto constante a los distintos proyectos formulados por las distintas fracciones de clase en el poder, existe una política oficial que orienta la conciliación de los intereses inme-diatos del gran capital desde la perspectiva de la reproducción ampliada de la actual etapa de acumulación del capital. (Peralta Ramos, 1978, p.382)
Hacia el final del trabajo Peralta Ramos examinaba los posicionamientos políticos: los sectores de la derecha liberal, encabezados por Francisco Manrique y Álvaro Alsogaray, señalaban el riesgo de que el desborde interno del peronismo condujera a una nueva y más grave pérdida de legitimidad estatal mientras conformaban la única posición partidaria burguesa que criticaba la política económica im-plementada, en tanto amenzaba con “hacer desaparecer al propio país”, dado que su implementación “destruye al sector agropecuario” (Peralta Ramos, 1978, p.404). Por su parte, el radicalismo no expresaba diferencias sustantivas con la conducción económica peronista, siendo su objetivo erigirse como el “partido del orden” y mostrarse como garante de la endeble institucionalidad política. La autora seña-laba que, por ello, los intereses empresarios se debieron expresar mediante las corporaciones directamente. En un comienzo todas las fracciones de la burguesía se manifestaron a favor del gobierno, pero la Unión Industrial fue la única entidad que transformó el apoyo en acciones concretas, en línea con los posicionamientos que señalamos más arriba. Esto implicó un fuerte acercamiento a la CGE y la parti-cipación de los hombres de la UIA en la instrumentación de la política económica, lo que permitió la utilización de los resortes estatales para el logro de los objetivos prioritarios de la burguesía industrial monopolista mediante su influencia en la política de precios, salarios, cambiaria, impositiva, etc.
Frente a ello, hacia finales de 1973 los representantes del agro pasaron a la oposición, comenzando por los pequeños productores y encabezados, poco después, por la SRA. La entidad ruralista advirtió tempranamente que sus intereses eran nuevamente desplazados, sobre todo por la política impositiva y de precios relativos adoptada por el gobierno. En julio de ese año su titular previno que no debía obviarse la complementariedad de las actividades económicas, sosteniendo que la industria no podía subsistir sin el concurso de la agricultura y la ganadería:
el campo se vale necesariamente de la industria; sin ella no podría haber alcanzado los elevados niveles de calidad que caracterizan la producción agrícola ganadera. La mecanización como parte importante de la tecnificación es esencial en las explotaciones agropecuarias y, recíprocamente el agro tiene significativa influencia en la actividad fabril porque es uno de los principales consumidores de productos industria-les, le provee de materias primas al par que es el principal generador de divisas que la industria requiere para su crecimiento. (Peralta Ramos, 1978, p. 424).
Peralta destacaba que a estas voces críticas se unieron, durante los primeros meses de 1974, las de los representantes del pequeño y gran capital comercial. Al mismo tiempo, y de manera mucho más elocuente, comenzaron a sucederse las manifestaciones de descontento obrero, que −por fuera de las conducciones sindicales− cuestionaron de manera cada vez más aguda los objetivos del Pacto Social en el plano económico, pero también en el político e ideológico. La movilización de los trabajadores concitó el apoyo de los sectores asalariados como de las diversas fracciones de la pequeña burguesía. Así había quedado finalmente desnudo el cometido fundamental del proyecto de poder ensayado por Perón en su retorno al país; la búsqueda de una “conciliación obligatoria” de clases a fin de permitir la ofensiva de la fracción más poderosa de la burguesía industrial, cuyas limitaciones no hicieron más que agravarse tras el fallecimiento del presidente:
la represión económica, política e ideológica de los intereses obreros, inherente al Pacto Social, queda totalmente al desnudo a través de una política salarial que, manejada por los más conspicuos dirigentes sindicales, acarrea un deterioro sin precedentes en el salario real de la clase trabajadora, y a través de una represión parapolicial dirigida por el hombre fuerte del nuevo gobierno, se ensaña particularmente con los activistas obreros. Por otra parte, la imposición coercitiva de los intereses inmediatos de la fracción más poderosa de la burguesía habría de acarrear una crisis que se ensañaría particularmente con las fracciones más pequeñas del capital. (Peralta Ramos, 1978, p. 440)
Esto era lo que se discutía en la coyuntura luego de la muerte de Perón y el alejamiento de Gelbard a fines de 1974. Durante la presidencia de María Martínez, el poder quedó en manos de los grupos de derecha nucleados en torno al poderoso ministro de Bienestar Social, José López Rega. El contexto económico-social vira-ría de manera brutal al presentarse los problemas estructurales manifestados en el déficit externo y la dinámica inflacionaria. Los cambios políticos planteados a partir de entonces supusieron el definitivo abandono del programa de Gelbard y de cualquier esperanza de los grupos de izquierda de incidir en el rumbo de un menguante gobierno peronista.
Conclusiones
El programa económico que desplegó el peronismo a partir de mayo de 1973 contenía una serie de definiciones relativamente consensuadas con los dirigentes políticos y la intelectualidad económica dominante hacia comienzos de los años setenta, aún con sus énfasis y matices particulares. El programa contemplaba una clara propuesta tendiente a profundizar la industrialización sobre la base de empresas nacionales (grandes y pequeñas) de forma tal de resolver los problemas de estrangulamiento y escasez de divisas que habían impedido previamente alcanzar el crecimiento económico sostenido. Los mecanismos e instrumentos destinados a estimular el consumo, el avance de la sustitución, las exportaciones industriales y la producción rural tenían ese objetivo. Se trataba de un programa reformista den-tro de un esquema capitalista que criticaba los procesos de “extranjerización” de los años anteriores. De allí que el Estado se reservara un rol preponderante para con-tener el avance de las empresas extranjeras y apoyar a las nacionales en esa búsqueda.
Para algunos sectores de izquierda ese programa era a todas luces insuficiente, principalmente porque no se proponía como horizonte el socialismo, y por-que la orientación estaba definida principalmente por un sector social (los empresarios nacionales) que no estaban dispuestos a ir allende sus intereses de clase. En otras palabras, el contenido social del Estado limitaba las posibilidades de una construcción estratégica no capitalista. Más allá de un discurso que sonaba como radicalizado, se trataba de una propuesta tendiente a atenuar la lucha de clases (que no era otra cosa, en definitiva, la esencia política del peronismo). Mas temprano que tarde, cuando las circunstancias lo ameritasen (por avance de la izquierda o de la derecha) la coalición burguesa hegemónica en el gobierno no vacilaría en arriar esas banderas y dar marcha atrás con las reformas de tintes, solo en apariencia, socialistas.
En este sentido, el Plan de Gelbard develó un callejón sin salida para los sectores políticos e intelectuales vinculados al pensamiento económico de izquierda (peronistas y no peronistas) en tanto su búsqueda estaba guiada por la consecusión del socialismo. El afinado debate de los años sesenta −que se había expresado en clave dependentista, fundamentalmente− colisionó con una experiencia que pretendía tomar sus consignas y canalizarlas a través de un programa de gobierno. La aporía exacerbó la discusión y la crítica por parte de aquellos intelectuales con formación marxista, y quedó entonces expresada en valiosas intervenciones con alto grado de sofisticación. La caída de ese proyecto capitalista-reformista luego de la muerte de Perón (particularmente con la aplicación del “rodrigazo”), y su obturación definitiva tras el golpe cívico-militar de marzo de 1976, quedaría reflejada (como espejo invertido) en una languidez de escritos y debates por parte de la izquierda en los años siguientes. Esas intervenciones no volverán a alcanzar el fulgor des-plegado en esta coyuntura, no solo como consecuencia de la represión política, cultural y física sufrida, sino también por las transformaciones estructurales que pronto se sucederían en la economía argentina.
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3.Apoyándose en las encíclicas papales, particularmente la Quadragesimo Anno de Pío XI, Cafiero dirigía sus críticas contra la corriente que llamaba “neoliberalismo” y buscaba al mismo diferenciarse claramente del “co-lectivismo” (Rougier y Sowter, 2024).
4.“Nuestra crisis y sus causas”, reproducido en CGE, Memoria y Balance, 1973, p. 43.
5.CGE-CGT, solicitada en La Opinión, 10 de septiembre de 1972.
6.Aún poco antes de asumir como ministro de economía en 1975, Cafiero afirmaría: “nosotros no concebimos la propiedad privada de los medios de producción sin el aditamento de una función social que le es inherente que resume, y que de alguna manera, resuelve la contradicción ideológica de nuestro tiempo ¿Qué queda de las te-sis dialécticas que abogan por la socialización de los medios de producción cuando nosotros afirmamos que más que la socialización de los medios lo que interesa es la socialización de los fines? Si la empresa cumple un fin social, poco importa si es detentada por el poder del Estado o si es detentada por la iniciativa privada o por el capital privado” (Clarín, 30 de noviembre de 1974).
7. Juan Perón, discurso pronunciado en la sede de la CGT el 30 de julio de 1973. Reproducido en CGE, Memoria y Balance, 1973, p. 71.
8.Reproducido en CGE, Memoria y Balance, 1973, p. 71.
9. “Nuestra crisis y sus causas”, reproducido en CGE, Memoria y Balance General, 1973, p. 57.
10. “Nuestra crisis y sus causas”, reproducido en CGE, Memoria y Balance General, 1973, 57.
11.D’Adamo era un ingeniero forestal con formación socialista que había ocupado la Secretaría Técnica de la Presidencia en el final del gobierno de Frondizi. Ha sido signado como el verdadero “cerebro” del programa eco-nómico peronista (Leyba 2003).
12.Uno de los artífices del programa de 1973 señalaría mucho después al trabajo de Chenery como representa-tivo del núcleo teórico del pensamiento del equipo económico (Leyba, 2003, p. 16).
13.Ministerio de Economía, Boletín Semanal, 11. 4 de enero de 1974, 7.
14.Finalmente, la ley estipuló que las inversiones debían radicarse en actividades y zonas determinadas por el Ejecutivo y no generar el desplazamiento de empresas de capital nacional, entre otros requisitos.
15. “Documentos: Vassallo sobre política industrial”, Mercado, 30 de abril de 1975.
16. Perón utilizaba el término “socialismo nacional” desde tiempo atrás, pero algunas de las escasas precisiones que dio sobre él lo hacían más cercano al socialismo nacional propugnado desde la derecha por el Comando Tecnológico dirigido por el teniente Julián Licastro.
17. La Tendencia Revolucionaria estaba conformada por distintas agrupaciones políticas con lazos con Monto-neros e identificadas con el peronismo revolucionario y el socialismo nacional: la Juventud Peronista Regional, el Movimiento Villero Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud de Trabajadores Peronistas, la Unión de Estudiantes Secundarios y el Movimiento de Inquilinos Peronistas.
18.Vidaña reivindicaba explícitamente el programa socialista de Duejo (1971). Duejo era el seudónimo de Eduardo Jorge, quien había escrito sobre la historia de la industria y en 1973 bajo seudónimo, el libro El capital monopolista y las contradicciones secundarias en la sociedad argentina. En ese trabajo plantea que no solo hay que analizar la contradicción principal, es decir la disputa entre “el imperialismo, el capital monopolista y los viejos sectores oligárquicos” contra “el pueblo argentino, cuyo núcleo polarizador y hegemónico es la clase obrera”, sino también las contradicciones secundarias, es decir las fracciones de clase y sus relaciones y los in-tereses que representa cada una. De esta manera. Jorge estableció tres contradicciones secundarias. La pri-mera enfrenta al capital monopolista nacional y extranjero a los sectores empresarios medios. La segunda, al interior colonizado con la metrópoli del puerto de Buenos Aires. Por último, la contradicción entre el capital euro-peo y el estadounidense en su lucha interimperialista.
19.Vidaña, Junto a otros diputados de la Tendencia renunció a su banca por oponerse a la reforma del Código Penal propuesta por el Ejecutivo a comienzos de 1974 destinada principalmente a reprimir el accionar subversivo y fue expulsado del Partido Justicialista; días después, con la caída del gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, fue encarcelado y torturado. Al mismo tiempo, el economista Oscar Sbarra Mitre (decano de la FCE-UBA en 1973 durante el rectorado de Puiggrós) también críticó al gobierno peronista retomando los argumentos tanto de Duejo como de la Regional 1 de la Juventud Peronista para expresar que el “Pacto Social no refleja correctamente lo que debe ser una alianza de clases antiimperialista auténtica. Y no lo hace porque es un acuerdo entre la burguesía y niveles no representativos de la clase trabajadora” (“Economía: Liberación o de-pendencia”, Los libros, 33, enero-febrero de 1974, 5).
20.Oscar Braun había estudiado economía en la Universidad de Buenos Aires y en 1965 viajó a Inglaterra, don-de hizo estudios de posgrado en Oxford y Sussex. Al regresar a la Argentina tres años más tarde se desempeñó como docente en Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca y como investigador en el IDES y el ITDT, entre otros centros académicos. En los siguientes años, publicó varios trabajos sobre la economía argentina, el intercam-bio desigual y de teoría económica con un enfoque heterodoxo que combinaba el estructuralismo cepalino, los debates sraffianos, conceptos marxistas y dependentistas, así como ideas de filiación post-keynesiana. A pe-sar de provenir de una de las grandes familias terratenientes del país, se vinculó al peronismo revolucionario desde finales de los sesenta (Peronismo de Base-Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros, Peronismo en la Resistencia). Por su militancia política Braun debió exiliarse hacia 1975 y fue reclutado por Samir Amín en el Instituto Africano para el Desarrollo Económico y la Planificación de la ONU en Senegal.
21.Braun utilizaba ahora la expresión “gran burguesía nacional” en vez de “seudo burguesía” para referirse a la fracción de clase encabezada políticamente por Gelbard, que incluía mayoritariamente a los “chocolatineros” pero en cuya cúpula se encontraban las grandes empresas monopolistas.
22.Ciafardini se había recibido de Contador Público en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1963 y luego continuó su formación en economía en Europa, donde se vinculó a François Perroux, Charles Bettelheim y Mi-chał Kalecki. De regreso al país se incorporó al Partido Comunista Revolucionario de orientación maoista y ocupó diversos cargos, tanto de investigación como de docencia, en la Universidad Nacional del Sur y en la Universidad de Buenos Aires. A partir de 1974, por las intervenciones de las universidades públicas, fue despla-zado de sus cargos y se incorporó al Consejo Federal de Inversiones.
23. Economía: Liberación o dependencia, Los libros, 33, enero-febrero de 1974. 4-17.
24. El seudónimo había sido utilizado con anterioridad por el intelectual trotskista Milcíades Peña en diversos trabajos publicados en la revista Fichas; en algunos de ellos había participado Jorge Schvarzer. Schvarzer se había recibido de ingeniero en 1962. Obtuvo una beca de posgrado para realizar una especialización en ingenie-ría ferroviaria y luego otra de la embajada de Japón para estudiar los ferrocarriles en ese país. En 1970 fue invitado por una oficina técnica del gobierno francés especializada en planes de transporte. En París se involucró con grupos marxistas y se compenetr del debate sobre la dinámica del capitalismo contemporáneo, que proliferaba por esos años. A partir de aquellas inquietudes escribió un conjunto de trabajos que fueron publicados luego bajo el seudónimo de Víctor Testa, con el que pretendía preservar la tradición intelectual de su maestro (muerto en 1965), un libro sobre las formas de penetración de las empresas multinacionales, un “trabajoso borrador de discusión” sobre el imperialismo y sus consecuencias para el desarrollo de los países atrasados y también una crítica a las tesis de Arghiri Emmanuel sobre el intercambio desigual. Regresó al país a mediados de 1972 y se incorporó como profesor en las cátedras de Problemas económicos y Economía industrial en la Facultad de Ingeniería (UBA), donde a partir de la vuelta de la democracia desempeñó el cargo de director del Departamento de Economía y Organización (fue echado en septiembre de 1974 con la intervención de Alberto Ottalagano).
25. Lo novedoso del análisis estructural era que además de definir al imperialismo y a la burguesía nacional como sectores dominantes, Testa también incluía los intereses y trayectorias de otros actores sociales: la burocracia sindical, los funcionarios estatales, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas.
26. Peralta Ramos había nacido en el seno de una familia de opulentos terratenientes bonarenses, pero buscando una formación con perspectiva crítica en 1964 ingresó a la reciente carrera de Sociología en la UBA, donde tuvo como profesor a Gino Germani. Comenzó a militar entonces en una agrupación socialista −el “Partido de las verdades populares”− y a la par de su lectura de clásicos como Max Weber y Marx, comenzó a interesarse por los escritos de los economistas estructuralistas latinamericanos. En 1968 egresó de la facultad y fue contra-tada al año siguiente por la Fundación Bariloche. Casi de inmediato consiguió una beca para realizar estudios de posgrado en Francia para realizar un doctorado en sociología bajo la dirección de Alain Touraine. Regresó al país en 1972 e ingresó al CONICET bajo dirección de Francisco Suárez. También ese año publicó su tesis bajo el título: Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina, 1930-1970. Allí propuso una relectura del proceso de industrialización argentino que -retomando en parte la interpretación lanzada por Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, como también los análisis de Braun, Aldo Ferrer y de Guido Di Tella, identificaba tres momentos de la acumulación de capital en el país desde 1930 hasta 1970. En 1978 salió publicada una versión más extensa que incorporaba un capítulo adicional con el análisis del período 1970-1974; esta es la versión que citamos en este trabajo.
27. Economía: Liberación o dependencia, Los libros 33, enero-febrero de 1974, 14.
28. Significativamente, dentro de los pocos trabajos que citaba Peralta Ramos se encontraba el de Testa (1975), en particular para sustentar su crítica a la política de nacionalización de los depósitos bancarios.